• Sabía usted que el Registro Civil es un Registro público y gratuito desde su creación en el año 1870?
• Sabía usted que el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón,
quiere privatizarlo y que sean los Registradores de la Propiedad los que
lleven el Registro Civil?
• Sabía usted que, si sucede tal cosa, tendrá que pagar como mínimo
entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de
defunción…
• Sabía usted que las aplicaciones informáticas del Registro Civil
costaron a todos los españoles unos 130 millones de euros, y que se
pondrán gratuitamente a disposición de los Registradores de la
Propiedad?
• Sabía usted que los funcionarios que llevan el Registro Civil
continuarán en los Juzgados, por lo que la medida no supondrá ningún
ahorro?
• Sabía usted que el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos y la nuera de Gallardón son Registradores de la Propiedad?
• Sabía usted que el lobby registral de los hermanos Rajoy ya había
reclamado al anterior Gobierno la entrega de la llevanza del Registro
Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otro negocio
privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad?
• Sabía usted que el número de Registradores de la Propiedad de toda España no llega a 800?
• Sabía usted que los Registradores de la Propiedad prestan un servicio
público en régimen de monopolio y perciben sus retribuciones
directamente de los usuarios privados o públicos?
• Sabía usted que el beneficio industrial de los registradores en cada
uno de sus registros es del 60% y que con la asunción del Registro
Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 800 registradores de la
propiedad se acercaría a los 180 millones de euros más al año?
• Sabía usted que esos 180 millones los pagaríamos los ciudadanos en forma de arancel registral?
• Sabía usted que en toda Europa los registradores son asalariados del Estado?
• Sabía usted que la legislación hipotecaria que aprobó el propio
Mariano Rajoy siendo Ministro de Administraciones Públicas del Gobierno
Aznar, legitimó la posibilidad de que un Diputado o un Ministro pueda
seguir siendo titular del Registro de la Propiedad teniendo a un
compañero que le “lleva” el Registro mientras él está en la política?
• Sabía usted que, según denuncia la Asociación de Usuarios de
Registros, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que
le ha procurado unos 20 millones de euros (más de tres mil trescientos
millones de pesetas)?
¿Qué se esconde detrás de la privatización de la sanidad Pública?
El doctor Victor Gutiérrez Millet que fue jefe de nefrología del hospital 12 de Octubre, habla sobre las trampas que está usando el gobierno de Madrid para privatizar la sanidad pública. Fue uno de los médicos que debían haber estado hasta los 70 años por contrato y que de repente fueron cesados, jubilados o despedidos del cargo de un día para otro. Todo gracias a la impresentable plana mayor de dirigentes mafiosos que tenemos en la Comunidad de Madrid.
No tiene desperdicio y es fantástico para profundizar y aprender sobre el tema de la sanidad y su problemática actual. Sobre todo viniendo de un esperto que lleva 40 años ejerciendo
También es curioso como él mismo en otras entrevistas se define como de derechas y votante del PP, para que no haya dudas en cuanto que podría ser un topo de la oposición que quiere fastidiar al PP, lo cual le da mucho mas valor a sus apreciaciones sobre la estafa sanitaria. En otras declaraciones suyas ha dicho que hay que hacerles perder las próximas elecciones y desprivatizar o expropiar la sanidad, ojo dice "expropiar".
Hay que reconocer que han hecho un mal negocio con él, ya que no para de dar charlas, conferencias y escritos a favor de la sanidad pública y a su vez en contra del PP madrileño, al que tilda no de derecha sino de ultraderecha que solo piensa en beneficios privados y no en la salud de los pacientes.
El vídeo dura unos 30 minutos pero merece la pena
¿Quién se puede creer que un tren de última generación como es el Alvia y que costará 20 millones de Euros o más, y porque el maquinista se despiste, se duerma o le de un infarto, ese tren ya no haya forma de pararlo y entre en la estación de Santiago o de Ferrol a 200 km/h y solo porque el maquinista no ha frenado?
No seamos simples en un caso que se ha saldado con 78 fallecidos y mas de 100 heridos, algunos muy graves. No nos dejemos manipular por una clase política que solo busca ahorrar gastos a costa de la seguridad o de lo que haga falta.
Ese tren tenía que haber bajado la velocidad bastante antes de la curva, o por medio del maquinista o por medio de los sistemas automáticos que están implementados. ¿Qué ha pasado? Sencillo, estas medidas de seguridad que existen para paliar esto y que son el ASFA y el ERTMS no han funcionado. La comisión de investigación tendrá que evaluar como ha sucedido esto y porqué. Si ha sido por falta de mantenimiento, sabotaje u otra cosa. Pero lo que no puede hacerse es cargar la culpa contra el maquinista exclusivamente.
Para ilustrar todo esto vean el video siguiente
¿Porqué esa campaña del ABC diciendo que el conductor alardeaba de correr. Se creeen que un maquinista es un estúpido pijo que se ha comprado un Ferrari y alardea ante sus amistades?
¿Porqué el presidente de Adif, sale diciendo que el maquinista tenía que haber frenado antes? Este último es un cargo político puesto a dedo. ¿Que va a decir?
Están intentado tapar lo que es evidente. El tren tenía que haber frenado solo aunque vaya sin maquinista.
El maquinista va de apoyo para cualquier incidencia que pueda declararse a bordo y que no se detecte por los sistemas automáticos.
Probablemente como dicen en el vídeo nadie saldrá responsable de ninguna deficiencia en el mantenimiento y echarán la culpa al maquinista. Igual que en el metro de Valencia.
