¿Qué se esconde detrás de la privatización de la sanidad Pública?
El doctor Victor Gutiérrez Millet que fue jefe de nefrología del hospital 12 de Octubre, habla sobre las trampas que está usando el gobierno de Madrid para privatizar la sanidad pública. Fue uno de los médicos que debían haber estado hasta los 70 años por contrato y que de repente fueron cesados, jubilados o despedidos del cargo de un día para otro. Todo gracias a la impresentable plana mayor de dirigentes mafiosos que tenemos en la Comunidad de Madrid.
No tiene desperdicio y es fantástico para profundizar y aprender sobre el tema de la sanidad y su problemática actual. Sobre todo viniendo de un esperto que lleva 40 años ejerciendo
También es curioso como él mismo en otras entrevistas se define como de derechas y votante del PP, para que no haya dudas en cuanto que podría ser un topo de la oposición que quiere fastidiar al PP, lo cual le da mucho mas valor a sus apreciaciones sobre la estafa sanitaria. En otras declaraciones suyas ha dicho que hay que hacerles perder las próximas elecciones y desprivatizar o expropiar la sanidad, ojo dice "expropiar".
Hay que reconocer que han hecho un mal negocio con él, ya que no para de dar charlas, conferencias y escritos a favor de la sanidad pública y a su vez en contra del PP madrileño, al que tilda no de derecha sino de ultraderecha que solo piensa en beneficios privados y no en la salud de los pacientes.
El vídeo dura unos 30 minutos pero merece la pena
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CAPIO SANIDAD SL, consejero delegado y accionista del entramado Capio en el Estado español. Responsable, cabeza visible y ejecutor de la política privatizadora de la sanidad pública.
Víctor Madera es el
De origen asturiano, tiene 51 años. Vive entre Madrid y Londres, donde actualmente tiene fijado su domicilio fiscal, lo cual resulta curioso, pues el pago de impuestos allí es mucho menor con respecto a lo que tendría que pagar si su domicilio fiscal radicara en Madrid.
Su patrimonio ha disfrutado de un vertiginoso aumento al amparo del entramado Capio y de fuertes operaciones especulativas por las que ha ganado millones de euros. Las remuneraciones que percibe como consejero del entramado Capio superarían escandalosamente el salario del presidente del gobierno.
2. A través de un entramado de sociedades es propietario de numerosos inmuebles destinados a la especulación. La mayoría de ellos son antiguos palacios declarados bienes de interés cultural de gran valor histórico en Asturias. El hecho de que su socio Celso González haya comprado recientemente la cadena hotelera Grupo Playa Sol (intervenida tras la detención hace meses de su propietario Fernando Ferré) sumado al hecho de que los palacios permanezcan cerrados y sin actividad alguna podría sugerir la posibilidad de que Víctor Madera, a través de la empresa Paisajes de Asturias SL, pretenda destinar los mismos al negocio hotelero. A continuación se muestran algunas de sus propiedades inmobiliarias:
* Palacio Villa Excelsior (Luarca)
* Palacio Torres de Donlebún (Barres)
* Palacio de Trenor (Figueras)
* Palacio Torres de los Morenos (Ribadeo)
* Marques de Santa Cruz (Oviedo)
* Palacio de los Duques de Estrada (Llanes)
* Finca de más de 200.000m² (Formentera)
* Casa de campo en Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
* C/ Valenzuela, (Madrid): en el mismo edificio posee 3 apartamentos de grandes dimensiones
* Urbanización Calo Del Real. Sant Josep de Sa Talaia (Islas Baleares): mansión de lujo en primera linea de playa.
3. Víctor Madera no solo forma parte del entramado de Capio sino que es propietario o participa en el consejo de administración en calidad de presidente de numerosas empresas. A continuación se muestran una lista de sociedades en las que participa a título particular:
PAISAJES DE ASTURIAS empresa dedicada a la compra de palacios de gran valor histórico y cultural en Asturias.
INABOL AHORRO SL. Compra, venta, suscripción, tenencia, gestión y administración de acciones, participaciones o valores, por cuenta propia.
GLOBAL HATTINA SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=7416> Asesoramiento en materia económica, contable y financiera. Así como a participación en proyectos industriales y comerciales mediante la suscripción de acciones y participaciones de sociedades mercantiles.
COMPAÑIA ALGARVE 2005 SA. Dedicada a la compra, construcción, promoción, venta, cesión, arrendamiento, administración y cualquier otra forma de explotación de toda clase de bienes inmuebles.
INICIATIVAS DE ASESORAMIENTO MEG SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=7424> Adquisición, transmisión y enajenación de toda clase de acciones, bienes, obligaciones, participaciones y derechos con exclusión de las actividades reguladas en la ley del mercado de valores
CONDOMINIO ONCE DE NOVIEMBRE S XXI SL.<http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=40501> Realización de todo tipo de actividades de instalación eléctrica, fontanería, agua caliente, calefacción y aire acondicionado, incluidas en las mismas la redacción de proyectos, ejecución material de obra y expedición de certificaciones. Ha llevado a cabo obras en hospitales y centros sanitarios.
AULAMUNDI SL. Conformar o ser parte de instituciones de educación en las que se impartan todas o algunas de las enseñanzas y niveles permitidos en la legislación del país en que radiquen.
GAMBIOA 2000,SL cuyo objeto social es la adquisición, construcción, ejecución, promoción, traspaso, cesión, restauración, reparación y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles o servicios urbanísticos.
