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18/2/14

Que pasa en España y porqué tiene que pasar

Se ruega máxima difusión

 Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

           Si usted, lector, no está indignado es que no sabe qué está pasando en su país. Seguro que es consciente de que la situación económica y social del país no está yendo bien. En realidad,  está yendo muy mal. El desempleo ha alcanzado niveles récord en la Unión Europea y en España.

             Y las agencias internacionales más fiables dicen que la economía española no alcanzará los niveles de desempleo que tenía antes de que se iniciara la crisis hasta veinte años (sí, ha leído bien, veinte años a partir de ahora). Y puesto que el desempleo juvenil es el doble del general, estos pronósticos quieren decir que estamos quemando nuestro futuro, pues muchas generaciones jóvenes estarán en una situación desesperada, habiendo sido convertidas en inservibles.

             Esta situación de los jóvenes está también afectando negativamente al futuro de la Seguridad Social, contradiciendo, por cierto, el famoso argumento de que el problema de las pensiones es que hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes. La falacia de este argumento queda claramente al descubierto en la crisis actual. El problema de las pensiones no es que no haya jóvenes sino que no hay trabajo para ellos. Este es el problema que el famoso argumento catastrofista basado en la transición demográfica oculta.

           Esta crisis ha sido consecuencia de unas políticas públicas llevadas a cabo por gobiernos bajo el mandato de instituciones altamente influenciadas por la banca, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Se lo digo yo, que soy Catedrático de Políticas Públicas y he visto muchos casos antes, en otros continentes, que experimentaron crisis muy semejantes. En realidad, a finales del siglo XX, Latinoamérica sufrió una situación muy parecida.

          Estos bancos que tienen una enorme influencia política (muy, pero que muy marcada en España, donde el gobierno Rajoy es un mero instrumento de la banca), están forzando e imponiendo políticas que son la causa de la crisis.

             Cito solo un detalle. El gobierno Rajoy está recortando y desmantelando el Estado del Bienestar de España (lo mismo ocurre en Catalunya con el gobierno de Artur Mas), recortando y recortando gasto y empleo público a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Estos recortes están contribuyendo a destruir empleo y bajar la demanda que debería estimular la economía. Ahora bien, a pesar de los recortes, la deuda pública española continúa subiendo y subiendo, ascendiendo ya a 664.000 millones de euros (lo cual es mucho dinero). Usted y yo pagamos los intereses de esta deuda, que representa ya el segundo capítulo del presupuesto del Estado después de la Seguridad Social.

             Este dinero suyo y mío va a los bancos que han comprado esta deuda. Hoy los bancos españoles tienen casi la mitad de esta deuda, 299.000 millones. La pregunta que debe hacerse es: ¿Y de dónde saca el banco el dinero para comprar la deuda? Pues, mire usted, por mucho que le sorprenda, procede de préstamos públicos. Cada año los bancos españoles piden prestado dinero al Banco Central Europeo, BCE, una institución pública (que no funciona en realidad como un banco central, sino como un lobby de la banca), a unos intereses bajísimos, menos del 1%. El BCE se lo presta para que los bancos se lo presten a usted y a mí, y a las pequeñas y medianas empresas, y así se resuelva el enorme problema de falta de crédito que ha paralizado la economía.

           No sé si usted ha intentado conseguir un préstamo de la banca. Si lo intenta, verá que no es fácil. ¿Y, por qué no es fácil, si reciben tanto dinero del BCE? La respuesta no es difícil de ver. Los bancos ganan mucho más dinero comprando deuda pública a unos intereses muy altos (que el discurso oficial indica que el Estado necesita ofrecer para que los Estados puedan conseguir prestado dinero de los bancos), de un 4%, 6%, o incluso 13%. Imagínese el chollo que significa que reciban dinero a menos del 1% y con ello compren bonos que les generan una cantidad de dinero muchas veces mayor que la que pidieron prestada del BCE. ¿Se da cuenta?

            Y, sepa usted, que los banqueros en España están entre los mejor pagados de la Unión Europea. Y los bancos más importantes de España han estado entre las empresas con mayores beneficios. Si después de leer todo esto no se ha indignado, es que no me he explicado bien.