Ahora solo falta que aplicando la doctrina del shock, terminen de privatizar la Renfe
¿Vostros os imaginais, que a un presidente, a una presidenta, del
partido popular, en una comunidad autonoma, se hubiera sabido que ellos,
o su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o
han evadido o se han quedado con dinero que no era de ellos y que se
hablara de cuentas corrientes en Suiza?
¿A que yo ya habria tenido que dimitir?
Sí, Sra Cospedal, Ud tendría que dimitir pero como no tiene vergüenza ni responsabilidad política alguna, pues resulta que Ud no ha dimitido. Ni Ud, ni Rajoy, ni nadie de su partido.
Son una carga para España difícil de soportar, ya que están privatizando lo que no se puede ni debe privatizar. Están empobreciendo España para dársela a sus amigos. Luego estos amigos corresponderán con algúna asesoría o puesto en los consejos de administración de su empresa. Eso sí, todo esto esta llevado a cabo con burdas mentiras, manipulaciones y engaños a la ciudadanía.
Si todavía hay un 30% que les votaría es porque a mucha gente la manipulación mediática les tiene adormecidos y el resto están a dedo en sus feudos y por lo tanto no muerden la mano que les da de comer.
Esto se llama sistema clientelar o simplemente caciquil. Esto le ha encantado siempre al PP. Los de arriba, los señoritos, compran a los de abajo como si fueran esclavos, pero todo en un contexto seudo democrático, que de democracia no tiene absolutamente nada.
Simplemente recordarles que para la historia de España, quedarán Uds y su partido retratados como lo más retrógrado y falto de nobleza que ha habido desde el año 1977. (Desde la supuesta democracia y Constitución que hay que cambiarlas lo antes posible)
Realmente son indignos de gobernar
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPIO SANIDAD SL, consejero delegado y accionista del entramado Capio en el Estado español. Responsable, cabeza visible y ejecutor de la política privatizadora de la sanidad pública.
Víctor Madera es el
De origen asturiano, tiene 51 años. Vive entre Madrid y Londres, donde actualmente tiene fijado su domicilio fiscal, lo cual resulta curioso, pues el pago de impuestos allí es mucho menor con respecto a lo que tendría que pagar si su domicilio fiscal radicara en Madrid.
Su patrimonio ha disfrutado de un vertiginoso aumento al amparo del entramado Capio y de fuertes operaciones especulativas por las que ha ganado millones de euros. Las remuneraciones que percibe como consejero del entramado Capio superarían escandalosamente el salario del presidente del gobierno.
2. A través de un entramado de sociedades es propietario de numerosos inmuebles destinados a la especulación. La mayoría de ellos son antiguos palacios declarados bienes de interés cultural de gran valor histórico en Asturias. El hecho de que su socio Celso González haya comprado recientemente la cadena hotelera Grupo Playa Sol (intervenida tras la detención hace meses de su propietario Fernando Ferré) sumado al hecho de que los palacios permanezcan cerrados y sin actividad alguna podría sugerir la posibilidad de que Víctor Madera, a través de la empresa Paisajes de Asturias SL, pretenda destinar los mismos al negocio hotelero. A continuación se muestran algunas de sus propiedades inmobiliarias:
* Palacio Villa Excelsior (Luarca)
* Palacio Torres de Donlebún (Barres)
* Palacio de Trenor (Figueras)
* Palacio Torres de los Morenos (Ribadeo)
* Marques de Santa Cruz (Oviedo)
* Palacio de los Duques de Estrada (Llanes)
* Finca de más de 200.000m² (Formentera)
* Casa de campo en Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
* C/ Valenzuela, (Madrid): en el mismo edificio posee 3 apartamentos de grandes dimensiones
* Urbanización Calo Del Real. Sant Josep de Sa Talaia (Islas Baleares): mansión de lujo en primera linea de playa.
3. Víctor Madera no solo forma parte del entramado de Capio sino que es propietario o participa en el consejo de administración en calidad de presidente de numerosas empresas. A continuación se muestran una lista de sociedades en las que participa a título particular:
PAISAJES DE ASTURIAS empresa dedicada a la compra de palacios de gran valor histórico y cultural en Asturias.
INABOL AHORRO SL. Compra, venta, suscripción, tenencia, gestión y administración de acciones, participaciones o valores, por cuenta propia.
GLOBAL HATTINA SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=7416> Asesoramiento en materia económica, contable y financiera. Así como a participación en proyectos industriales y comerciales mediante la suscripción de acciones y participaciones de sociedades mercantiles.
COMPAÑIA ALGARVE 2005 SA. Dedicada a la compra, construcción, promoción, venta, cesión, arrendamiento, administración y cualquier otra forma de explotación de toda clase de bienes inmuebles.
INICIATIVAS DE ASESORAMIENTO MEG SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=7424> Adquisición, transmisión y enajenación de toda clase de acciones, bienes, obligaciones, participaciones y derechos con exclusión de las actividades reguladas en la ley del mercado de valores
CONDOMINIO ONCE DE NOVIEMBRE S XXI SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=40501> Realización de todo tipo de actividades de instalación eléctrica, fontanería, agua caliente, calefacción y aire acondicionado, incluidas en las mismas la redacción de proyectos, ejecución material de obra y expedición de certificaciones. Ha llevado a cabo obras en hospitales y centros sanitarios.