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y AMERICA DEL SUR, SA <http://www.empresia.es/empresa/compania-inmobiliaria-y-promotora-de-la-republica-argentina-y-america-del-sur/> Adquisición, cesión, arrendamiento, tenencia, disposición, transformación, administración y disfrute de toda clase de inmueble.
4. Como presidente de Capio en el Estado español su nombre aparece en las empresas que Capio ha creado o comprado para poder explotar el ámbito sanitario:
5. Además, Víctor Madera ha formado parte de las siguientes empresas, en las que ya no participa en su órgano de dirección o bien lo hace en la sombra:
La empresa en la que participa Víctor Madera, Iniciativas de Asesoramiento MEG, tiene acciones en la empresa Investment Circle Germany-Spain S.A. El accionista mayoritario de esta empresa es Partner SL propiedad de Amancio Ortega. ¿Algunas de la anteriores empresas tiene vinculación con las Islas Caimán? De ser así exigimos explicaciones de los motivos que puede llevar al futuro responsable de la gestión de la sanidad pública a relacionarse con dicho paraíso fiscal.
Conociendo quién es Víctor Madera y sus intereses en la sanidad pública conviene saber cómo funciona Capio y los riesgos que conlleva su futura gestión de hospitales y centros de salud. A continuación se muestra un breve resumen de sus papel en la actualidad.
¿QUIÉN ES CAPIO?
Capio es una empresa de capital riesgo dedicada a la especulación, radicada en las Islas Caimán.
2. Capio ya es propietaria de parte de la sanidad pública española mediante la gestión y explotación de hospitales, centros de especialidades y centros de salud obteniendo enormes beneficios a costa de disminuir la calidad del servicio público, convirtiendo la salud en un negocio.
3. Recientemente Capio España ha cambiado su nombre por IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía).
4. En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.
La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC european equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y esta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio sanidad Holding SL que a través de Desarrollos empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.
El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible.
Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.
5. En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:
* Fundación Jimenez Díaz.<http://www.fjd.es/>
* Hospital Rey Juan Carlos<http://www.nuevohospitalpublicomostoles.es/>
* Nuevo Hospital Público de Collado Villalba <http://www.hospitalpublicocolladovillalba.es/>
* Capio Hospital General de Catalunya. Barcelona <http://www.hgc.es/cat/>
* Capio Hospital Sur de Alcorcón<http://www.capiosanidad.es/centros/h-sur-alcorcon>
* Capio Hospital Tres Culturas. Toledo <http://www.capiosanidad.es/centros/h-tres-culturas>
6. Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.
7. Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.
Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.
No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.
El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.
Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.
Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.
Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.
Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.
¡La sanidad no se vende, se defiende!
Presenta denuncias contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caja
Rural del Sur y Banco Popular. Prepara acciones contra otras entidades.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado las cláusulas suelo de las hipotecas ante las diecisiete comunidades autónomas.
La asociación exige sanciones proporcionales a las dimensiones de las
irregularidades cometidas por la banca con esta cláusula abusiva y los
beneficios económicos que le viene reportando al impedir que los
usuarios se hayan beneficiado de las bajadas del euríbor.
FACUA ha remitido una primera batería de denuncias a las diecisiete
autoridades de consumo autonómicas contra BBVA, Cajasol Caixabank,
Unicaja, Caja Rural del Sur y Banco Popular.
La asociación, que prepara acciones contra otras entidades, invita a
los usuarios a que le aporten copias de sus contratos hipotecarios para
contribuir a ampliar el número de bancos denunciados. Les pide que asuman sus competencias
En las denuncias, FACUA reclama a las agencias, institutos,
direcciones y secretarías generales de consumo de las comunidades
autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, declaren abusivas
las cláusulas suelo, insten a los bancos al cese de las prácticas y la
devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios y
apliquen sanciones contundentes.
FACUA argumenta la ilegalidad de las cláusulas suelo y las
competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuariosl aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores.
Ya en 2009, la
asociación pidió al Instituto Nacional del Consumo (INC) que actuase
contra estas cláusulas, pero el organismo se desentendió del asunto
derivándolo al Banco de España, que no puso objeción a su aplicación con
el argumento de que eran el resultado de una supuesta negociación entre
el usuario y la entidad bancaria. Fue uno más de los muchos casos en
que los organismos competentes miraron hacia otro lado ante los abusos
financieros. Han impedido beneficiarse de las bajadas del euríbor
Un altísimo porcentaje e los préstamos hipotecarios a interés
variable concedidos en los últimos años incoporan una cláusula por la
que se establece un interés mínimo a aplicar (ver estudios de FACUA de 2010 y 2011).
Esto viene impidiendo que al revisarse anualmente el tipo aplicable se
tome como referencia el euríbor más el diferencial que aparecen en el
contrato si están por debajo del suelo.
Frente a esta cláusula suelo, las entidades financieras o bien no
incluyen como contrapartida un tipo de interés máximo o cláusula techo, o
ésta sí aparece en los contratos pero implica un tipo de interés
desproporcionadamente alto, que en ningún caso se ha alcanzado teniendo
en cuenta la evolución del euríbor en los últimos años y los
diferenciales incluidos en las hipotecas.
FACUA argumenta en sus denuncias que las citadas cláusulas suelo han
sido impuestas por las entidades financieras en sus contratos de
préstamos hipotecarios sin que el usuario tuviese capacidad de
negociación al respecto, con el claro objetivo de beneficiar al banco,
introduciendo una clara situación de desequilibrio entre el prestador
del servicio y el usuario.
