Fuente: Antonio Muñoz Molina www.antoniomuñozmolina.es en el Pais.
La desaparición de la ética en el plan de reforma de la enseñanza ha pasado desapercibida
Con el barullo continuo de los titulares sobre la corrupción y sobre
la impunidad de casi todos los que la cometen es posible que pase
inadvertida la desaparición de la asignatura de ética en el plan de reforma de la enseñanza
que ha presentado el Gobierno. Una ventaja de esta época sombría es que
la desvergüenza de los que mandan se ha vuelto tan absoluta que ya no
hacen falta especiales sutilezas para adivinar los propósitos de sus
actos, y ni los más incautos corren peligro de engañarse sobre ellos. A
los que mandan y a los que aspiran a mandar en España, o en los
territorios que en el futuro próximo logren venturosamente liberarse de
ella, que exista una asignatura dedicada al estudio de la rectitud en
los comportamientos privados y públicos les debe de parecer tan cómico
como la idea de que los corruptos vayan a la cárcel, o de que los pobres
tengan el mismo derecho a la educación que los ricos, o de que la salud
sea un bien tan valioso y tan primordial para la dignidad humana que no
se la puede degradar sometiéndola a las leyes del beneficio privado.
En otras épocas, las personas de inclinaciones progresistas gastaban
tremendas energías intelectuales en adiestrarse en la sospecha, en
buscarle las vueltas sucias a las estrategias del poder, queriendo
desenmascarar los intereses ocultos que actuaban detrás de apariencias
intachables. Todo ese esfuerzo se ha vuelto superfluo. No hay nada que
desenmascarar porque nadie pierde el tiempo ya en disimulos superfluos.
Ladrones confesos de miles de millones de euros salen a la calle por esa
otra célebre puerta por la que decían antes que escapaban al castigo
los chorizos de medio pelo. Y si son condenados tampoco hay que
alarmarse: vendrá un indulto oportuno, un tercer grado benévolo, porque
en la cárcel sólo se quedan los pobres. Y nunca faltarán leales que
reciban al ladrón liberado como un mártir de la causa, o de la patria.
La llegada del verano no ha menguado el flujo de la desvergüenza
pública. Patriotas catalanes con una nómina de ladrones en sus filas
ponían cara de integridad herida al exigir responsabilidades por los
suyos al partido del Gobierno central. Los mismos que bloqueaban la
aparición del presidente del Gobierno en el Parlamento español exigían
investigaciones parlamentarias sobre la corrupción en el Parlamento
andaluz. Dice Pascal que la noción de verdad o justicia cambia según el
lado del río fronterizo en el que uno se encuentre. Los corruptos de un
lado señalan acusadoramente a los ladrones del otro, y ya ni se fijan en
que en el calor teatral de sus aspavientos todos muestran por igual
semejantes vergüenzas.
Las autoridades culturales y económicas se alían con éxito para estrangular del todo el teatro y el cine
Ya todo está a la vista. El ex ministro de Industria se coloca
estupendamente en una de las opulentas empresas a las que benefició con
ejemplar descaro cuando ejercía su cargo. Los mismos políticos
madrileños que dedicaron sus mandatos a sabotear la sanidad pública
cobran sin disimulo de las empresas que saquearán los despojos de la
privatización. Nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional
es militante de cuota del partido que lo ha nombrado. Y no creo que
haya en Europa otro ejemplo de un gobierno que dedica sus esfuerzos
coordinados a desproteger el patrimonio y destruir precisamente aquellas
riquezas educativas, empresariales, culturales y científicas que más
podrían ayudarnos a corregir los errores económicos que nos han llevado
al desastre. El sonriente ministro de Educación
presenta una reforma que agravará la ignorancia, y que al reducir casi
hasta la extinción las humanidades, señaladamente la ética y la historia
de la filosofía, servirá para que cada vez haya menos ciudadanos
críticos y más súbditos. Reduciendo ayudas al estudio y al mismo tiempo
exigiendo másteres de pago se privatiza de hecho la enseñanza
universitaria y se establecen diferencias en gran medida irreparables
entre quienes carecen de medios y quienes pueden costearse las
credenciales carísimas que facilitan el acceso a buenos puestos de
trabajo. Las autoridades culturales y económicas se alían con éxito para
estrangular del todo el teatro y el cine y perjudicar en lo posible una
de las pocas industrias internacionales y competitivas que tenemos, que
es la editorial. Y paso a paso se asfixia nada menos que uno de los
logros más incontestables, más fértiles, más vitales de la democracia,
el tejido de la investigación científica, que junto al patrimonio
histórico y las industrias educativas y culturales —incluido el valor
económico de la enseñanza del español— era lo más sólido y lo más
prometedor que teníamos, nuestra mejor esperanza de una economía que no
se basara tan calamitosamente como hasta ahora en la especulación
inmobiliaria, y el turismo de masas.
Todo ha estado mucho más claro este mes de julio, y lo estará más aún
cada día, cada semana que pase. Gracias a las serviciales normas del
Gobierno las compañías eléctricas no tendrán ni siquiera que preocuparse
de la modestísima competencia que les harían esas personas cándidas
empeñadas en instalarse unos paneles solares en el tejado o un molino
eólico en el jardín. Quien paga manda. Se abandona a las librerías a su
suerte y se suprimen las compras de libros y las suscripciones a
revistas en las bibliotecas públicas, pero el presidente de la Comunidad de Madrid
inaugura con pompa el almacén de Amazon. Instituciones científicas que
han tardado décadas en alcanzar su pleno rendimiento irán a la ruina por
los recortes del Gobierno, pero rebajas fiscales de centenares de
millones de fondos públicos subvencionarán los casinos y los prostíbulos
de Eurovegas.