         Pero si me ha entendido bien, entonces prepárese para incrementar su nivel de indignación, pues todo esto es totalmente innecesario. Todo este enorme sufrimiento, incluido el elevado desempleo, es totalmente evitable. Es, repito, innecesario y dañino y existe única y exclusivamente para el beneficio primordialmente de la banca. La solución a esta situación es extremadamente fácil. El BCE debería prestar el mismo dinero, no a la banca privada, sino a los Estados, y dejar que estos lo ofreciesen a usted, a mí y a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tipo de interés que el Estado lo recibe del BCE. Mire que fácil.

           Y usted preguntará ¿Y por qué no se hace así? Pues porque la banca tiene un enorme poder sobre el BCE, sobre las instituciones que gobiernan la Eurozona, sobre el gobierno español y, no lo olvide, sobre los medios de información y persuasión. Y un ejemplo de ello es que este artículo que ha estado leyendo no se publicará en ninguno de los cinco rotativos más importantes del país. De ahí que le sugiera que lo distribuya ampliamente entre amigos y familiares, porque la escasísima democracia que tenemos tiene que cambiarse y ello empezará por tener una ciudadanía informada, que es lo que no tenemos.

11/4/13

Porqué la dación en pago vacunaría a los bancos contra futuras burbujas inmobiliarias

gráfico: rtve.es
    Macroeconomía

Si la normativa hipotecaria española hubiera contemplado la dación en pago no hubieran quebrado la mayoría de las cajas de ahorros (banca pública), aunque hubieran tenido los mismos directivos y gestores sin escrúpulos, sencillamente porque no habrían dado los créditos tan alegremente. Según datos del tercer trimestre de 2012, los impagos de hipotecas alcanzaron los 20.818 millones de euros, lo que equivale a más de la mitad del rescate bancario que todos los españoles estamos respaldando vía deuda del Estado (40.000 millones).
Los banqueros sabían que detrás de las cajas de ahorros estaban los contribuyentes y que, si quebraban, las pérdidas serían nacionalizadas, como así ha sucedido; pero ahora de lo que se trata es de que eso no vuelva a suceder; y no sólo eso, sino tampoco que decenas de miles de familias sean dejadas en la calle por no poder pagar la hipoteca, muchas veces después de haber sido despedidos como consecuencia de las medidas de ajuste (reforma laboral, despido de empleados públicos, recortes en sanidad, educación, etc.) tomadas por el Gobierno, precisamente para obtener del Banco Central Europeo los fondos con que reflotar a las mismas entidades que los han acabado desahuciando.
Porque la cruel realidad es que también los expulsados de sus viviendas están financiando, en la parte que les corresponde como contribuyentes y consumidores que pagan el IVA y otros impuestos, el rescate del sistema bancario español, incluidos los bancos considerados fuertes porque también ellos han traspasado sus activos inmobiliarios tóxicos al llamado banco malo o Sareb, que es una forma de que las entidades financieras recuperen miles de millones enterrados en créditos fallidos, suelo y ladrillo a costa del erario público.
La dación en pago garantizaría a la banca que no volvería a crear otra burbuja inmobiliaria y a los ciudadanos que no tendríamos que volver a rescatarla por ese motivo
En cambio, la dación en pago es una medida vigente en otros países europeos y en Estados Unidos, una posibilidad que está generalmente acompañada de una amplia batería de ofertas para evitar la dación en pago, de modo que ésta quede en la práctica como el último recurso.
El Congreso español tiene, ahora que está tramitando la modificación de la Ley Hipotecaria, la oportunidad de incluir la dación en pago, aunque el Partido Popular, con mayoría absoluta en la cámara, no está por la labor argumentando que pondría en peligro el negocio de los bancos y dificultaría (aún más) la concesión de préstamos hipotecarios. Pero es un razonamiento sin fundamento, como veremos a continuación, que en realidad esconde un intento de evitar el desplome del precio de la vivienda y que defiende claramente al capital especulativo. Porque a mi, como propietario de mi vivienda habitual, me es indiferente que ésta tenga un valor de mercado de 40 o de 80, porque necesito vivir en ella y no la voy a vender. Y si, por la razón que sea, tengo que trasladarme de ciudad siempre será mejor que los precios de la vivienda sean asequibles en todos los sitios, aunque me den menos por la venta de mi casa.
Obviamente, si existiera la posibilidad de dación en pago en caso de impago de la hipoteca, un comercial bancario velaría por que el precio se ajustara al valor real de la vivienda y no se alejara mucho de la cuantía del préstamo (por si tuviera que quedarse con ella si venían mal dadas), y se aseguraría mucho más de la solvencia del comprador (lo cual dificultaría hipotecarse a todo el mundo, es cierto, pero ello daría un impulso al mercado del alquiler de vivienda).
En definitiva, las inmobiliarias (las más importantes son propiedad de la banca) venderían más barato, pero posiblemente más inmuebles, y las tasadoras (hasta ahora fuertemente vinculadas a las entidades financieras) bajarían los precios para que los bancos no se quedaran con pisos sobrevalorados en caso de ejecución hipotecaria.
En cuanto a los bancos, tampoco perderían tanto con la dación en pago porque, en el peor de los casos, las hipotecas impagadas sólo suponían el 3,4% del saldo hipotecario en el tercer trimestre de 2012 (20.818 millones sobre un total de 597.181 millones prestados). Y en ese 3,4% están incluidos créditos a los que no se puede aplicar la dación, como terrenos, viviendas de segunda residencia o locales. A cambio, la dación en pago garantizaría a la banca que no volvería a crear otra burbuja inmobiliaria y a los ciudadanos que no tendríamos que volver a rescatarla por ese motivo.
Todos ganaríamos… excepto los profesionales de la compra-venta, desde los antiguos corredores de pisos hasta las inmobiliarias, los especuladores y los notarios (y en menor medida los registradores) en la parte que les afecte por la disminución del número y frecuencia de las transacciones.
El Gobierno debe incluir la dación en pago retroactiva en la nueva Ley Hipotecaria para reparar el daño causado a las decenas de miles de familias desahuciadas injustamente en aplicación de una Ley Hipotecaria parcialmente anulada por el derecho europeo