Prueba de la ausencia de buena fe por parte de los bancos es que el
techo establecido en los contratos que lo incluyen no es en ningún caso
proporcional al suelo. Para que lo fuese, en el momento del contrato la
diferencia a la baja entre el suelo y el euríbor más el diferencial
tendría que haber sido la misma que la diferencia al alza entre éste y
el techo. Por qué son abusivas
En sus denuncias, FACUA recuerda que en estas cláusulas se producen
los tres requisitos que para ser consideradas abusivas establece el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios: que no exista negociación individual, que se produzca en
contra de la buena fe un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes y que las circunstancias concurrentes en el
momento de la firma del contrato así como todas las demás cláusulas del
mismo lleven a esta conclusión.
El apartado 4 del artículo 82 de la citada ley, referido a la lista
de cláusulas abusivas recogida en los artículos 85 a 90 del mismo,
plantea que "en todo caso son abusivas", entre otras, las que "resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato", recuerda la asociación.
Asimismo, las citadas cláusulas también pueden encuadrarse en el
supuesto que contempla el apartado 5 del artículo 87 de la ley, referido
a las cláusulas abusivas por falta de reciprocidad: "son abusivas
las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario".
Por su parte, FACUA señala que la directiva europea sobre cláusulas
abusivas establece en su artículo 7 que los Estados miembros deben
velar por que las organizaciones que tengan un interés legítimo en la
protección de los consumidores puedan acudir a los órganos
administrativos competentes "con el fin de que estos determinen si
ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización
general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y
eficaces para que cese la aplicación".
Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en
el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial
para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al
respecto
Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública,
sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que
acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas
directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca
de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que
advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que
salvan vidas.
Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser.
La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de
pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo
peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves
ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si
esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos-
lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En
el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a
los PFI madrileños ( HospitalInfanta Sofía, Infanta
Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del
Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones,
el
cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores
eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos
más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos:
es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos
menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con
menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem,
que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los
contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias
"no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma
completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a
los centros 100% públicos, los hospitales privatizados
tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la
atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede
suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección
de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos,
la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de
médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a
tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias
que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde
épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
"El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En
cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes,
además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios".
"Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el
ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía
de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que los sistemas universales y públicos son los que
consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también
el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar
con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las
empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios
y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos,
del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala
también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS-Madrid).
Falta de transparencia en la Administración
Pese
a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos
fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como
CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato.
Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas
en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública
impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
"No
sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de
600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid
es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe
técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos
obtener ese cálculo", insiste.
"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo
que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado
por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como
semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión,
bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por
parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión",
advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.
"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas
y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho
más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de
rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya
ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de
Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo
propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática,
sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin
transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz
de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la
prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos
hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.
"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró,
también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría
de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de
concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen.
La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad
del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero
restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia
el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros"
hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada
por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información
necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la
eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.
"Hay
demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público
de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta
este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones
que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la
información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes
suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha
compensado por el personal público que trabaja en concesionarias",
detalla Repullo. Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales" "Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas",
resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los
profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer
energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación
ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.
"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.
Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.
Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad",
"hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos
en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes,
al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a
ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad
científico-técnica".
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos
[los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus
intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el
presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública,
Marciano Sánchez Bayle.
Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo
"público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo
que ser rescatado en 2010.
De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la
Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La
historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad
habla por sí misma.
Los seis hospitales que el Ejecutivo de
Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de
gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo
(Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les
paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la
construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver
gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria
organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales
semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la
UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos
los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.
CAS-Madrid
denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han
recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de
los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias",
asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir
de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30),
prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día
queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara
otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos
hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo. Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el
Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el
aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si
no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro
que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a
estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de
análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados
a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes.
Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso
público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros
para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con
la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre
otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la
Fadsp.
Probando 'Alzira'
Además de los seis hospitales
PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado
público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona
que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean,
necesariamente, pacientes del mismo.
Este pago per cápita
se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de
Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de
Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado
explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la
falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han
visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de
gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi
el 20% de media en dichas partidas. CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privadaLas empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de
lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a
31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la
Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa
Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que
si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de
algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.
Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira
inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y
que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que
ser rescatado y mejorado.
Además, "lo que no se sabe todavía es
si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos
centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.
El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el
consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios
abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquettyno justifica con datossu estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada
cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta
955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado
en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales
tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica
de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:
En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes
asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el
gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias
por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la
asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara
que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la
asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales
a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno
regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año"
[ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de
600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste
de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería
de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.
Hay que escucharles. Hay que vivirlo. Hay que implicarse.
Hay que cambiar las leyes, las prioridades y las formas.
Hay que adoptar códigos éticos elevados y buenas prácticas, y abolir la cosmética.
Hay que mantener la sacralidad de las palabras que son de todos y no usurparlas.
Hay que restaurarlas y preservar su valor de uso, que no de cambio.
Pierde la dignidad quien no repara en hacérsela perder a su hermano/a. Hay vidas en juego.
El poder no es el fin. El engaño no es el fin. El dinero no es el fin.