AULAMUNDI SL. Conformar o ser parte de instituciones de educación en las que se impartan todas o algunas de las enseñanzas y niveles permitidos en la legislación del país en que radiquen.
GAMBIOA 2000,SL cuyo objeto social es la adquisición, construcción, ejecución, promoción, traspaso, cesión, restauración, reparación y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles o servicios urbanísticos.
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y AMERICA DEL SUR, SA <http://www.empresia.es/empresa/compania-inmobiliaria-y-promotora-de-la-republica-argentina-y-america-del-sur/> Adquisición, cesión, arrendamiento, tenencia, disposición, transformación, administración y disfrute de toda clase de inmueble.
4. Como presidente de Capio en el Estado español su nombre aparece en las empresas que Capio ha creado o comprado para poder explotar el ámbito sanitario:
5. Además, Víctor Madera ha formado parte de las siguientes empresas, en las que ya no participa en su órgano de dirección o bien lo hace en la sombra:
La empresa en la que participa Víctor Madera, Iniciativas de Asesoramiento MEG, tiene acciones en la empresa Investment Circle Germany-Spain S.A. El accionista mayoritario de esta empresa es Partner SL propiedad de Amancio Ortega. ¿Algunas de la anteriores empresas tiene vinculación con las Islas Caimán? De ser así exigimos explicaciones de los motivos que puede llevar al futuro responsable de la gestión de la sanidad pública a relacionarse con dicho paraíso fiscal.
Conociendo quién es Víctor Madera y sus intereses en la sanidad pública conviene saber cómo funciona Capio y los riesgos que conlleva su futura gestión de hospitales y centros de salud. A continuación se muestra un breve resumen de sus papel en la actualidad.
¿QUIÉN ES CAPIO?
Capio es una empresa de capital riesgo dedicada a la especulación, radicada en las Islas Caimán.
2. Capio ya es propietaria de parte de la sanidad pública española mediante la gestión y explotación de hospitales, centros de especialidades y centros de salud obteniendo enormes beneficios a costa de disminuir la calidad del servicio público, convirtiendo la salud en un negocio.
3. Recientemente Capio España ha cambiado su nombre por IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía).
4. En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.
La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC european equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y esta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio sanidad Holding SL que a través de Desarrollos empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.
El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible.
Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.
5. En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:
* Fundación Jimenez Díaz.<http://www.fjd.es/>
* Hospital Rey Juan Carlos<http://www.nuevohospitalpublicomostoles.es/>
* Nuevo Hospital Público de Collado Villalba <http://www.hospitalpublicocolladovillalba.es/>
* Capio Hospital General de Catalunya. Barcelona <http://www.hgc.es/cat/>
* Capio Hospital Sur de Alcorcón<http://www.capiosanidad.es/centros/h-sur-alcorcon>
* Capio Hospital Tres Culturas. Toledo <http://www.capiosanidad.es/centros/h-tres-culturas>
6. Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.
7. Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.
Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.
No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.
El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.
Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.
Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.
Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.
Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.
¡La sanidad no se vende, se defiende!
Que todas las mareas existentes se agrupen es bueno ya que la unión hace la fuerza. La fuerza que tiene el poder establecido está en la manipulación de los medios y la mentira pero claramente quieren beneficiar a unos pocos, amigos, gran empresa y banca.
De dónde sale esta iniciativa
Marea
Ciudadana parte de la premisa de que la unión hace la fuerza. Surge de una
iniciativa personal de un ciudadano insatisfecho más, al margen de cualquier
asociación social o política, en el que tal día como hoy, escribió una serie de
correos electrónicos a diferentes mareas y movimientos sociales con el propósito
de intentar juntar a éstas/os en una reunión online a través de Skype para
tratar de llegar a algún acuerdo todas/os unidas/os.
A
la primera reunión, asistieron personas integrantes –algunas como
representantes, otras a título individual– de: Marea Blanca (En Defensa de la Sanidad Pública), Marea Verde (En Defensa de la Educación
Pública), Marea Roja 9 (Movimiento
Ciudadano de Desempleados en Lucha), LA
PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Marea Naranja (En Defensa de los Servicios Sociales) y Plebiscito Vinculante (Acción que
pretende constatar mediante una votación popular la opinión soberana de la
ciudadanía ante decisiones que repercuten en el interés general de la
población).
En
las siguientes reuniones (esta vez a través de Mumble), las listas de los/as
asistentes de diferentes colectivos y personas a título individual han ido
aumentando cada vez más. Estamos a la expectativa de ver qué es lo que va
ocurriendo.
Todas
las personas y colectivos que estéis interesadas/os en participar y cooperar en
estas reuniones seréis bienvenidas/os. Escribidnos un correo a mareasunidas@gmail.com o bien a mareaciudadana@gmail.com para explicaros cómo participar.
Se está
organizando una Consulta Ciudadana similar a la que se hizo con la
privatización del agua del Canal de Isabel II, pero sobre la privatización de la Sanidad Pública. Está organizada por ciudadanos apoyados por
las asociaciones de Sanitarios y no Sanitarios que forman parte de la MAREA BLANCA.
