Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Si usted, lector, no está indignado es que no sabe qué está pasando en su país. Seguro que es consciente de que la situación económica y social del país no está yendo bien. En realidad, está yendo muy mal. El desempleo ha alcanzado niveles récord en la Unión Europea y en España.
Y las agencias internacionales más fiables dicen que la economía española no alcanzará los niveles de desempleo que tenía antes de que se iniciara la crisis hasta veinte años (sí, ha leído bien, veinte años a partir de ahora). Y puesto que el desempleo juvenil es el doble del general, estos pronósticos quieren decir que estamos quemando nuestro futuro, pues muchas generaciones jóvenes estarán en una situación desesperada, habiendo sido convertidas en inservibles.
Esta situación de los jóvenes está también afectando negativamente al futuro de la Seguridad Social, contradiciendo, por cierto, el famoso argumento de que el problema de las pensiones es que hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes. La falacia de este argumento queda claramente al descubierto en la crisis actual. El problema de las pensiones no es que no haya jóvenes sino que no hay trabajo para ellos. Este es el problema que el famoso argumento catastrofista basado en la transición demográfica oculta.
Esta crisis ha sido consecuencia de unas políticas públicas llevadas a cabo por gobiernos bajo el mandato de instituciones altamente influenciadas por la banca, tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Se lo digo yo, que soy Catedrático de Políticas Públicas y he visto muchos casos antes, en otros continentes, que experimentaron crisis muy semejantes. En realidad, a finales del siglo XX, Latinoamérica sufrió una situación muy parecida.
Estos bancos que tienen una enorme influencia política (muy, pero que muy marcada en España, donde el gobierno Rajoy es un mero instrumento de la banca), están forzando e imponiendo políticas que son la causa de la crisis.
Cito solo un detalle. El gobierno Rajoy está recortando y desmantelando el Estado del Bienestar de España (lo mismo ocurre en Catalunya con el gobierno de Artur Mas), recortando y recortando gasto y empleo público a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Estos recortes están contribuyendo a destruir empleo y bajar la demanda que debería estimular la economía. Ahora bien, a pesar de los recortes, la deuda pública española continúa subiendo y subiendo, ascendiendo ya a 664.000 millones de euros (lo cual es mucho dinero). Usted y yo pagamos los intereses de esta deuda, que representa ya el segundo capítulo del presupuesto del Estado después de la Seguridad Social.
Este dinero suyo y mío va a los bancos que han comprado esta deuda. Hoy los bancos españoles tienen casi la mitad de esta deuda, 299.000 millones. La pregunta que debe hacerse es: ¿Y de dónde saca el banco el dinero para comprar la deuda? Pues, mire usted, por mucho que le sorprenda, procede de préstamos públicos. Cada año los bancos españoles piden prestado dinero al Banco Central Europeo, BCE, una institución pública (que no funciona en realidad como un banco central, sino como un lobby de la banca), a unos intereses bajísimos, menos del 1%. El BCE se lo presta para que los bancos se lo presten a usted y a mí, y a las pequeñas y medianas empresas, y así se resuelva el enorme problema de falta de crédito que ha paralizado la economía.
No sé si usted ha intentado conseguir un préstamo de la banca. Si lo intenta, verá que no es fácil. ¿Y, por qué no es fácil, si reciben tanto dinero del BCE? La respuesta no es difícil de ver. Los bancos ganan mucho más dinero comprando deuda pública a unos intereses muy altos (que el discurso oficial indica que el Estado necesita ofrecer para que los Estados puedan conseguir prestado dinero de los bancos), de un 4%, 6%, o incluso 13%. Imagínese el chollo que significa que reciban dinero a menos del 1% y con ello compren bonos que les generan una cantidad de dinero muchas veces mayor que la que pidieron prestada del BCE. ¿Se da cuenta?
Y, sepa usted, que los banqueros en España están entre los mejor pagados de la Unión Europea. Y los bancos más importantes de España han estado entre las empresas con mayores beneficios. Si después de leer todo esto no se ha indignado, es que no me he explicado bien.
Pero si me ha entendido bien, entonces prepárese para incrementar su nivel de indignación, pues todo esto es totalmente innecesario. Todo este enorme sufrimiento, incluido el elevado desempleo, es totalmente evitable. Es, repito, innecesario y dañino y existe única y exclusivamente para el beneficio primordialmente de la banca. La solución a esta situación es extremadamente fácil. El BCE debería prestar el mismo dinero, no a la banca privada, sino a los Estados, y dejar que estos lo ofreciesen a usted, a mí y a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tipo de interés que el Estado lo recibe del BCE. Mire que fácil.