Pero como en la legislación hipotecaria española no sólo no está contemplada la dación en pago sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha encontrado en la misma importantes disposiciones ilegales en relación con las directivas europeas y abusivas (incumpliendo una directiva de 1993 sobre contratos con consumidores), el Parlamento debe ahora corregir la ley y, lo que es aún más importante, reparar el daño causado a las decenas de miles de familias desahuciadas injustamente en aplicación de una Ley Hipotecaria que en parte no se ajusta al derecho europeo.
Y en esa reparación debe figurar la dación en pago, incluyendo a quienes ya perdieron su casa y aún les reclama dinero el banco, de modo que esas deudas desaparezcan con la dación y los bancos paguen la parte de riesgo que les corresponde en un mercado libre. Porque, además, sus pérdidas en el ladrillo ya las estamos sufragando todos con el rescate bancario y el banco malo.
Con esta entrada muestro mi apoyo y solidaridad con los afectados por los desahucios y con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha lanzado la campaña PrimaveraVerde para hacer frente al intento de desprestigio por parte del PP, apoyar las medidas de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios; así como para decir alto y claro que “¡Sí Se Puede!”.
Este llamamiento incluye un vídeo, titulado ‘Mensaje a los votantes del PP’, en el que han puesto sus rostros y palabra decenas de afectados y colaboradores. La PAH pide a los votantes del PP que no se crean la campaña de descrédito lanzada por el Gobierno:
No somos “el enemigo”, sino las víctimas de la crisis y de la gran estafa hipotecaria que se ha dado en este país a raíz de la burbuja inmobiliaria. Las víctimas que nos hemos tenido que organizar desde abajo para hacer frente a esta injusticia.
La PAH es un movimiento plural y transversal.
En la PAH llevamos más de cuatro años luchando por los derechos fundamentales, superando bandos y diferencias ideológicas, e invitamos a que todos hagamos visible el apoyo a las medidas de la ILP sumándonos a la campaña ‘PrimaveraVerde’.