Se abandona a las librerías a su suerte, pero el presidente de Madrid inaugura con pompa el almacén de Amazon
Y las transmisiones en directo de encierros y las multitudes
internacionales de borrachos de los sanfermines aseguran el éxito global
de la ya célebre marca España: probablemente en ningún otro país es más
barato beber alcohol hasta perder el conocimiento, quemarse al sol y
practicar el vandalismo. Casi cada día de julio, en la prensa
extranjera, aparecían fotos de nuestro país: caras de acusados de
corrupción saliendo de los juzgados, toros y juerguistas amontonados en
Pamplona. Que viva España.
Para esto hemos quedado. Los que puedan pagárselo aprenderán idiomas
sin acento y obtendrán títulos en universidades y escuelas de negocios
que les aseguren su posición de privilegio. Los que tengan talento pero
carezcan de medios deberán aguantarse o irse. Gracias a la desprotección
de los pocos tramos de costa todavía no arrasados más pronto o más
temprano volverá a haber algunos empleos en la construcción, y, al menos
mientras no acaben las convulsiones en los países musulmanes del
Mediterráneo, seguirá habiendo trabajo temporal y no cualificado en la
hostelería turística. Una nueva economía del conocimiento empezará a
florecer pronto en las afueras de Alcorcón, en un ámbito laboral libre
de molestias sindicales y hasta de leyes contra el tabaco: albañiles,
camareros, croupieres, animadoras y guardas de seguridad de clubes de alterne, porteros de discoteca.
La verdad es que a ninguno de ellos le hará falta haber estudiado
ética, ni historia de la filosofía. Ni literatura, ni física, ni
geografía, ni ortografía…
www.antoniomuñozmolina.es
¿Vostros os imaginais, que a un presidente, a una presidenta, del
partido popular, en una comunidad autonoma, se hubiera sabido que ellos,
o su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o
han evadido o se han quedado con dinero que no era de ellos y que se
hablara de cuentas corrientes en Suiza?
¿A que yo ya habria tenido que dimitir?
Sí, Sra Cospedal, Ud tendría que dimitir pero como no tiene vergüenza ni responsabilidad política alguna, pues resulta que Ud no ha dimitido. Ni Ud, ni Rajoy, ni nadie de su partido.
Son una carga para España difícil de soportar, ya que están privatizando lo que no se puede ni debe privatizar. Están empobreciendo España para dársela a sus amigos. Luego estos amigos corresponderán con algúna asesoría o puesto en los consejos de administración de su empresa. Eso sí, todo esto esta llevado a cabo con burdas mentiras, manipulaciones y engaños a la ciudadanía.
Si todavía hay un 30% que les votaría es porque a mucha gente la manipulación mediática les tiene adormecidos y el resto están a dedo en sus feudos y por lo tanto no muerden la mano que les da de comer.
Esto se llama sistema clientelar o simplemente caciquil. Esto le ha encantado siempre al PP. Los de arriba, los señoritos, compran a los de abajo como si fueran esclavos, pero todo en un contexto seudo democrático, que de democracia no tiene absolutamente nada.
Simplemente recordarles que para la historia de España, quedarán Uds y su partido retratados como lo más retrógrado y falto de nobleza que ha habido desde el año 1977. (Desde la supuesta democracia y Constitución que hay que cambiarlas lo antes posible)
Realmente son indignos de gobernar
Fuente: Facua FACUA-Consumidores en Acción ha considerado "mezquino" que un
Gobierno pretenda "cortar las ayudas" a actividades relacionadas con la
donación y trasplantes de órganos en aquellas Comunidades Autónomas que
incumplan los objetivos de déficit o no se ajusten al techo de gasto.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha avisado a las
Comunidades Autónomas de que el Gobierno quitará las subvenciones
destinadas a actividades de donación y trasplantes si no cumplen el
déficit, ha confirmado a Europa Press su director Rafael Matesanz.
No obstante, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas se ha asegurado que no se eliminarán las ayudas a trasplantes a
las autonomías que incumplan con el déficit, y se recuerda que se
tratan de unas subvenciones con convocatoria prevista para abril, con lo
que "dentro de la tramitación normal de estos expedientes este
ministerio aún no se ha pronunciado sobre este asunto".
FACUA ha censurado que un país como España que es líder "en una
práctica médica con la que se salvan vidas de manera directa" como es la
donación y trasplante de órganos "priorice los objetivos económicos por
encima de la salud y el bienestar de los ciudadanos".
"El Gobierno no puede dejar caer un castigo como éste sobre los
ciudadanos de las comunidades autónomas afectadas con la excusa de dar
supuestas soluciones a corto plazo a los problemas de deuda pública", ha
subrayado la organización de consumidores en un comunicado.
EXIGE ACLARACIONES A MONTORO
Desde FACUA, además, se ha exigido al ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que aclare la intención del Gobierno de ir aplicando
la ley "en función del esfuerzo de reducción del déficit público por
parte de las comunidades autónomas, no automáticamente".
Según el balance de 2012 de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), España mantiene el liderazgo mundial en trasplantes,
con 34,8 donantes por millón de población, de forma ininterrumpida desde
hace veintiún años. Asimismo, se alcanzaron máximos históricos en los
trasplantes renal, pulmonar y cardíaco.
Estos datos, según ha subrayado FACUA, "confirman que estas
subvenciones son más que necesarias para garantizar la calidad de la
sanidad española como un derecho de los ciudadanos".
La Sanidad gallega ya tiene el remedio para las listas de
espera: que el paciente se pague la operación en la sanidad privada.
Luego, eso sí, la Xunta se compromete a reembolsarle el dinero. La duda
surge con los pacientes que no puedan adelantar el dinero.
Operaciones previo pago. Es la nueva
fórmula que pretende instaurar el sistema gallego de salud. La Xunta no
quiere que ningún paciente tarde más de dos meses en ser operado y para
eso tiene una solución. Derivarles a la sanidad privada. Eso sí, según
denuncia la central intersindical gallega, será el propio paciente el
que deba pagar el coste de la intervención.