Y usted preguntará ¿Y por qué no se hace así? Pues porque la banca tiene un enorme poder sobre el BCE, sobre las instituciones que gobiernan la Eurozona, sobre el gobierno español y, no lo olvide, sobre los medios de información y persuasión. Y un ejemplo de ello es que este artículo que ha estado leyendo no se publicará en ninguno de los cinco rotativos más importantes del país. De ahí que le sugiera que lo distribuya ampliamente entre amigos y familiares, porque la escasísima democracia que tenemos tiene que cambiarse y ello empezará por tener una ciudadanía informada, que es lo que no tenemos.
Que un país como
esta España aspire a unos Juegos Olímpicos, evento en el que se encarnan
valores antitéticos a los que dominan las noticias de corrupción y
podredumbre política de nuestro día a día, suena a broma de mal gusto.
Pero,
más allá de que para justificar el rechazo a la celebración de los
Juegos Olímpicos en Madrid bastaría con remitirse a esa cuestión ética
esencial, hay otros argumentos que tampoco se pueden dejar de lado si se
trata de oponerse a la celebración de los mismos en la capital del
reino.
Y es que también suena a una broma de muy mal gusto que se
pretenda convertir la austeridad en un valor para promocionar los
Juegos Olímpicos (los “Juegos de la austeridad”, los llaman algunos
tratando de alejar de la vista de la ciudadanía su coste real en estos
tiempos de penuria) cuando quienes están padeciendo dicha austeridad son
víctimas de recortes continuados que se aplican bajo esa etiqueta y con
la excusa de la inexistencia de recursos públicos para atender sus
necesidades.
Habría que recordar aquí que si algo define a la
economía en su versión más convencional y neoclásica, la que seguro que
asumen quienes defienden este proyecto de empobrecimiento colectivo en
el que estamos insertos, es su condición de ciencia de la elección. Eso
significa que la economía, así entendida, se encarga de proporcionar
instrumentos para elegir cuando hay que tomar una decisión sobre
recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Los criterios para
esa toma de decisiones pueden ser muy diversos y es ahí donde, al
sacralizar criterios técnicos como la eficiencia o la competitividad
sobre valores universales como la solidaridad, se imponen visiones
eficientistas o competitivas de la economía frente a otras centradas en
el ser humano y sus necesidades.
Pues bien, para justificar
estos Juegos Olímpicos se está haciendo abstracción interesada hasta de
los criterios económicos más básicos, los mismos que resultan tan
queridos cuando se trata de justificar recortes. Y así nos encontramos
con que sus promotores se están amparando en la supuesta existencia de
beneficios futuros tan generales como inciertos para los que se está
dispuesto a sacrificar recursos presentes necesarios para atender las
necesidades básicas de una población a la que, al mismo tiempo, que se
la desposee de atención se le exige cínicamente que haga gala de su
“espíritu” de sacrificio.
Y hablamos de beneficios futuros
inciertos porque, frente a las declaraciones previas acerca de los
incuestionables beneficios que se derivan de la celebración de este tipo
de eventos, la literatura económica al respecto, centrada en la
evaluación del impacto que los mismos acaban teniendo sobre la economía
del país, la región o la ciudad en la que se celebran nos muestra que
dichos beneficios no acaban finalmente siendo tales. La razón es que se
tiende a sobreestimar los beneficios y a minimizar los costes, es decir,
se tiende a engañar a la población haciéndoles creer que se puede tener
a la vez pan blando y circo olímpico a coste cero o, incluso, con
beneficios.
Basta con remontarse a la reciente catástrofe
económica que supusieron los Juegos Olímpicos para la ciudadanía griega,
cuyo coste superó los 9.000 millones de euros, para tener una
referencia inmediata de lo que puede ocurrir en Madrid.
Pero,
claro, como en los tiempos que corren nadie quiere compararse con
Grecia, hay que ampliar la mirada y para ello hay diversos estudios que
analizan con técnicas de coste-beneficio a posteriori los impactos que
han tenido este tipo de acontecimientos.
Lo que nos muestran esos
estudios es que, por ejemplo, la realización de unos Juegos Olímpicos
constituye el megaproyecto en el que el sobrecoste sobre el presupuesto
inicial es mayor o, lo que es lo mismo, en los que en mayor medida se
engaña a la ciudadanía acerca de los recursos que hay que comprometer
para poder realizarlos.
Así, según han calculado Flyveberg y Stewart (2012),
el sobrecoste en términos reales por término medio de organizar unos
Juegos Olímpicos ha sido de un 179% y de un 324% si hablamos en términos
nominales. Es decir, si hay algo que puede sacarse en claro del
análisis de los costes implicados en unos Juegos Olímpicos es que
tienden a ser sistemáticamente infravalorados por sus promotores.