Sí- se- puede- sí- se- puede-sí- se- puede-sí se puede... Realización: Silvia González Laá / Miguel Martínez Shaw Sonido: Aleix Cuaresma
Una pareja de Córdoba ha conseguido iniciar el primer juicio por la vía penal, ya que la jueza ve indicios de engaño en su caso
"Las preferentes son un timo". Así lo recuerdan desde el 15MpaRato, la plataforma ciudadana que se ha querellado contra Rodrigo Rato por la vía penal.
Tres de los casos particulares que contempla la querella que presentó
este colectivo han sido estafados por preferentes. "Tres de nuestros 15
afectados están en la causa porque han sufrido el canje de preferentes
por acciones", cuenta un miembro de 15MpaRato a Público.
"Nosotros en este caso, en la propia querella, tratamos también el tema
de preferentes", asegura. Por ello quieren recordar al resto de
afectados que pueden plantear una acusación formal por la vía penal "para que los responsables no queden impunes", añade.
Desde esta plataforma están ofreciendo información sobre preferentes
a aquellas personas que se ponen en contacto con ellos tras haber sido
estafadas. Los abogados Juan Moreno Yagüe y Francisco Jurado son quienes
se están encargando de asesorar los casos particulares que se les
consultan. "Divulgamos información, hay personas que nos están
contactando a las que les estamos dando asesoramiento para que lleven
sus casos por la vía penal" señalan desde 15MpaRato a Público.
"Hay más personas mayores a las que se les ha engañado", critica un afectado
En
este colectivo piden la "misma consideración" para el resto de casos de
preferentes, por lo que esperan que la resolución de su querella sea
significativa para el resto de estafados. "No olvidamos el tema de las
preferentes, está dentro de esta querella", asegura este miembro del
colectivo.
Antonio Martínez es el hijo de una de las afectadas por preferentes
que participan en la querella contra Rato. Isabel, la madre de Antonio,
tiene 75 años y creía tener guardados 38.000 euros en un plazo fijo.
Sin embargo, estaban en preferentes que fueron canjeadas por acciones de
Bankia. Antonio espera a que le avisen desde la entidad financiera
para un "comisionado particular" que deben realizar para valorar su
caso. "Mi madre no tenía ningún interés en meter nada de dinero para que
le diera más rédito, ella pensaba que tenía un plazo fijo y se fió del
señor que estaba", asegura Antonio Martínez a Público. "Hay más personas
mayores a las que se les ha engañado", critica el hijo de la afectada, "hay que pensar en las formas que hay para que nos devuelvan nuestro dinero".
El
juez que lleva la querella del 15MpaRato ha dictado una providencia en
la que requiere a todas las entidades que formaban Bankia documentación sobre preferentes
que podría ser crucial para demostrar si realmente existía el mercado
de las preferentes. De esta forma se demostraría que estos activos
tóxicos fueron una estafa.
El abogado que lleva la querella del 15MpaRato, Juan Moreno Yagüe, alerta de la posibilidad de que el mercado secundario en el que se comercializan las preferentes no haya existido nunca.
Juan Moreno espera que en un mes y medio como mucho se pueda aclarar
este dato tras haber solicitado información a distintas entidades
financieras por orden del juez del caso de Rodrigo Rato. "Si no ha
habido mercado en esas siete series (las que se contemplan en la
querella que lanzó 15MpaRato) en noviembre de 2011, la probabilidad de
que eso haya pasado en todas las series es muy alta", asegura este
abogado.
Este dato, todavía no constatado, se extrae de la
investigación que se está realizando por la querella que se admitió a
trámite por la Audiencia Nacional que acusaba a Rodrigo Rato. "Seguimos
pidiendo información a todas las entidades, dicen que no tienen esos
datos exactamente, las antiguas cajas dicen que los tiene Bankia",
declara Juan Moreno a Público. " Si usted (como entidad
bancaria) ha cambiado las preferentes, tiene que tener la información en
sus bases de datos", asegura, "no necesito ni peritos, ni auditores, o
aparecen los contratos de venta o te has inventado los precios".
En
el caso de que las entidades financieras se hayan inventado los precios
de las preferentes se produciría una doble estafa, ya que serían las
mismas las que decidirían qué valor tienen estos activos tóxicos, por lo
que forzarían a sus clientes ahorradores a convertirse en accionistas
del banco forzosos. Primer caso particular contra un subdirector de sucursal
Ángel
Ojeda y Rafaela Molina son dos afectados por preferentes que decidieron
no quedarse de brazos cruzados y presentar una denuncia particular.
"Llevamos dos años luchando para que nos devuelvan nuestros ahorros",
asegura Ojeda. Esta pareja ha conseguido que se inicie el primer juicio
por lo penal contra una estafa por preferentes. La magistrada que lleva su caso en Córdoba ve indicios de engaño en su caso por parte del subdirector de una oficina de La Caixa, y tiene declarado responsable civil al banco.
En el último auto que dictó la Audiencia de Córdoba sobre el caso
rechaza el recurso de la defensa del subdirector y califica el hecho de
estafa. Se debería a que el empleado del banco no explicó correctamente que las participaciones preferentes no tenían liquidez
para la compra de un local que querían adquirir, según dice el
tribunal. Ante este auto no cabe recurso, por lo que se va a iniciar el
primer juicio penal por la estafa de las preferentes.
Los afectados por preferentes recomiendan reclamar el dinero perdido a los bancos
Este
matrimonio también se dirige a otros estafados por preferentes como
ellos y les piden que "se informen, se organicen y busquen la manera de
ponerse en contacto con otros estafados", según ha declarado a Público. Recomiendan no descartar "ninguna de las vías que
haya a nuestro alcance para reclamar nuestros ahorros". Desde
"protestar en la calle ante las sucursales bancarias" a "presentar
reclamaciones en los servicios de consumo, ante la CNMV, el Defensor del
Pueblo, la fiscalía o el juzgado", señalan.