La filosofía es realizar una votación sobre la
privatización de la Sanidad
en la Comunidad
de Madrid, dado que no estaba en el programa electoral de las últimas
elecciones y creemos que es algo tan importante que no se puede hacer sin
consultar con la ciudadanía. Para ello entre el 5 y el 10 de Mayo se van a
poner mesas de votación en las que todo el mundo podrá ir a votar sobre una
serie de preguntas sobre la gestión de la Sanidad Pública
Madrileña. Se puede participar votando pero también todo
le que quiera puede montar una mesa en su Hospital, en su Centro de Salud o en
la puerta de su casa, su Asociación o en cualquier sitio que quiera. Para dar de
alta a una mesa de votación podéis informaros a través de la página web de la
consulta: http://www.consultaporlasanidad.org/ Las
mesas hay que darlas de alta antes del 15 de Abril porque es entonces cuando se
pedirán permisos a la delegación del Gobiernos. Las mesas
se pueden poner durante esos días en el horario que los voluntarios de la mesa
de votación deseen, se necesitan varios voluntarios para cada mesa porque cada
mesa necesita tener en todo momento al menos 2 personas (Una que apunte y otra
que meta la papeleta en la urna). Cada
mesa que se de de alta aparecerá en un mapa en la web de la Consulta, de tal manera
que si alguien quiere votar sepa cual es la más cercana a su casa. Tenemos que llegar a 2000 mesas para podar
recoger muchos votos y luego presentarlo en la CAM por eso os pedimos como ciudadanos y como
pacientes que nos ayudéis. Os mando el cartel por si lo queréis difundir. Muchas gracias
La Sanidad gallega ya tiene el remedio para las listas de
espera: que el paciente se pague la operación en la sanidad privada.
Luego, eso sí, la Xunta se compromete a reembolsarle el dinero. La duda
surge con los pacientes que no puedan adelantar el dinero.
Operaciones previo pago. Es la nueva
fórmula que pretende instaurar el sistema gallego de salud. La Xunta no
quiere que ningún paciente tarde más de dos meses en ser operado y para
eso tiene una solución. Derivarles a la sanidad privada. Eso sí, según
denuncia la central intersindical gallega, será el propio paciente el
que deba pagar el coste de la intervención.
Dicen que lo mismo ocurrirá con algunas
citas médicas o pruebas diagnósticas. Ahora esta nueva ley está
pendiente del informe del consejo económico y social. La Xunta se
compromete a reembolsar los costes al paciente aunque no determina
cuándo. Tampoco especifica que pasará con aquellos que no puedan
adelantar el dinero o, directamente, no lo puedan pagar. De momento,
tendrán que esperar su turno en las listas de espera.
Esto se llama poca vergüenza y no debemos aguantarlo ni medio segundo. Ya está bien de estafarnos
Fuente: El Plural CARLOS ISERTE/TOLEDO | 18/03/2013
La Defensora del Pueblo saca los colores a Cospedal: La peor Sanidad de
España, según los ciudadanos, con dos años de espera para una prueba
diagnóstica y 186.841 castellano-manchegos en lista de espera
La Sanidad en Castilla-La Mancha está al límite de la decencia, del
aguante ciudadano y en una situación que requiere la intervención de
profesionales serios para que el caos provocado por la gestión política
de María Dolores Cospedal no llegue a más. Así, al menos, lo entiende el
PSOE castellano-manchego, que ha tenido, además, un aliado poco
sospechoso, como es la Defensora del Pueblo y exlíder del PP, Soledad
Becerril, en cuyo informe recoge el desbarajuste, la desorganización y
el galimatías en que ha convertido el Sistema Sanitario manchego la
también secretaria general del PP. Alarma en las urgencias de Toledo
Y como prueba de todo ello, la crónica publicada por ELPLURAL.COM
este fin de semana denunciando la situación del servicio de urgencias,
donde recogíamos hacinamientos insalubres de pacientes en los pasillos.
“Un enfermo orina a la vista de todos, a la vez que otros pacientes
cenan en el mismo pasillo”, decían los miembros de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Toledo a este periódico.
Ahora sabemos, además, que la aglomeración también se da en el exterior,
concretamente en la puerta del Servicio de Urgencias, con grandes colas
de ambulancias que esperan a “descargar” o “cargar” enfermos con
dolencias de toda índole, como recoge la fotografía que nos han
proporcionado los trabajadores del centro “Virgen de la Salud” de la
capital castellano-manchega. La sanidad más cuestionada de España
Fuentes que vienen a avalar las declaraciones realizadas a ELPLURAL.COM
por el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha,
Fernando Mora: “La situación de la Sanidad es lamentable, y escandaloso
el proceso de desmantelamiento para la posterior privatización del
sistema público”. Percepción que ha sido denunciada también por la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en cuyo informe anual no duda en
situar a la región manchega como de las peores del país. “El último
informe de la Defensora dice que el SESCAM es el organismo sanitario de
España al que más procedimientos se le han abierto (por encima de Madrid
y Cataluña), y habla de pacientes esperando hasta dos años para una
prueba diagnóstica”, señala Mora a este medio. (Ver los subrayados en amarillo del informe). 730 días para par ser operado
Mora, lejos de caer en la demagogia, cita las páginas 209 y 210 del
informe de la Defensora del Pueblo, “donde se pone al sistema sanitario
público de Castilla-La Mancha como ejemplo de mal hacer, al señalar
casos de pacientes, con dos años en lista de espera en cirugía
maxilofacial en el Hospital de Toledo; diez meses en el servicio de
Urología en el Hospital de Ciudad Real; demoras superiores a siete meses
para pruebas de densitometría ósea con carácter preferente en el
Hospital de Almansa, en Albacete; ocho meses para una resonancia
magnética en el Hospital Mancha Centro, o superior a cuatro meses en el
análisis de biopsias en el Hospital de Almansa, en Albacete”, concreta