Dicen que lo mismo ocurrirá con algunas
citas médicas o pruebas diagnósticas. Ahora esta nueva ley está
pendiente del informe del consejo económico y social. La Xunta se
compromete a reembolsar los costes al paciente aunque no determina
cuándo. Tampoco especifica que pasará con aquellos que no puedan
adelantar el dinero o, directamente, no lo puedan pagar. De momento,
tendrán que esperar su turno en las listas de espera.
Esto se llama poca vergüenza y no debemos aguantarlo ni medio segundo. Ya está bien de estafarnos
Fuente: El Plural CARLOS ISERTE/TOLEDO | 18/03/2013
La Defensora del Pueblo saca los colores a Cospedal: La peor Sanidad de
España, según los ciudadanos, con dos años de espera para una prueba
diagnóstica y 186.841 castellano-manchegos en lista de espera
La Sanidad en Castilla-La Mancha está al límite de la decencia, del
aguante ciudadano y en una situación que requiere la intervención de
profesionales serios para que el caos provocado por la gestión política
de María Dolores Cospedal no llegue a más. Así, al menos, lo entiende el
PSOE castellano-manchego, que ha tenido, además, un aliado poco
sospechoso, como es la Defensora del Pueblo y exlíder del PP, Soledad
Becerril, en cuyo informe recoge el desbarajuste, la desorganización y
el galimatías en que ha convertido el Sistema Sanitario manchego la
también secretaria general del PP. Alarma en las urgencias de Toledo
Y como prueba de todo ello, la crónica publicada por ELPLURAL.COM
este fin de semana denunciando la situación del servicio de urgencias,
donde recogíamos hacinamientos insalubres de pacientes en los pasillos.
“Un enfermo orina a la vista de todos, a la vez que otros pacientes
cenan en el mismo pasillo”, decían los miembros de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Toledo a este periódico.
Ahora sabemos, además, que la aglomeración también se da en el exterior,
concretamente en la puerta del Servicio de Urgencias, con grandes colas
de ambulancias que esperan a “descargar” o “cargar” enfermos con
dolencias de toda índole, como recoge la fotografía que nos han
proporcionado los trabajadores del centro “Virgen de la Salud” de la
capital castellano-manchega. La sanidad más cuestionada de España
Fuentes que vienen a avalar las declaraciones realizadas a ELPLURAL.COM
por el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha,
Fernando Mora: “La situación de la Sanidad es lamentable, y escandaloso
el proceso de desmantelamiento para la posterior privatización del
sistema público”. Percepción que ha sido denunciada también por la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en cuyo informe anual no duda en
situar a la región manchega como de las peores del país. “El último
informe de la Defensora dice que el SESCAM es el organismo sanitario de
España al que más procedimientos se le han abierto (por encima de Madrid
y Cataluña), y habla de pacientes esperando hasta dos años para una
prueba diagnóstica”, señala Mora a este medio. (Ver los subrayados en amarillo del informe). 730 días para par ser operado
Mora, lejos de caer en la demagogia, cita las páginas 209 y 210 del
informe de la Defensora del Pueblo, “donde se pone al sistema sanitario
público de Castilla-La Mancha como ejemplo de mal hacer, al señalar
casos de pacientes, con dos años en lista de espera en cirugía
maxilofacial en el Hospital de Toledo; diez meses en el servicio de
Urología en el Hospital de Ciudad Real; demoras superiores a siete meses
para pruebas de densitometría ósea con carácter preferente en el
Hospital de Almansa, en Albacete; ocho meses para una resonancia
magnética en el Hospital Mancha Centro, o superior a cuatro meses en el
análisis de biopsias en el Hospital de Almansa, en Albacete”, concreta
el portavoz socialista. Listas de espera interminables
Además, Fernando Mora, el azote del Gobierno de Cospedal en materia
sanitaria, y al que el PP intenta descalificar constantemente,
demuestra, “con datos obtenidos de la página web de la Consejería de
Sanidad”, nos dice sabedor de que la razón está con él, que “en año y
medio de Gobierno de Cospedal hay 73.000 pacientes más en listas de
espera y el tiempo medio de demora ha crecido entre un 100 y un 208 por
ciento”, añade, “186.841 ciudadanos están esperando a que la secretaria
general del PP les dé una solución a su problema”. (Ver tabla comparativa). Privatización de hospitales
Finalmente, el portavoz socialista afirma a ELPLURAL.COM que solo
encuentra una explicación a toda esta política devastadora llevada a
cabo por Cospedal, y ejecutada por su polémico consejero José Ignacio
Echániz: “Están desmantelando algunos hospitales, como el de Alcázar de
San Juan, para favorecer a otros cercanos que quiere privatizar
Cospedal, como son los de Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares”,
concluye. “El PSOE tiene la culpa”
Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Riolobos, defendía en rueda de
prensa la “calidad” sanitaria de Castilla-La Mancha, a pesar del
demoledor informe de la Defensora del Pueblo y de la denuncia pública de
las plataformas existentes en la región, que hablan de “sanidad
tercermundista”. Para esta cuestionada líder popular, “todo lo que está
pasando en materia sanitaria y de bienestar social es fruto del
derroche, el despilfarro y la mala gestión del señor Mora, del señor
García-Page y del PSOE durante los 30 años que estuvieron gobernando”,
para concluir afirmando, como no podía ser de otra forma, que: “El
esfuerzo de gestionar bien los recursos que ha hecho la presidenta
regional, María Dolores Cospedal, es ejemplar”.
Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato,
José Manuel Romay Beccaría, Cristóbal Páez y Federico Trillo tienen en
sus manos todas las claves para dar las explicaciones que faltan sobre
el extesorero
Desde que estalló el 'caso Gürtel', en 2009, ellos fueron los
responsables de todas las decisiones importantes. Antes lo defendían y
ahora se distancian de él todo lo posible. Cospedal está siendo
cuestionada internamente. Con todo el mundo apuntando hacia ella, se
desvía la atención de Rajoy.