La estafa de las
preferentes no sólo conlleva la pérdida de lo económico, sino que
también supone un desgaste a las personas estafadas. "Las víctimas de
cualquier tipo de abuso pasan por diversas fases en las que se mezclan
sentimientos de indignación, de vergüenza y, sobre todo, de miedo, miedo
a que no te crean", declara. Por este motivo, Ángel Ojeda y Rafaela
Molina animan a otros afectados a luchar contra ello. "La restitución de
ese daño pasa, entre otras cosas, por el reconocimiento público de que
se ha engañado", aseguran a Público.
Fabulosa intervención de Ada Colau representante de la PAH (Personas Afectadas por la Hipoteca) en el Congreso y diciendo verdades como puños que solo pueden molestar a algunos parásitos que están en las instituciones cobrando para no hacer nada y como representantes de la gran banca que son sus dueños.
Si usted es uno de los más de 150.000 ahorradores atrapado en
participaciones preferentes emitidas por los bancos nacionalizados
(Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa) se le abren tres opciones de
actuación: la vía judicial, el canje por acciones de las entidades o los
arbitrajes prometidos por Guindos, que no obstante sólo se aplicarán
para los casos “más flagrantes” de mala comercialización.
Los
arbitrajes parecen a día de hoy la opción más rápida para recuperar el
dinero. El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la
jurisdicción ordinaria, por lo que se espera que de este modo se
agilice lo máximo posible el encuentro de soluciones para los clientes.
En concreto, desde que comienza el proceso hasta que el afectado tenga
una resolución pasará entre un mes y medio y dos meses.
El primer
paso que deben tomar los clientes es acudir a la oficina de consumo que
tengan en su localidad, o, en su defecto, al propio ayuntamiento, para
presentar la solicitud y entrar en el proceso de arbitraje, que en
ningún caso supondrá un coste para los afectados.
No todos los
afectados podrán acudir a la vía del arbitraje, sino que será un asesor
privado, KPMG en el caso de Bankia, el que establezca los casos en los
que estos instrumentos se vendieron a inversores sin el suficiente
conocimiento. Esto ha levantado las sospechas sobre los criterios que se
utilicen finalmente.
En ese sentido, Gobierno y PSOE han acordado
que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Elvira Rodríguez, y el Banco de España que dirige Luis María
Linde ostenten respectivamente la presidencia y vicepresidencia de una
comisión de seguimiento que se creará para supervisar los procedimientos
de arbitraje de preferentes y deuda subordinada comercializados por las
entidades nacionalizadas a particulares.
La comisión también
estará formada por la Secretaría General de Sanidad y Consumo-Instituto
Nacional de Consumo, la del Tesoro y Política Financiera, las
consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado
en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Una vez
hecha la criba, otro factor a tener en cuenta es que el laudo será
inapelable. En otras palabras, el afectado no podrá recurrir la decisión
de ninguna manera si no le es favorable, ni siquiera podrá acudir a la
justicia ordinaria. Hay que tener en cuenta que durante las últimas
semanas se han ido conociendo diferentes sentencias favorables a los
afectados que han acudido a los tribunales para recuperar sus ahorros, a
los que se restituirá el 100% de los importes invertidos.
Además,
los clientes deberán tener en cuenta que en caso de un laudo favorable
recuperarán el 100% de sus ahorros, pero se tendrá en cuenta más que
probablemente los rendimientos obtenidos durante el período en el que
las preferentes pagaron puntualmente sus cupones.
No obstante, los
arbitrajes son, a día de hoy, la vía más posible para que los tenedores
de las preferentes recuperen sus inversiones. Los tenedores de
preferentes que no puedan acogerse a los arbitrajes perderán de media un
40% de su inversión, según avanzó el propio Guindos, que destacó que la
quita que se aplicará finalmente será muy inferior a la prevista cuando
el Gobierno firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) para el rescate
bancario, ya que Bruselas exigía que el canje se realizase a precios de
mercado. Algunos de estos títulos han llegado a cotizar en los últimos
meses con descuentos de hasta el 90%.
En los casos de Novagalicia y
CatalunyaCaixa, que no cotizan en Bolsa, aún se desconoce cómo se
orquestará el canje por acciones, aunque en los mercados se ha
especulado con la posibilidad de que sea el Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD) el encargado de dar liquidez a estos productos. En
Bankia, una vez que se canjeen las preferentes por acciones, el cliente
podrá venderlas en el mercado.
Aunque el canje el canje por
acciones se realice antes de que se lleven los arbitrajes, cómo
seguramente ocurrirá, en caso de un laudo favorable se les devolverá el
100% de los ahorros igualmente.
Bankia, Novagalicia y
CatalunyaCaixa, los tres grupos de cajas nacionalizados por el Estado,
tienen en circulación algo más de 4.500 millones de euros en
participaciones preferentes, en las que han quedado atrapados miles de
clientes que ni pueden retirar sus inversiones ni cobran intereses.
El
grueso de las preferentes en circulación corresponde a la emisión que
en mayo de 2009 realizó Caja Madrid, hoy en Bankia. La entidad, entonces
presidida por Miguel Blesa, lanzó una emisión de 1.500 millones de
euros en preferentes, que amplió hasta 3.000 millones dada la alta
demanda recibida. En total, Bankia tiene alrededor de 3.200 millones de
euros en preferentes emitidas por las cajas fundadoras del grupo,
incluidas las emisiones a las que no se ha ofrecido una solución y
aquellas en las que los tenedores no aceptaron el canje.