el portavoz socialista. Listas de espera interminables
Además, Fernando Mora, el azote del Gobierno de Cospedal en materia
sanitaria, y al que el PP intenta descalificar constantemente,
demuestra, “con datos obtenidos de la página web de la Consejería de
Sanidad”, nos dice sabedor de que la razón está con él, que “en año y
medio de Gobierno de Cospedal hay 73.000 pacientes más en listas de
espera y el tiempo medio de demora ha crecido entre un 100 y un 208 por
ciento”, añade, “186.841 ciudadanos están esperando a que la secretaria
general del PP les dé una solución a su problema”. (Ver tabla comparativa). Privatización de hospitales
Finalmente, el portavoz socialista afirma a ELPLURAL.COM que solo
encuentra una explicación a toda esta política devastadora llevada a
cabo por Cospedal, y ejecutada por su polémico consejero José Ignacio
Echániz: “Están desmantelando algunos hospitales, como el de Alcázar de
San Juan, para favorecer a otros cercanos que quiere privatizar
Cospedal, como son los de Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares”,
concluye. “El PSOE tiene la culpa”
Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Riolobos, defendía en rueda de
prensa la “calidad” sanitaria de Castilla-La Mancha, a pesar del
demoledor informe de la Defensora del Pueblo y de la denuncia pública de
las plataformas existentes en la región, que hablan de “sanidad
tercermundista”. Para esta cuestionada líder popular, “todo lo que está
pasando en materia sanitaria y de bienestar social es fruto del
derroche, el despilfarro y la mala gestión del señor Mora, del señor
García-Page y del PSOE durante los 30 años que estuvieron gobernando”,
para concluir afirmando, como no podía ser de otra forma, que: “El
esfuerzo de gestionar bien los recursos que ha hecho la presidenta
regional, María Dolores Cospedal, es ejemplar”.
Esquela publicada en el diarios Levante. La imagen lo dice todo. ¿Como no se puede atender a una persona enferma por ser inmigrante? Esta viviendo en España comprando cosas para comer o para uso personal y paga el IVA. De ese impuesto que paga es donde salen el dinero para pagar la sanidad.
Además si la sanidad no es universal va a haber personas enfermas que va a contagiar en muchos casos a personas sanas. ¿Estamos locos o qué? Estos gobernantes ¿son los católicos que van a ver al Papa y a misa los domingos?. Que sepais en vuestro propio lenguaje, que sois mas falsos que Judas. Solo os interesa el dinero. También os digo que sois unos malnacidos y aunque no me guste decirlo os deseo lo peor. Es porque estoy indignado.
Hay que parar esta aberración que empieza a tener tintes nazis.
En este vídeo podemos ver una denuncia personal contra la forma de actuar de la gran empresa en general Se trata de Marcos Andrés, trabajador de Telefónica durante 24 años y nos cuenta su historia y su problemática personal.
Podemos extraer que ha sido mentira la idea de que la privatización de empresas públicas fuese para abrir el mercado a empresas extranjeras, que necesitaban que el monopolio existente con empresas tipo Telefónica, Camsa, Renfe, etc fuese eliminado o debilitado.
Ha sido mentira porque para lo que ha servido ha sido para quitarse de encima a trabajadores con mayores derechos laborales para a continuación meter a trabajadores nuevos en condiciones precarias.
Así a pasado desde hace bastantes años, teniendo ahora y a causa de la crisis mundial y española en particular, la excusa perfecta para llevar a cabo este retroceso laboral criminal.
Este retroceso a sido posible por la connivencia entre patronal y políticos sin escrúpulos que se han servido del voto para beneficiar a la gran empresa sin ningún pudor. Para ello están mintiendo hasta límites desconocidos y manipulan tanto la prensa como las televisiones de todo tipo.
Habría que desenmascararlos, echarlos, responsabilizarlos y cambiar las leyes tanto electorales como la propia Constitución. Así se podría conseguir un pais mas solidario en el que hubiera menos desigualdad y mayor responsabilidad política y empresarial
AFEM es una asociación de facultativos de Madrid absolutamente independiente. El objetivo de AFEM es defender a la profesión médica y reafirmar su papel indispensable en el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y de la atención de los pacientes.
En vez de hacer huelga y que te descuenten el día, mas trienios, mas vacaciones, etc. se trabaja ese día y con lo que se ha ganado se paga un servicio jurídico de garantía para ir contra los estafadores que quieren privatizar la sanidad madrileña y que se ha demostrado ineficaz y ruinosa en otros sitios como Valencia cuyo modelo Alcira ha fracasado. Por supuesto también se admiten donaciones de cualquiera y por cualquier cantidad, ya que la unión hace la fueza
La vía jurídica es la mejor vía para paralizar la
privatización y venta de la Sanidad Pública Madrileña a empresas con
ánimo de lucro.
Hasta el 20 de Febrero hay un total de 130.238 Eur
procedentes de donaciones de personas y grupos, muchos de ellos
ciudadanos no sanitarios preocupados e interesados en defender la
Sanidad Pública, la verdadera Sanidad de todos y para todos.
Estamos todos más cerca de alcanzar el objetivo de 181.500 Eur (150.000 + 21% IVA). Faltan 51.262 eur.
Muchas gracias
Dona el salario de un día (o cualquier otra cantidad) por la Defensa Jurídica de la Sanidad Publica
Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en
el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial
para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al
respecto
Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública,
sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que
acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas
directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca
de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que
advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que
salvan vidas.
Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser.