Hubo un tiempo en que Luis Bárcenas llegaba al Comité Ejecutivo
Nacional del PP se sentaba y pasaba desapercibido. Eran otros, los
políticos, los que debían salir en televisión. Hasta que él se convirtió
en el protagonista absoluto y en la pesadilla de la formación conservadora.
Ahora nadie en Partido Popular cita su nombre. Y menos aún da explicaciones sobre su salida. Desde que se supo que había estado contratado hasta el 31 de enero de 2013, los populares evitan a la prensa.
Cuando, por fin, María Dolores de Cospedal compareció ante los medios
de comunicación, lejos de despejar dudas, las avivó al hablar de "indemnización en diferido" y "simulación de su retribución". No se salió de ese peculiar guión. Fueron varias las preguntas, no hubo más respuestas. Dudas
Pero siguen siendo muchas las incógnitas. Después de que Bárcenas haya demandado al PP por despido improcedente, aún más. Los populares dicen que se verán las caras con él en los tribunales y se mantienen en sus trece.
Hasta ayer todo el mundo reclamaba al partido el finiquito. Pero ahora se les pide que enseñen o bien el acuerdo al que dicen que llegaron en 2010 o la comunicación de la baja voluntaria del extesorero. Esas son las únicas pruebas para dar con la salida del laberinto en el que se han metido.
Todavía quedan cuestiones pendientes. Si de verdad, en su día, se llegó con él a un pacto ¿quién lo autorizó? Cospedal dice que lo cerró con los servicios jurídicos del partido. Todo el mundo se lava las manos. Todo el mundo niega que tuviera algo que ver.
Tampoco nadie quiere comentar el confuso comunicado que se distribuyó
cuando se hizo público que le pagaban las cuotas a la Seguridad Social.
Nadie concreta, nadie quiere dar más datos. El silencio sobre este tema
se extiende. Aseguran que no hay nada que ocultar, sostienen que no
mienten, pero juegan con las palabras y se ahorran información. Los nombres
Hay una serie de personas que manejan todos los detalles. Además de la secretaria general del PP, por supuesto está el presidente, Mariano Rajoy.
Él fue quien le ascendió a tesorero en el Congreso de Valencia en 2008,
todo pasaba ya por él y tendría que haber dado el visto bueno a
cualquier decisión que se hubiera adoptado sobre Bárcenas. Sin olvidar a
Javier Arenas, Ana Mato y Federico Trillo, que ocupaban
puestos de responsabilidad en el partido cuando estalló el 'caso Gürtel'
en 2009. Son los actores principales. Los que en estos últimos cuatro
años gestionaron todo el asunto.
Rajoy se mostró convencido entonces de que nadie iba a poder probar que Bárcenas no era inocente. Dijo que no quería convertirse en "un inquisidor", como otros. Y frente a algunos cargos implicados en la trama de corrupción de los que se prescindió, a él le mantuvo con un trato privilegiado.
Hubo muchas reuniones a puerta cerrada en la calle Génova. Y varias fundamentales en la séptima planta, en el despacho del líder. La cúpula estaba dividida. Mientras por un lado, Arenas y Mato defendían su continuidad en el cargo hasta que no se demostrara su culpabilidad, Cospedal pedía que se le echara. Siempre se habló de los enfrentamientos que mantuvo con el extesorero. Trillo, quien fue el artífice de la anulación del'caso Naseiro',
se encargó de la estrategia de defensa, tanto del extesorero como de
Francisco Camps. De él dependían los servicios jurídicos del partido.
Hasta el Congreso de Sevilla de 2011, cuando Cospedal decidió que los
controlaba ella.
El PP llegó a pagar incluso 70.000 euros al despacho personal de Trillo por "coordinar las defensas" de los imputados en la trama
dirigida por Francisco Correa. Y Cospedal lo defendió diciendo que por
culpa del Gobierno socialista, los populares habían estado sometidos a
un gran acoso y habían tenido que pleitear muchísimo. Trillo fue el encargado de desplegar toda la artillería contra Baltasar Garzón
y de extender la teoría de conspiración, que hoy se ha vuelto a poner
de moda. De hecho llegó un momento en el que el responsable del área de
Justicia y Libertades Públicas del PP en aquel momento, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el "principal director del montaje político" contra el Partido Popular y pidió dimisiones a mansalva de fiscales y miembros de la UDEF.
Todos los mensajes se repiten. Ahora Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, cree que existe "una batalla que en el fondo lo que quiere es la sustitución del actual presidente del Gobierno" y dice que el lenguaje que se emplea para criticar a los conservadores suena al que se usó el 11 de marzo de 2004. En el PP todos tuvieron buenas palabras sobre Bárcenas. Por ejemplo, las de la entonces vicesecretaria de Organización, Ana Mato, quien habló de su "honradez". Arenas le señaló como "un ejemplo de buen trabajo, profesionalidad y decencia".
Hay que recordar que cuando Bárcenas anunció en 2010 que dejaba
definitivamente su cargo, muchos apuntaron a que Arenas, con quien
hablaba regularmente por teléfono, había sido determinante para que
adoptara esa decisión y salvar así al partido de la crisis que
atravesaba. Cuando se marchó en 2009, de forma temporal, fue el gerente, Cristóbal Páez, quien le sustituyó. Era un personaje misterioso, que no caía bien dentro del partido. Rehuía los focos. Siempre esperó heredar el puesto. Pero Rajoy se decantó finalmente por José Manuel Romay Beccaría. Por esas fechas, se produjeron los acontecimientos.
Para anunciar su marcha, el PP sacó un comunicado alabando su "magnífica gestión" y agradeciéndole "la lealtad que había demostrado".
Ahora no ha sacado otro, diciendo que se sienten engañados por él. Por
aquel entonces, también Rajoy, como ahora, pidió a los suyos que
confiaran en él. Negó la financiación irregular del partido y aseguró que si se demostraba algo actuaría "en consecuencia".
Pero hoy los roles, en buena parte, han cambiado. Los que saben todo lo que ocurrió realmente están en otros puestos.