En una
situación similar se encuentran lo clientes de CatalunyaCaixa, que suma
preferentes por valor de 510 millones de euro, y la situación podría
alargarse. Novagalicia, por su parte, tiene en circulación 903 millones
de euros en preferentes, procedentes de Caixa Galicia y Caixanova,
aunque en una proporción desigual. Mientras la caja que dirigió José
Luis Méndez suma 574,99 millones, la presidida por Julio Fernández
Gayoso emitió preferentes por 328 millones.
Banco de Valencia
tiene en circulación participaciones preferentes por valor de 77,3
millones de euros. El valor nominal de los títulos era de 50.000 euros,
un precio no apto para todos los bolsillos.
El exministro Angel Acebes fue nombrado consejero del Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, el 27 de julio de 2011,
y cobró ese año de la entidad, por cinco meses y cuatro días en el
puesto, un total de 163.000 euros. Es decir, más de 1.000 euros diarios.
Público ha tenido acceso a la grabación de audio íntegra de la
declaración del exministro del Interior como imputado en la Audiencia
Nacional. Admite un sueldo de 163.000 euros por cinco meses y cuatro
días de consejero en 2011, y que ni el Banco de España ni la auditora
Deloitte le avisaron de los problemas del banco
A
la pregunta del fiscal sobre las circunstancias que permitieron su
ingreso en BFA, que le reportó tan jugosos dividendos, contestó: "Me propuso el presidente (Rodrigo Rato) a la Junta General, y la Junta General lo avaló por unanimidad, y ése fue el sistema". Sin más. Público ha tenido acceso a la grabación íntegra en audio
de la declaración que prestó Acebes como imputado en el 'caso Bankia'
ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el pasado 23 de
noviembre.
En la misma, el último ministro del Interior de Aznar sostiene que ni el Banco de España ni la auditora Deloitte
le avisaron, en su calidad de presidente de la Comisión de Auditoría de
BFA, del agujero en las cuentas que obligó en pocos meses a
nacionalizar el banco.
Tan poco le perturbaban las cuentas de BFA y
Bankia, a punto de desmoronarse, que cuando dimitió, el 24 de abril de
2012, para irse de consejero a Iberdrola, lo hizo "muy tranquilo. Me
fuí sin ninguna preocupación", ya que el día anterior tuvo conocimiento
de que el Banco de España había aprobado un plan de capitalización de
la entidad.
A continuación, recogemos textualmente cinco pasajes significativos
de la comparecencia judicial de Acebes, en las que contesta al fiscal
Anticorrupción sobre distintos extremos de su labor en BFA:
Audio 1: -- Fiscal: "¿Recuerda usted cúal era su remuneración? ¿Usted entró en BFA en representación de Cajamadrid? Acebes: "No,
no. Yo entré como independiente. Como consejero independiente. Y la
retribución 2011 creo que brutas fueron de 163.000. 163.000 euros". Fiscal: "¿No estaba usted en el Consejo ninguna otra caja que hubiese formado parte del SIP?" Acebes: "No". Fiscal: "¿Presidía usted el Comité de Auditoría de BFA?" Acebes: "Eso es así. Ese mismo día, el 27 de julio (día en que entró en BFA), el Consejo de Administración me nombró presidente de la Comisión de Auditoría". Fiscal: "¿Qué cualificación profesional tiene usted en relación con estas cuestiones de auditoría y contabilidad, si tiene alguna? Acebes: "Yo
soy licenciado en Derecho. Soy abogado colegiado desde el año 1983 y en
estos momentos estoy ejerciendo y fundamentalmente en el área del
derecho mercantil".
Audio 1
Audio 2: Fiscal: "¿Cúal es la razón, si existe alguna, o a través de qué persona, o en qué circunstancias entró usted a formar parte de BFA?" Acebes: "Me propuso el presidente a la Junta General, la Junta General lo acordó por unanimidad, y ese fue el sistema".
Audio 2
Audio 3: Fiscal:
"Al margen de que no existieran esos informes por escrito,¿recuerda
usted si a otro nivel superior se habló con el Banco de España o usted
personalmente habló con algún alto cargo, representante, del Banco de
España sobre esta problemática?" Acebes: "En ese
tiempo, en los poco más de ocho meses que he sido consejero, nunca me
ha llamado nadie del Banco de España, ni he tenido ninguna entrevista ni
personal ni telefónica ni por escrito con nadie del Banco de España, ni
nos han hecho ninguna advertencia, más allá de las comunicaciones
oficiales que se hicieron y que nos comunicaban fundamentalmente en el
Consejo de Administración, y esencialmente el plan de recapitalización
con motivo del real decreto 2012".
Audio 3
Audio 4: Fiscal: "¿Qué importancia le dió (el auditor) a los temas pendientes de análisis (en relación a las cuentas del año 2011)?" Acebes:
"Absoluta normalidad. En la Comisión de Auditoría, jamás el señor Celma
(Francisco Celma, auditor de Deloitte), en ningún momento, nos dijo que
existiese ningún problema, ni muchísimo menos que no fuesen a firmar el
informe, ni que fuesen a hacer un informe con salvedades, ni siquiera
que hubiese un problema. Todo lo que nos trasladaron era absoluta
normalidad, como no podría ser de otra manera dado que las magnitudes
económicas que nos acababan de presentar en la contabilidad eran
realmente coincidentes".