La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de
pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo
peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves
ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si
esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos-
lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En
el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a
los PFI madrileños ( HospitalInfanta Sofía, Infanta
Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del
Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones,
el
cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores
eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos
más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos:
es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos
menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con
menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem,
que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los
contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias
"no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma
completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a
los centros 100% públicos, los hospitales privatizados
tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la
atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede
suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección
de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos,
la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de
médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a
tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias
que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde
épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
"El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En
cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes,
además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios".
"Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el
ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía
de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que los sistemas universales y públicos son los que
consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también
el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar
con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las
empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios
y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos,
del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala
también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS-Madrid).
Falta de transparencia en la Administración
Pese
a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos
fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como
CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato.
Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas
en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública
impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
"No
sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de
600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid
es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe
técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos
obtener ese cálculo", insiste.
"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo
que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado
por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como
semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión,
bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por
parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión",
advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.
"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas
y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho
más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de
rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya
ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de
Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo
propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática,
sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin
transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz
de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la
prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos
hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.
"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró,
también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría
de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de
concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen.
La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad
del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero
restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia
el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros"
hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada
por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información
necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la
eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.
"Hay
demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público
de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta
este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones
que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la
información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes
suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha
compensado por el personal público que trabaja en concesionarias",
detalla Repullo. Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales" "Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas",
resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los
profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer
energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación
ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.
"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.
Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.
Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad",
"hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos
en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes,
al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a
ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad
científico-técnica".
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos
[los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus
intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el
presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública,
Marciano Sánchez Bayle.
Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo
"público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo
que ser rescatado en 2010.
De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la
Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La
historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad
habla por sí misma.
Los seis hospitales que el Ejecutivo de
Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de
gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo
(Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les
paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la
construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver
gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria
organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales
semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la
UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos
los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.
CAS-Madrid
denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han
recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de
los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias",
asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir
de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30),
prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día
queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara
otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos
hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo. Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el
Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el
aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si
no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro
que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a
estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de
análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados
a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes.
Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso
público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros
para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con
la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre
otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la
Fadsp.
Probando 'Alzira'
Además de los seis hospitales
PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado
público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona
que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean,
necesariamente, pacientes del mismo.
Este pago per cápita
se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de
Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de
Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado
explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la
falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han
visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de
gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi
el 20% de media en dichas partidas. CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privadaLas empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de
lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a
31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la
Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa
Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que
si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de
algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.
Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira
inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y
que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que
ser rescatado y mejorado.
Además, "lo que no se sabe todavía es
si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos
centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.
El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el
consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios
abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquettyno justifica con datossu estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada
cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta
955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado
en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales
tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica
de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:
En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes
asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el
gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias
por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la
asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara
que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la
asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales
a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno
regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año"
[ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de
600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste
de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería
de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.
A aquellos políticos y economistas que desean privatizar la sanidad,
utilizando el argumento de que la sanidad privada es mejor que la
pública, les aconsejo que estudien el sistema sanitario estadounidense,
cuya financiación es predominantemente privada, gestionándose a través
de compañías de seguros privadas, tal como están sugiriendo que se haga
los partidos conservadores y liberales en España y en la Unión Europea.
Es un sistema que conozco bien, como resultado de haber vivido en aquel
país durante muchos años, habiendo intentado cambiarlo cuando la Sra.
Hillary Rodham Clinton me pidió que la ayudara, integrándome en su grupo
de trabajo en la Casa Blanca, cuyo objetivo era precisamente cambiar
aquel sistema para hacerlo más equitativo y más eficiente, pues es uno
de los sistemas sanitarios más ineficientes y menos equitativos de los
hoy existentes. Sólo basta citar algunos datos para verlo.
1. Es un sistema enormemente caro, tanto para el país (es el país con
el gasto sanitario como porcentaje del PIB más alto del mundo), como
para el Estado (el gobierno federal se gasta per cápita la mayor
cantidad de dinero en sanidad del mundo) y para el individuo y las
familias. El gasto sanitario en 2012 era el 17,9% del PIB y 8.952
dólares per cápita. Y a pesar de este enorme gasto la cobertura
sanitaria es muy insuficiente. El indicador más claro de ello es que el
39% de las personas con enfermedades terminales, es decir, que se están
muriendo, declaran que están preocupadas por cómo ellas o sus familiares
pagarán las facturas médicas y/o hospitalarias. (Ver Annals of Internal
Medicine 2000; 132:451 – Study of 988 terminally ill patients). Estas
personas se encuentran en una situación cruel e inhumana en la que,
además de preocuparse por su propia muerte, tienen que preocuparse de
cómo pagar a los profesionales y/o a las instituciones sanitarias o a
las compañías de seguros.
2. Pero además de una cobertura muy insuficiente, el número de
ciudadanos y residentes sin ningún tipo de cobertura sanitaria es muy
elevado. Llegó en el 2011 a ser el 15,7% de toda la población, es decir,
48,6 millones de personas. De ellos 7 millones son niños. El 31% de los
ciudadanos de origen hispano, el 19,5% de origen afroamericano y el
11,5% de los blancos no tienen ninguna cobertura sanitaria. Incluso
después de la aplicación de la ley conocida como “Obamacare”, el número
de personas sin ninguna cobertura sanitaria y, por lo tanto, sin ningún
derecho a acceder a servicios sanitarios (según la Congressional Budget
Office) será de 36 millones.