Rajoy, en La Moncloa, Mato de ministra de Sanidad y Trillo como
embajador en Londres. Páez se fue del partido y Beccaría es presidente
del Consejo de Estado. Solo Cospedal y Arenas se mantienen en el partido y los que están dentro de Génova aseguran que su relación sigue siendo conflictiva. Los populares defienden su credibilidad, pero está tocada. Para muchos todo esto se va a saldar con cambios y dimisiones que llegarán. Cospedal está siendo cuestionada. Todo el mundo apunta hacia ella y se desvía la atención de Rajoy. Algunos reclaman que se adopten medidas y se abandonen los gestos políticos que no sirven de nada. La mayoría de los cargos busca distanciarse de esta cuestión.
Primero, cuando se supo que tenía cuentas en Suiza. Desde ayer, la
guerra está declarada. Los que antes le defendían, los que se
implicaban, han pasado a despreciarle. Hay quien se ha confesado
avergonzado por su actuación. Y en definitiva quieren que Bárcenas sea historia, que forme parte del pasado cuando está más presente que nunca.
Y
mientras Rajoy calla. Se defiende, presenta sus declaraciones, habla de
auditorías, de querellas, de medidas anticorrupción. Deja pasar el
tiempo. El presidente del Gobierno no da una larga rueda de prensa desde el pasado 28 de diciembre
cuando compareció hacer balance de un año al frente del Gobierno. Desde
entonces, los periodistas solo le han podido preguntar cuando fue a ver
a Angela Merkel, el pasado 4 de febrero, apenas unas cuantas
cuestiones. Es más, salvó el debate sobre el Estado de la Nación,
esquivando el tema durante todo el tiempo, haciendo del nombre de
Bárcenas, nombre tabú.
Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en
el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial
para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al
respecto
Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública,
sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que
acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas
directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca
de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que
advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que
salvan vidas.
Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser.
La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de
pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo
peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves
ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si
esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos-
lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En
el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a
los PFI madrileños ( HospitalInfanta Sofía, Infanta
Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del
Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones,
el
cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores
eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos
más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos:
es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos
menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con
menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem,
que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los
contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias
"no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma
completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a
los centros 100% públicos, los hospitales privatizados
tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la
atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede
suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección
de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos,
la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de
médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a
tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias
que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde
épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
"El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En
cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes,
además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios".
"Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el
ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía
de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que los sistemas universales y públicos son los que
consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también
el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar
con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las
empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios
y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos,
del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala
también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS-Madrid).
Falta de transparencia en la Administración
Pese
a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos
fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como
CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato.
Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas
en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública
impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
"No
sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de
600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid
es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe
técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos
obtener ese cálculo", insiste.
"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo
que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado
por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como
semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión,
bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por
parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión",
advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.
"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas
y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho
más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de
rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya
ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de
Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo
propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática,
sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin
transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz
de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la
prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos
hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.
"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró,
también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría
de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de
concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen.
La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad
del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero
restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia
el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros"
hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada
por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información
necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la
eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.
"Hay
demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público
de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta
este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones
que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la
información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes
suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha
compensado por el personal público que trabaja en concesionarias",
detalla Repullo. Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales" "Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas",
resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los
profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer
energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación
ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.
"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.
Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.
Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad",
"hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos
en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes,
al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a
ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad
científico-técnica".
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos
[los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus
intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el
presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública,
Marciano Sánchez Bayle.
Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo
"público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo
que ser rescatado en 2010.
De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la
Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La
historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad
habla por sí misma.
Los seis hospitales que el Ejecutivo de
Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de
gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo
(Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les
paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la
construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver
gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria
organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales
semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la
UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos
los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.
CAS-Madrid
denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han
recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de
los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias",
asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir
de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30),
prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día
queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara
otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos
hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo. Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el
Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el
aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si
no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro
que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a
estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de
análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados
a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes.
Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso
público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros
para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con
la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre
otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la
Fadsp.
Probando 'Alzira'
Además de los seis hospitales
PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado
público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona
que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean,
necesariamente, pacientes del mismo.
Este pago per cápita
se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de
Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de
Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado
explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la
falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han
visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de
gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi
el 20% de media en dichas partidas. CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privadaLas empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de
lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a
31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la
Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa
Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que
si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de
algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.
Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira
inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y
que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que
ser rescatado y mejorado.
Además, "lo que no se sabe todavía es
si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos
centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.
El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el
consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios
abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquettyno justifica con datossu estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada
cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta
955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado
en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales
tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica
de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:
En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes
asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el
gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias
por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la
asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara
que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la
asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales
a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno
regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año"
[ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de
600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste
de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería
de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.
Las sandeces que dice aquí Mariano Rajoy, no tiene parangón conocido hasta ahora. Es un irresponsable que está dejando la marca España tanto fuera como dentro peor que un trapo sucio.
En el video se pueden ver las mentiras, incongruencias y estupideces comentadas. No se quien ha hecho el video. Si alguien lo sabe que me lo diga y lo pongo
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público ―234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011―, excluyendo la Seguridad Social ―23.000 millones―, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos ―un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes―, pensiones demasiado altas ―la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15― o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del
PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000 millones, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones,
equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista
Hay que escucharles. Hay que vivirlo. Hay que implicarse.
Hay que cambiar las leyes, las prioridades y las formas.
Hay que adoptar códigos éticos elevados y buenas prácticas, y abolir la cosmética.
Hay que mantener la sacralidad de las palabras que son de todos y no usurparlas.
Hay que restaurarlas y preservar su valor de uso, que no de cambio.
Pierde la dignidad quien no repara en hacérsela perder a su hermano/a. Hay vidas en juego.
El poder no es el fin. El engaño no es el fin. El dinero no es el fin.