Audio 4
Audio 5 (Sobre su salida de BFA): Acebes:
"El 23 de abril (de 2012) hay Consejo de Administración. Se presenta el
informe de relevancia prudencial, que presenta una de las direcciones
generales de BFA, en el que se hace todo el análisis de riesgos de 2011,
con informe favorable, y el siguiente punto del orden del día es la
aprobación del plan por el Banco de España con todas las estimaciones,
incluida la de Bankia. Que expresamente se dice".
"Yo dimití el día 24. Yo me fuí muy tranquilo. El
día 23 había habido informe favorable y además aprobado el plan que
habían presentado por el Banco de España. Pues, de verdad, sin ninguna
preocupación, y había todavía tiempo para que se presentase el informe.
Luego ya no lo sé, porque el 24 dimití".
Al Fiscal General del Estado y Fiscalías del TSJ de Castilla-La Mancha y Audiencia Provincial de Toledo, http://www.cita.es/cospedal y http://www.miguelgallardo.es/cospedal.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado
en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito
judicial especialista en informática, telemática, acústica y criptología
forense en nombre y derecho propio y también como Administrador Único
de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA)
SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992, con
Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y domicilio en la
calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, formula DENUNCIA PENAL
por presunto DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS que debería
ser PERSEGUIBLE DE OFICIO, EFICAZMENTE, por los siguientes HECHOS:
1º Es público que la presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal García, está haciendo muy
mal uso de servicios jurídicos institucionales para la defensa de
derechos que, en todo caso, son siempre personales, particulares y
privados, sin equívoco alguno. No debe confundirse el objeto de
esta denuncia, que es el uso indebido, en pura malversación, de recursos
materiales de titularidad pública y humanos como empleados públicos
juristas, con el derecho que María Dolores de Cospedal García y su
marido tienen a demandar con abogado y
procurador de su elección, a quien consideren oportuno. Pero incluso si
efectivamente ambos hubieran sido objeto de gravísimas injurias y
calumnias que afectasen a su honor, cosa harto discutible, el hecho de
que utilice recursos públicos para la defensa de derechos personales es
una clara malversación de caudales públicos.
En nuestra opinión, es la más repugnante malversación que puede
cometer un cargo o empleado público, más aún si es abogada del Estado y
cargo electo con responsabilidades políticas en un partido político que
predica austeridad y ética pública, mientras presuntamente malversa
servicios jurídicos. Además, es también público y notorio que la
presunta malversadora tiene, personalmente, ingresos y patrimonio más
que suficientes para costearse cualquier abogado y procurador de su
libre elección.
2º La Fiscalía, y concretamente el Teniente Fiscal Inspector, Justino
Zapatero Gómez, ya conoce nuestra voluntad de denunciar todas y cada
una de las malversaciones de caudales públicos, como costas judiciales o
como dedicación de letrados empleados públicos o hasta el papel, tóner
de impresoras y amortizaciones de cualquier tipo de equipos,
instalaciones, telecomunicaciones o consumo de fungibles para la defensa
de derechos personales de cargos o empleados públicos (honor, salud, u
otros derechos personales privados) y en especial reiteramos todo lo
manifestado en nuestro escrito de fecha 2/11/12 que todavía no ha
recibido respuesta, en el que denunciamos y pedimos que se abra
expediente administrativo sancionador al Fiscal Adrián
Zarzosa Hernández. Denunciaremos con la máxima publicidad a nuestro
alcance, a todos los fiscales que incurran en el delito de prevaricación
pasiva tipificado en el artículo 408
del Código Penal en todos los procedimientos en los que estén personados
mientras un cargo público haga uso de un servicio jurídico
institucional para defender derechos privados, con calificaciones más
duras aún que las amparadas por la STS 3396/2011. 3º La criminalística de las
malversaciones de servicios jurídicos institucionales es mucho más
fácil, rápida y clarificadora si se comprende nuestra denuncia contra
el Fiscal Adrián Zarzosa Hernández. Toda demanda presentada con la firma
de un empleado es, en sí misma, la última resolución administrativa de
un expediente al que la fiscalía siempre debe tener acceso. En nuestro
caso, el fiscal denunciado nunca atendió nuestras reiteradas e
insistentes solicitudes para que requiriese el expediente “Exp. 012.1/07
RC/md-la” de la Universidad Politécnica de Madrid, e incluso toleró en
silencio que demandantes, funcionarios públicos peritos privados de
BOLIDEN y SGAE, pretendieran estar exentos de hacer depósito o tasas
para recurrir autos judiciales. Sea cual sea la respuesta de la
inspección fiscal, nunca dejaremos de recriminarle, con mucha más dureza
que la amparada por la STS 3396/2011, todo lo denunciado públicamente
en Internet http://www.miguelgallardo.es/zarzosa.pdf. 4º Incluso si la demanda
anunciada por María Dolores de Cospedal García no fuera finalmente
presentada, o no se admitiese a trámite, la malversación de
cualquier recurso público, material o humano, o su tentativa, ha de ser
eficazmente perseguida por el Ministerio Público, y el fiscal o los
fiscales responsables de ello han de ser bien
identificados en todos los casos. Es inadmisible, y condenable, la falta
de criterio de los fiscales, que en unos casos piden hasta tres años y
medio de prisión para quien es acusado de malversación al demandar por
su honor personal (Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón
contra el alcalde de Borriol y vicepresidente de la Diputación
de Castellón), en otros instan a que el demandante presente la demanda
con abogado y procurador privado (Fiscal Castro Páramo de Santiago
contra Ignacio González González cuando era vicepresidente de la
Comunidad de Madrid), y en otros nada. Instituciones
internacionales, como la OCDE, deberían de interesarse mucho más por la
corruptelosa pasividad de los fiscales ante las malversaciones en
España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica que de las
273.965 condenas penales de 2011, en toda España, solamente 40 lo fueron
por malversación de caudales públicos. Es voluntad y derecho de los
denunciantes internacionalizar esta denuncia. Por lo expuesto, a la Fiscalía a
la que corresponda se solicita que, teniendo por presentada esta
DENUNCIA PENAL por presunta MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, abra
diligencias preprocesales y requiera a los servicios
jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha copia íntegra
y fedatada por funcionario público del expediente administrativo
completo por el que se resuelve demandar a Greenpeace, con independencia