3. El Tea Party y sus economistas afines en la ideología ultraliberal
(de la cual hay una gran abundancia en España) indican que no es cierto
que la gente se quede sin atención, pues pueden ir a los servicios de
urgencia, lo cual no es del todo cierto, pues muchos hospitales se las
apañan para no proveer tales servicios a los que no pueden pagar los
servicios médicos, tal como ha señalado y demostrado el propio Congreso
de EEUU en varios informes.
4. El sistema de copago y deducciones está generalizado en el sistema
de aseguramiento privado e incluso público. Medicare, el programa
federal de atención sanitaria para los ancianos, solo cubre el 54% de
sus gastos sanitarios.
5. La mayoría de la población estadounidense, aún cuando está
satisfecha con su médico o su hospital, no está satisfecha con el
sistema de financiación y organización del sistema sanitario. EEUU es el
país que tiene un mayor descontento con su sistema sanitario. Casi el
50% de la población considera que debería reconstruirse desde el
principio.
6. Según un estudio del sistema sanitario en EEUU, Alemania y Gran
Bretaña, EEUU es el país que tenía un mayor número de muertes
prevenibles (significándole una sobremortalidad de casi 100.000
personas), con el menor incremento de esperanza de vida.
7. EEUU es el país donde un mayor número de personas dejan de ir al
médico por causas económicas. El 52% de las mujeres ha indicado que no
estaban seguras de poder pagar las facturas médicas en caso de que
cayeran gravemente enfermas.
Estos datos explican porqué el grupo de trabajo dirigido por la Sra.
Clinton deseaba cambiar el sistema a fin de dirigirlo hacia uno de
cobertura universal, con un mayor grado de intervención pública. En una
visita del entonces Presidente Felipe González a la Sra. Clinton en la
Casa Blanca (en el periodo álgido del trabajo de la Casa Blanca en la
reforma sanitaria) y en cuya preparación presenté un informe al
Presidente González, explicándole las líneas generales de las propuestas
del grupo de trabajo, la Sra. Clinton subrayó que, aún cuando
intentábamos (en el grupo de trabajo que ella presidió) hacer propuestas
de cambio del sistema sanitario estadounidense que se atuviesen al
sistema sanitario existente, el grupo de trabajo quería también aprender
de los sistemas europeos, incluyendo el español, correspondiéndome a mí
la labor de escribir un informe de la posible relevancia del sistema
sanitario español para EEUU, lo cual hice enfatizando que el sistema
sanitario español era mucho más eficiente y equitativo que el
estadounidense, aún cuando el español tenía un grave problema, que era
su enorme subfinanciación, problema que continúa hoy en día.
No es creíble el argumento aducido por los reformadores liberales y
neoliberales que sostiene que el sistema sanitario privado es más
económico y eficiente que el público. La evidencia científica, robusta y
convincente, señala lo contrario. En realidad, el estudio más detallado
que se haya hecho analizando la calidad de la atención hospitalaria
comparando la mortalidad (estandarizada por diagnóstico y
características del paciente) en los hospitales privados con afán de
lucro con los sin afán de lucro (fueran éstos públicos o privados) la
mortalidad era más alta en los primeros que en los segundos (P.J.
DEVEREAUX, et al “Payment for care at private for profit and private
not-for profit hospitals: a systematic review and metaanalisys” 08-06-04
Journal of the Canadian Medical Association).
La experiencia internacional muestra claramente que existe un
conflicto claro entre la optimización de los beneficios (el objetivo
principal de una empresa con afán de lucro) y la calidad de los
servicios. Las empresas que cotizan en bolsa intentan ahorrar los
recursos a fin de optimizar sus ingresos y ello puede repercutir en la
calidad de los recursos. En ocasiones esta dinámica se presenta también
en los servicios privados sin afán de lucro que compiten con las
empresas con afán de lucro. La situación en España
La subfinanciación de la sanidad pública española explica el elevado
desarrollo de la sanidad privada habiéndose creado una polarización, por
clase social, en el sistema sanitario. El 30% de renta superior de la
población va a la sanidad privada mientras que el 70% va a la pública.
Las reformas privatizadoras tienen como objetivo aumentar el porcentaje
de la privada a costa de la pública, argumentándose que tal extensión de
la privada beneficia a la pública permitiéndole tener más recursos por
paciente, disminuyendo así la masificación de la sanidad pública.
Lo que tal argumento ignora es que tal polarización de la sanidad por
clase social perjudica a todas las clases y sectores sociales pues, aún
cuando la sanidad privada es, en general, mejor que la pública en
aspectos importantes tales como el confort (por ejemplo una cama por
habitación) la cortedad de las listas de espera y la atención
personalizada al paciente, la pública es mucho mejor que la privada en
España en la calidad del personal y la estructura técnico-científica. De
ahí que cuando los enfermos tienen necesidades elevadas de alta
tecnología se les desplace a la pública.
Lo que se necesita en España es una sanidad multiclasista universal y
única que tenga los atributos de la privada y la calidad de la pública.
Pero para conseguir tal objetivo se requiere un gasto público mucho
mayor. La reducción del gasto público sanitario que está ocurriendo en
España es un paso enormemente regresivo que deteriora toda la sanidad
española. Así de claro. Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Para difundir a todos los contactos que no tienen facebook ni están al tanto...