Sí- se- puede- sí- se- puede-sí- se- puede-sí se puede... Realización: Silvia González Laá / Miguel Martínez Shaw Sonido: Aleix Cuaresma
Pues tiene razón Rajoy: todo es falso. Seamos honestos y reconozcámoslo:
Es falso que usted sea un digno representante de España. Adonde
quiera que vaya será visto ya para siempre como un político sospechoso.
Es falso que nuestro país sea una democracia equiparable al resto de
las europeas. En cualquiera de ellas usted y su gobierno habrían sido ya
fulminados. Ministros y primeros ministros han debido abandonar sus
actividades políticas por asuntos mucho más nimios, desde ser acusado de
plagio en una tesis doctoral hasta la aceptación de viajes gratuitos,
al igual por ejemplo que su ministra Mato, a la que usted reconforta.
Es falso que haya una Causa general contra su partido, como sostienen
miembros de él y periodistas adictos, tratando de recuperar resonancias
del franquismo más implacable. Esto es, simplemente, que les acusan a
ustedes de ser unos chorizos.
Es falso, y cómico, que usted apoye su defensa en auditorías internas
y tal vez externas elegidas por ustedes porque en el Congreso de los
Diputados le nieguen y se oponga a una Comisión de Investigación.
Es falso que usted haya recuperado la confianza de los españoles: masivamente se la niegan. Pero eso a usted no le preocupa.
Es falso, grafológicamente imposible, que los papeles aparecidos sean falsos, y usted y ustedes lo saben.
Es falso que ustedes confíen en la justicia, sino que en lo que
confían es en el paso del tiempo y las marrullerías y trabas que puedan
pergeñar.
Es falso que usted con su acción de gobierno haya buscado la justicia
social; usted ha buscado representar la cara más dura del capitalismo.
Es falso que usted sea una persona humilde y asequible; usted es un soberbio y un pobre de espíritu.
Es falso que usted esté al servicio del pueblo. Usted confunde lo servicial con lo servil.
Es falso que usted ame la libertad de expresión e información y base
su defesa en querellas y demandas contra quienes más o menos
acertadamente informan pero nunca de modo tendencioso.
Es falso que usted vaya a sacar al país de la desconfianza y la
ruina, arruinándolo aún más con su actitud. Su intervención de ayer se
podría llamar ‘El triunfo de la desconfianza’.
Es falso que usted vaya a presentar una Cuestión de confianza en el Parlamento.
Es falso que usted no sea el causante del creciente descontento social.
Es falso que usted no sea el autor de que España ocupe el puesto número 1 de indigencia en Europa.
Es falso que usted crea en el parlamentarismo; usted solo cree en la adhesión y no en el diálogo y el acuerdo.
Es falso que usted tenga la menor voluntad reformista hacia el progreso; usted solo propone y apoya la regresión ideológica.
Es falso, en fin, que, como prometió, haga felices a los españoles.
Porque es falso todo lo que usted dijo, dice o pueda decir. Los papeles
no apócrifos de la historia lo certifican.
Sí, todo es falso. Empezando por usted.
Señor: ¿Me permite que le diga (...) que su estrella (...) está
amenazada por la más vergonzosa e imborrable mancha? Por eso me dirijo a
usted gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre
honrado. Es mi deber: no quiero ser cómplice.
Yo le acuso a usted como presidente del Partido Popular de haber
permitido la corrupción financiera dentro de su organización. Aunque no
fuese usted partícipe de estas actividades –permítame que lo dude-, es
usted responsable como máxima autoridad dentro de su partido por no
haber puesto los medios para evitar estas prácticas delictivas. De
saberlo, le acuso de delincuente. De no saberlo, le acuso de
incompetente.
Le acuso como presidente del Gobierno
de haber provocado con su silencio el descrédito nacional e
internacional no solo de su partido sino de la política española. Le
acuso de arrojar una sombra de duda sobre todo el país con su
incomparecencia pública que solo puedo interpretar como cobardía y temor
de quien algo oculta. Si tuviera usted la conciencia tranquila y las
cuentas claras debería haber salido de inmediato a responder a las
acusaciones que pesan sobre usted. Como no lo ha hecho cada segundo que
pasa me parece usted más sospechoso, más culpable. Como poco, culpable
de faltar a sus obligaciones de presidente del Gobierno que debe rendir
cuentas a la opinión pública cuando esta se las pide.
Le acuso pues de ser un cobarde por no atajar de inmediato esas faltas
de las que se le acusan si es que son verdaderas. Le acuso de ser un
irresponsable por dejar así que cunda el pánico, la indignación y el
desánimo entre sus ciudadanos. Le acuso de ser un miserable por dejar
que su miedo, indecisión o indiferencia se conviertan en desconfianza
hacia todo nuestro sistema democrático y hacia nuestro país a los ojos
del extranjero. Le acuso de indigno por abandonar a los millones de
personas que le votaron en las angustiosas dudas que ahora les acucian. Y
le acuso de traidor a todos nosotros por hacer caso omiso a un clamor
que le pide respuestas y por anteponer sus propios intereses al interés
común. Cada segundo que pasa y usted no comparece es una puñalada en las
espalda de los ciudadanos. Tenga esto bien claro.
Yo
acuso también a su partido de mentirnos al afirmar que no sabía nada de
los papeles de Bárcenas. Aparte de la inconsistencia del argumento y la
escasa credibilidad de su partido, les acuso porque ya hay un miembro
de su organización que ha declarado públicamente que recibió un préstamo
que consta en esos papeles. Les acuso además porque otra persona del
partido escribió también públicamente hace unos días que existían pagos a
sus miembros y ustedes no le han denunciado por difamación. Entiendo
que lo que ustedes niegan ante la opinión pública para intentar
salvarse, no lo niegan ante los tribunales porque saben que no tienen
pruebas en su defensa. Si las tienen, les acuso del delito de
ocultación.