de cuál sea el procedimiento judicial civil y el juzgado de primera
instancia en el que sea repartido informándonos pronto
de ello el fiscal responsable de la diligencia preprocesal que, aquí y así, solicitamos, en Madrid, a 12 de enero de 2012. http://www.miguelgallardo.es/cospedal.pdf
también en http://www.cita.es/cospedal
Tel. 902998352 fax 902998379
Primero gestiono lo público y luego me enriquezco con ello en el
sector privado. Y viceversa. Equo reclama a la Fiscalía Anticorrupción
que actúe de oficio ante las evidencias de "posibles intereses
privados en el proceso de privatización" de la sanidad madrileña tras
el caso de Juan José Güemes
El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora
con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el
tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo
público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada
lado de la puerta. En este caso, durante su paso por el Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis
en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora,
estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es
consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la
que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis
clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de
atención primaria de su área de influencia.
El caso de Güemes se
suma a la lista de exconsejeros y altos cargos de la sanidad madrileña
que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela,
que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para
potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los
principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están
Capio Sanidad, Clínica La Luz y Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La
Luz.
Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño,
que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo
del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladad a
Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que
está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira
(Valencia), que resultó deficitario. También en el País Valencià Manuel
existe el caso de Manuel Marín,
que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en
la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la
empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete
años después, lo contrató como director del departamento de salud.
Güemes sigue el ejemplo de Manuel Lamela, vinculado a empresas concesionarias de la privatización sanitaria
Pero
la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios,
también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz,
hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad.
"Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de
Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican
fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña. Elena Arias,
actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue
directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio
Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada
del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a
un error material", informa Europa Press.
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público
dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder
conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general
del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el
grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que
cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.
Equo e Izquierda Unida, contra las 'puertas giratorias'
A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados
en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la
Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés
Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo
preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y
una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha
utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de
privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad
de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos
hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero
público, pero adeuda más de 4.000 millones".
Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes
demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de
la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han
cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión
que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes
entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.
Especulación urbanística, mafia internacional, blanqueo de capitales, explotación laboral, fraude, impunidad, extorsión, desigualdad, corrupción… Eurovegas representa todas las aberraciones de este sistema desigualitario e injusto contra el que luchamos. Nos confunden con falsas promesas de puestos de trabajo precario, así quieren callarnos, después de dejarnos en las calles la única esperanza que nos dan es seguir apostando por el mismo modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí elevado a su máxima potencia.
No te dejes engañar!! Son mentiras de un gobierno que se ha acostumbrado peligrosamente a desdecir un día lo que dijo el anterior.
No hay dinero para sanidad, educación, servicios sociales, investigación… pero sí para construir metro, carreteras, AVE o ampliar un aeropuerto para facilitar el acceso al casino.
Suben el IVA encareciendo productos básicos a los que muchas familias ya no pueden acceder, mientras a la gran empresa regentada por una de las mayores fortunas del mundo le eximen de pagar todos los impuestos.
Excusan privatizaciones de bienes esenciales como el agua, aludiendo a la escasez y el aumento del consumo, pero están dispuestos a que Eurovegas la derroche en fuentes espectaculares y campos de golf.
Rescatan a los bancos que bloquean el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas y desde esos mismos bancos pretenden financiar un proyecto megalómano.
Desahucian diariamente a familias incluso de las viviendas sociales y están dispuestos a ceder 1.000 hectáreas a la multinacional estadounidense.
Aplican el código penal a la ciudadanía que sale a la calle a reivindicar sus derechos, pero el corrupto Sheldon Adelson y su compañía podrán hacer trampa, extorsionar y blanquear capital con total impunidad.
Anuncian una ley de transparencia, pero cuando les pedimos información sobre las negociaciones y los impactos medioambientales, laborales, sociales o económicos de Eurovegas el silencio es su única respuesta.
Cuando la economía doméstica cae en picado su apuesta la centran en la industria del juego que no aportará nada a la población, sólo profundizará en la desigualdad. POR TODO ESTO Y MUCHO MÁS SAL A LA CALLE EL PRÓXIMO 26 DE ENERO NO QUEREMOS EUROVEGAS NO MÁS ENGAÑO NO MÁS FRAUDE NO MÁS DESIGUALDAD.
SÁBADO 26 DE ENERO 18H ATOCHA-SOL MANIFESTACIÓN EUROVEGAS-NO Más info: www.eurovegasno.blogspot.com eurovegasno@gmail.com