Dice Jesús Sánchez Martín en el facebook de la plataforma de hospitales:
Esto está pasando en Madrid, y lo cuento porque soy testigo en primera persona. Paciente en lista de espera quirúrgica para terminar proceso reconstructivo en el servicio de C. Plástica de su hospital, Ramón y Cajal. Recibe una llamada el día 24 de diciembre diciéndole que hay 180 días de lista de espera (gran mentira) y se le ofrece operarse en otro hospital, en concreto la Fundación Jiménez Díaz (público de gestión privada - Capio).
La paciente responde que prefiere esperar porque conoce al personal del Ramón de otras cirugías, confía en ellos y no quiere abandonar su hospital. Le responden que en ese caso recibirá una carta certificada en su domicilio que, de persistir con esa postura, deberá firmar para rechazar la derivación, renunciando al mismo tiempo al derecho a presentar cualquier reclamación en el futuro por el tiempo de espera que finalmente pudiera resultar.
Las cosas siguen su curso natural y nuestra secretaría, sin noticia alguna de esa llamada, llama a la paciente el día 29 de diciembre (tan solo 5 días después!) citándola para quirófano el día 3 de enero. Se opera dicho día, nos comenta la situación y le invitamos a que ponga una reclamación contra el Servicio de Admisión ante la gran mentira del tiempo de espera y la derivación.
En el maquiavélico plan de la consejería, se están vaciando ciertos hospitales y servicios de gestión pública para llenar otros de gestión privada, mediante la mentira y la intimidación. El negocio en esos hospitales será proporcional a las cifras de pacientes que atiendan, y se está dispuesto a hacer lo que sea para maximizar beneficios.
… Creo que estamos obligados a denunciar cualquier irregularidad que percibamos. No van a contar con nuestra complicidad y con nuestro silencio.
Y paciente, estáte al loro que se está riendo también de ti, al mismo nivel que lo están haciendo con los profesionales. Denúncialo, a tu médico, a tus amigos, a la familia, a la prensa, en internet...Esto no les puede salir gratis
Los docentes madrileños han decidido dar un paso más en su lucha
contra las medidas de la Comunidad de Madrid y se han lanzado ahora a
defender la Sanidad pública. Sus acciones se dirigen contra los seguros
sanitarios privados, a los que han decidido ‘boicotear’ haciendo un
llamamiento a los funcionarios para que abandonen estos servicios y se
pasen a la pública.
El miedo a una pérdida de calidad en la
Sanidad pública podría llevar al sector de los seguros privados a una
época dorada, con un aumento significativo en el número de asegurados, y
eso es precisamente lo que quieren evitar los profesores madrileños.
Este colectivo ha puesto en marcha una campaña a través de las redes
sociales para que todos los empleados públicos de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), organismo dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dejen sus seguros
privados.
Su intención, según indican, es que todos los
funcionarios que reciben las prestaciones médicas en compañías privadas
como Adeslas o Sanitas se pasen a la Sanidad pública. Según explican los
profesores, estos empleados públicos pueden “elegir entre una
prestación a través de la Sanidad pública de cada comunidad autónoma o
una entidad privada. Si tienes una prestación de servicios a través de
una empresa privada, puedes cambiarte a la pública antes de que termine
el mes de enero”.
Y para concienciar a los funcionarios, señalan
que las aseguradoras privadas reciben “1.099.193.760 euros por el total
del colectivo de MUFACE, que se estima en 1.526.658 mutualistas, a razón
de unos 60 euros al mes por cada mutualista”. Un dinero que podría
revertir en la Sanidad pública y ayudar así a “favorecer el empleo
público”, “dotar de más recursos a la Sanidad pública” y que, de esa
forma, “mejore” este servicio, explican en redes sociales como Facebook o
Twitter.
Los docentes hacen un llamamiento a la “coherencia”
defendiendo una ‘Sanidad Publica de tod@s y para tod@s’ de la misma
forma que han defendido hasta ahora una ‘Educación Pública de tod@s y
para tod@s’.
Primero gestiono lo público y luego me enriquezco con ello en el
sector privado. Y viceversa. Equo reclama a la Fiscalía Anticorrupción
que actúe de oficio ante las evidencias de "posibles intereses
privados en el proceso de privatización" de la sanidad madrileña tras
el caso de Juan José Güemes
El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora
con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el
tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo
público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada
lado de la puerta. En este caso, durante su paso por el Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis
en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora,
estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es
consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la
que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis
clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de
atención primaria de su área de influencia.
El caso de Güemes se
suma a la lista de exconsejeros y altos cargos de la sanidad madrileña
que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela,
que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para
potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los
principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están
Capio Sanidad, Clínica La Luz y Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La
Luz.
Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño,
que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo
del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladad a
Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que
está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira
(Valencia), que resultó deficitario. También en el País Valencià Manuel
existe el caso de Manuel Marín,
que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en
la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la
empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete
años después, lo contrató como director del departamento de salud.
Güemes sigue el ejemplo de Manuel Lamela, vinculado a empresas concesionarias de la privatización sanitaria
Pero
la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios,
también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz,
hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad.
"Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de
Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican
fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña. Elena Arias,
actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue
directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio
Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada
del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a
un error material", informa Europa Press.
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público
dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder
conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general
del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el
grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que
cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.
Equo e Izquierda Unida, contra las 'puertas giratorias'
A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados
en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la
Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés
Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo
preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y
una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha
utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de
privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad
de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos
hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero
público, pero adeuda más de 4.000 millones".
Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes
demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de
la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han
cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión
que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes
entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.