Acuso a todos los nombres que aparecen en
los papeles de irresponsabilidad y estupidez por no presentar de manera
fulminante ante la luz pública sus patrimonios y papeles que acrediten
que están ustedes libres de toda sospecha. Al no hacerlo contribuyen
ustedes a que su honor quede en entredicho. Les acuso por tanto de
deshonestos, incluso con ustedes mismos, que es el más alto grado de
pérdida de conciencia.
Acuso demás a la cúpula del
Partido Popular de antidemocrático al amenazar con llevar a los
tribunales a quien difunda las informaciones veraces publicadas sobre
los papeles. La acuso de difamación por acusarnos a los periodistas de
difamarles a ellos. La acuso de infame por negar la evidencia de esos
papeles que hasta un examen grafológico han demostrado que pertenecen a
su ex tesorero, Luis Bárcenas, que tampoco ha negado que sean suyos. La
acuso de indignante por atribuirse la indignación en este caso cuando
resulta palmario, como acabo de exponer, que la actuación del partido
está siendo lamentable, independientemente de las implicaciones penales
del caso. Y por último acuso a la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal, de indigna de la posición que ocupa por negar ante
la opinión pública lo que toda la opinión pública está viendo.
Por todo ello, señor presidente, acuso a su Gobierno y a la cúpula de
su partido de ineficacia, ineptitud, incoherencia, cinismo, soberbia,
prepotencia, falsedad, manipulación, ocultación, irresponsabilidad,
traición, deshonor y degradación, cuanto menos moral y política. Les
acuso de ser incapaces para gobernar este país y gobernar su propio
partido. Por eso tengo que pedirles que dimitan en bloque y lo hagan
cuanto antes.
No ignoro que al formular estas acusaciones arrojo sobre mí los
artículos (...) que se refieren a los delitos de difamación. Y
voluntariamente me pongo a disposición de los Tribunales. Solo un
sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga (...). Mi ardiente
protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a
los Tribunales y que me juzguen públicamente.
Menú del congreso de los diputados.Dos platos, postre, bebida y café todo 3'55 ?.
Nuestros niños, por utilizar este comedor para sus "tuppers".Solo 3,80?. al día.
En un programa de radio Hace
unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles, en una
entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo
Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de
restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea de
Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus señorías
por la ridícula cantidad de 3,55?.
El señor Fernández comenzó por
negar la mayor, diciendo que no era cierto, que esa cantidad no era
correcta, y que como cualquiera podía comprender, era imposible poder
servir un menú por ese precio, con los gastos que ello conlleva de
personal, etc., y poder obtener unos beneficios como cualquier otra
empresa o negocio.
Lo que no sabía este señor es que el
periodista tenía en la mano un tiket en el que figuraba dicho importe,
cosa que corroborraron el resto de tertulianos que le acompañaban.
La
respuesta del Sr. Fernández fué ceder, pero sólo a medias, diciendo.
"Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio menú. El menú
completo cuesta más, como el de un restaurante normal y corriente".
De nuevo el periodista volovió a insistir: "En el tiket que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café".
Ante
esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar su brazo
a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio, que a pesar
de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de los menús que
se servían a sus señorías en los restaurantes de estas tres
instituciones.
Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a decir que:
"De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos servicios ESTAN SUBVENCIONADOS CON FONDOS PÚBLICOS.
Nos
hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar suculentas
dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que no es la
suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una tercera
parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro trabajador
que tiene que mantenerse de su bolsillo.
Nos enteramos también de
que le cuesta menos la comida a un senador o diputado de lo que paga
cualquier escolar en Madrid por llevar su comida de casa en una
fiambrera, que paga 3,80? por el uso del comedor y del horno microondas
en que se la calienta.
Nos hemos enterado, de paso, que a costa
del dinero de todos, cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a
precios por debajo del costo se podría ir a pique, es rescatada con los
dineros de todos, incluidos de los que están en el paro, de los que no
llegan a fin de mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera
para repartir el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de
cada mes.
Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente
del gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un
café en un bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta
que dos platos, postre, bebida y café valen 3,55? el café sólo debe
andar bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor aseguró que
costaba.
Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crísis por que han oido hablar de ella.
Basta ya de vividores del cuento que se reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo.
Basta
ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin
vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a
los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana. PASALO...Que se entere cuanta mas gente mejor........
La triquiñuela usada por Bárcenas según la cual, sí regularizó con Hacienda, no ridiculiza a esta, sino a Montoro y Gobierno de PP con sus injustas anmistías fiscales. Sea como sea Bárcenas es un evasor y deja la transparencia del PP por los suelos y lo mas parecido a un partido podrido donde estaban unidos solo por el dinero. Se acabó el dinero y cada uno por su lado haciendo la guerra por su cuenta y con el lema "sálvese el que pueda". Son incapaces de gobernar en una situación de emergencia como la que hay, paro salvaje, hambre, deshaucios injustos, privatizaciones escandalosas de sanidad y educación, leyes y tasas desorbitadas y fuera de contexto, represión intolerable, reforma laboral que retrotrae los derechos a hace mas de un siglo y en general una manera de gobernar a favor de la banca y gran empresa dejando abandonados sobre todo a las capas débiles de la sociedad. Estos patriotas de pacotilla están terminando de vender España al mejor postor. Eso sí el mejor postor para ellos ya que piensan que luego recibirán el pago a los servicios prestados como así ha sido con los expresidentes anteriores.
Por esto habría que pensar sin más en unas elecciones anticipadas lo antes posible. Así que se vayan preparando las izquierdas porque hay mucho que hacer y que decir. Cuando digo izquierdas no me refiero al Psoe ya que siguen viviendo en un mundo paralelo que ya no tiene que ver con la realidad del pais.