 
Gráficos: rtve.es, El Captor, El País
Vídeo: PAH

25/3/13

FACUA denuncia las cláusulas suelo ante las 17 comunidades autónomas y exige sanciones contundentes

Fuente: Facua

Presenta denuncias contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caja Rural del Sur y Banco Popular. Prepara acciones contra otras entidades.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado las cláusulas suelo de las hipotecas ante las diecisiete comunidades autónomas.
La asociación exige sanciones proporcionales a las dimensiones de las irregularidades cometidas por la banca con esta cláusula abusiva y los beneficios económicos que le viene reportando al impedir que los usuarios se hayan beneficiado de las bajadas del euríbor.
FACUA ha remitido una primera batería de denuncias a las diecisiete autoridades de consumo autonómicas contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caja Rural del Sur y Banco Popular.
La asociación, que prepara acciones contra otras entidades, invita a los usuarios a que le aporten copias de sus contratos hipotecarios para contribuir a ampliar el número de bancos denunciados.
Les pide que asuman sus competencias
En las denuncias, FACUA reclama a las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, declaren abusivas las cláusulas suelo, insten a los bancos al cese de las prácticas y la devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios y apliquen sanciones contundentes.
FACUA argumenta la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuariosl aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Ya en 2009, la asociación pidió al Instituto Nacional del Consumo (INC) que actuase contra estas cláusulas, pero el organismo se desentendió del asunto derivándolo al Banco de España, que no puso objeción a su aplicación con el argumento de que eran el resultado de una supuesta negociación entre el usuario y la entidad bancaria. Fue uno más de los muchos casos en que los organismos competentes miraron hacia otro lado ante los abusos financieros.
Han impedido beneficiarse de las bajadas del euríbor
Un altísimo porcentaje e los préstamos hipotecarios a interés variable concedidos en los últimos años incoporan una cláusula por la que se establece un interés mínimo a aplicar (ver estudios de FACUA de 2010 y 2011). Esto viene impidiendo que al revisarse anualmente el tipo aplicable se tome como referencia el euríbor más el diferencial que aparecen en el contrato si están por debajo del suelo.
Frente a esta cláusula suelo, las entidades financieras o bien no incluyen como contrapartida un tipo de interés máximo o cláusula techo, o ésta sí aparece en los contratos pero implica un tipo de interés desproporcionadamente alto, que en ningún caso se ha alcanzado teniendo en cuenta la evolución del euríbor en los últimos años y los diferenciales incluidos en las hipotecas.
FACUA argumenta en sus denuncias que las citadas cláusulas suelo han sido impuestas por las entidades financieras en sus contratos de préstamos hipotecarios sin que el usuario tuviese capacidad de negociación al respecto, con el claro objetivo de beneficiar al banco, introduciendo una clara situación de desequilibrio entre el prestador del servicio y el usuario.
Prueba de la ausencia de buena fe por parte de los bancos es que el techo establecido en los contratos que lo incluyen no es en ningún caso proporcional al suelo. Para que lo fuese, en el momento del contrato la diferencia a la baja entre el suelo y el euríbor más el diferencial tendría que haber sido la misma que la diferencia al alza entre éste y el techo.
Por qué son abusivas
En sus denuncias, FACUA recuerda que en estas cláusulas se producen los tres requisitos que para ser consideradas abusivas establece el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: que no exista negociación individual, que se produzca en contra de la buena fe un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes y que las circunstancias concurrentes en el momento de la firma del contrato así como todas las demás cláusulas del mismo lleven a esta conclusión.
El apartado 4 del artículo 82 de la citada ley, referido a la lista de cláusulas abusivas recogida en los artículos 85 a 90 del mismo, plantea que "en todo caso son abusivas", entre otras, las que "resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato", recuerda la asociación.
Asimismo, las citadas cláusulas también pueden encuadrarse en el supuesto que contempla el apartado 5 del artículo 87 de la ley, referido a las cláusulas abusivas por falta de reciprocidad: "son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario".
Por su parte, FACUA señala que la directiva europea sobre cláusulas abusivas establece en su artículo 7 que los Estados miembros deben velar por que las organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan acudir a los órganos administrativos competentes "con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación".

 

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