Se necesitan partidos que cambien la triste realidad del país con reformas que beneficien al pueblo llano y sobre todo a las capas más débiles, no solo a bancos y grandes empresas. Recuperar lo perdido en sanidad y educación y mejorarlo por supuesto. Eliminar el despilfarro institucional en que se ha convertido España gracias al PP y antes al PSOE. También hay que cambiar la Ley Electoral y la Constitución en el sentido que el pueblo tenga una manera de defenderse de los abusos del poder, cosa que no sucede ahora ya que el partido en el Gobierno actual, llegó al poder escondiendo las propuestas que luego iba a utilizar para castigar a la población hasta límites inauditos. En una palabra, mintió y ahora manipula como pocas veces se ha visto en política y no pasa nada, siguen ahí como si tal cosa, intentando robar las últimas migajas del pastel. Todo ello en aras de una supuesta democracia que la han convertido en un estercolero.
Porque España no se merece este sufrimiento, debemos acabar con esta lacra lo antes posible por justicia y por el bien de todos
Imagen de Luis Bárcenas en la sede del PP. / Emilio Naranjo (Efe)
El plazo para acogerse a la regularización tributaria especial (la
llamada “amnistía fiscal”) concluyó el 30 de noviembre de 2012. En ese
momento las consecuencias jurídicas de la regularización eran
estrictamente administrativas y pertenecían al orden tributario. Las
personas que se beneficiaron de la amnistía promovida por el Gobierno
mediante Decreto-ley se pusieron al día con Hacienda pagando simplemente
el 10% de sus rentas ocultas y no prescritas. Pero esas personas no regularizaban nada
en el ámbito penal, por la comisión de un delito de blanqueo de
capitales o contra la Hacienda Pública, por ejemplo. Sólo quedaba exento
de responsabilidad penal –gracias a la llamada excusa absolutoria-
el que, espontáneamente y anticipándose a posibles actos de
averiguación de la Administración Tributaria o a la interposición de una
querella o denuncia por el Abogado del Estado o el Fiscal (o con
anterioridad a diligencias de este último o del Juez de Instrucción),
había ingresado las cuotas totales -inicialmente defraudadas- correspondientes al impuesto eludido.
El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código Penal “en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social”.
¿Qué bien, verdad? Pero, sorprendentemente, esa Ley contiene una
“disposición adicional única” introducida a última hora en el proceso de
su elaboración parlamentaria que lleva por rúbrica “efectos de la
declaración tributaria especial”. No les voy a cansar con argumentos
farragosos. Sólo quiero decirles que esa disposición establece una presunción legal irrebatible: las rentas inicialmente no declaradas que se hubieran regularizado a través de la declaración tributaria especial se entenderán declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo, respecto de cada periodo impositivo al
que deban imputarse. Esa ficción legal tiene la fuerza de los hechos
reales: no se puede perseguir penalmente a quien ya declaró
correctamente en su día.
La Ley Orgánica 7/2012 ha entrado en vigor hoy, 17 de enero de 2013,
casualmente el mismo día en el que un abogado del ex tesorero y ex
senador del PP, Luis Bárcenas, dice que su cliente se
acogió a la amnistía fiscal y regularizó diez millones de euros. La Ley
Orgánica 7/2012 tiene eficacia retroactiva y reescribe el pasado. Luis
Bárcenas, cuando regularizó antes del último 30 de noviembre, estaba
imputado por un juez de la Audiencia Nacional y no había pagado sus
cuotas del IRPF correctamente en los plazos reglamentarios. No disponía
de impunidad penal y –dadas las fechas de su presunta participación en
la trama Gürtel- se exponía a una condena por delitos contra la
Hacienda Pública de hasta cuatro años de prisión y multa del tanto al
séxtuplo de la cuantía defraudada. Si fuera cierto lo que dice el
letrado de Bárcenas, su caso plantearía ahora muchos interrogantes. El Real Decreto-ley que aprobó la amnistía fiscal excluyó de sus beneficios a quienes, antes de regularizar, habían sido ya requeridos por la Agencia Tributaria en un procedimiento de comprobación o investigación.
No sé, formalmente, si es el caso de Bárcenas, pero literalmente el
Decreto no se refiere a otras actuaciones previas del Estado (como una
imputación penal). Me inclino por pensar que un imputado no puede
beneficiarse de los efectos de la amnistía (o de la presentación de una
declaración complementaria), pero es evidente que la reforma ya señalada
del Código Penal es una indecencia general y completa. Y en el caso
particular de Bárcenas ofrece la suficiente confusión jurídica para que
sus abogados intenten explotar sus posibles fugas y resquicios en
beneficio de su cliente. Esa norma es una invitación estatal a la burla y
a la impostura de gentuza muy peligrosa, se mire como se mire.
Hoy Luis Bárcenas, si damos crédito a sus abogados, pretende ser un
ciudadano honrado y limpio de polvo y paja en el ámbito penal-tributario
respecto a las rentas regularizadas. La Agencia Tributaria, el Fiscal
Anticorrupción, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional…todos menos Mariano Rajoy tenían
indicios racionales de que era un delincuente fiscal. Pero hoy, 17 de
enero de 2013, Luis Bárcenas quiere hacernos creer que ha sido bautizado
por el legislador democrático y que está ya más limpio que un sanluis.
San Luis Bárcenas Gutiérrez, antiguo tesorero y senador del PP, ha
declarado y pagado sus impuestos en plazo. Esa es su versión. La Agencia Tributaria ha sacado una nota que desmiente la versión interesada de Bárcenas, pero no da ningún argumento técnico sobre el embrollo que ha originado la Ley Orgánica 7/2012. En resumen: Rajoy encubrió
a Bárcenas en 2009 y ahora que está sufriendo los efectos de su
desesperación no sabe cómo desconectarle del aparato de respiración
asistida que le ha proporcionado la Ley Orgánica 7/2012. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
No se me ocurre nada más. Sólo, parafraseando a Rousseau, decir que la ley es la expresión de la voluntad general.
Los diputados y senadores que han votado a favor de la Ley Orgánica
7/2012 puede que no sepan nada de Rousseau. Pero serán recordados por el
pueblo español incluso en la otra vida.