Algunos ejemplos sirven para demostrarlo: según Pasqual et al (2012),
el presupuesto inicial de los Juegos de Londres de 2012 se multiplicó
por más de 4; el de los Juegos de Invierno 2014 en Sochi (Rusia) ya se
ha multiplicado por más de 3 y, para tener una referencia propia, el
sobrecoste de Barcelona 1992 fue de un 417%.
Y, por otro lado,
más allá de los efectos expansivos inmediatos derivados de la
construcción de las infraestructuras de diversa naturaleza necesarias
para la celebración del acontecimiento, lo que también muestra el
análisis empírico de evaluación del impacto de unos Juegos Olímpicos es
que, en la mayor parte de los casos, no hay ninguna repercusión positiva
en términos de creación de empleo una vez celebrados los Juegos (Billings y Holladay, 2010).
La
conclusión económica es, por tanto, muy clara: nos encontramos ante un
tipo de acontecimiento en el que, más allá de lo que anuncian sus
promotores políticos, sólo hay certeza previa de sus costes y de la
infravaloración generalizada de los mismos pero no de sus beneficios.
Sobre estos últimos sólo puede constatarse la existencia de afirmaciones
cabalísticas acerca del número de empleos que se generarán, sobre los
difusos impactos en términos de afluencia de público o de incremento del
flujo de turistas de ahí en adelante. Nada concreto y todo vaporoso.
Sorprende,
por tanto, que la misma exigencia de rigor y filosofía actuarial con la
que se justifican los recortes sociales no se aplique a la toma de
decisiones de una actividad que, nuevamente, volveremos a pagar entre
todos, sea cual sea su balance final. Y, por si sirve de algo, me
permito recordarles, queridos lectores, que tampoco el rescate de la
banca nos iba a costar un euro. Ya van por más de 60 mil millones. A ver
si cada medalla olímpica nos sale al mismo precio.
¿Qué se esconde detrás de la privatización de la sanidad Pública?
El doctor Victor Gutiérrez Millet que fue jefe de nefrología del hospital 12 de Octubre, habla sobre las trampas que está usando el gobierno de Madrid para privatizar la sanidad pública. Fue uno de los médicos que debían haber estado hasta los 70 años por contrato y que de repente fueron cesados, jubilados o despedidos del cargo de un día para otro. Todo gracias a la impresentable plana mayor de dirigentes mafiosos que tenemos en la Comunidad de Madrid.
No tiene desperdicio y es fantástico para profundizar y aprender sobre el tema de la sanidad y su problemática actual. Sobre todo viniendo de un esperto que lleva 40 años ejerciendo
También es curioso como él mismo en otras entrevistas se define como de derechas y votante del PP, para que no haya dudas en cuanto que podría ser un topo de la oposición que quiere fastidiar al PP, lo cual le da mucho mas valor a sus apreciaciones sobre la estafa sanitaria. En otras declaraciones suyas ha dicho que hay que hacerles perder las próximas elecciones y desprivatizar o expropiar la sanidad, ojo dice "expropiar".
Hay que reconocer que han hecho un mal negocio con él, ya que no para de dar charlas, conferencias y escritos a favor de la sanidad pública y a su vez en contra del PP madrileño, al que tilda no de derecha sino de ultraderecha que solo piensa en beneficios privados y no en la salud de los pacientes.
El vídeo dura unos 30 minutos pero merece la pena
¿Quién se puede creer que un tren de última generación como es el Alvia y que costará 20 millones de Euros o más, y porque el maquinista se despiste, se duerma o le de un infarto, ese tren ya no haya forma de pararlo y entre en la estación de Santiago o de Ferrol a 200 km/h y solo porque el maquinista no ha frenado?
No seamos simples en un caso que se ha saldado con 78 fallecidos y mas de 100 heridos, algunos muy graves. No nos dejemos manipular por una clase política que solo busca ahorrar gastos a costa de la seguridad o de lo que haga falta.
Ese tren tenía que haber bajado la velocidad bastante antes de la curva, o por medio del maquinista o por medio de los sistemas automáticos que están implementados. ¿Qué ha pasado? Sencillo, estas medidas de seguridad que existen para paliar esto y que son el ASFA y el ERTMS no han funcionado. La comisión de investigación tendrá que evaluar como ha sucedido esto y porqué. Si ha sido por falta de mantenimiento, sabotaje u otra cosa. Pero lo que no puede hacerse es cargar la culpa contra el maquinista exclusivamente.
Para ilustrar todo esto vean el video siguiente
¿Porqué esa campaña del ABC diciendo que el conductor alardeaba de correr. Se creeen que un maquinista es un estúpido pijo que se ha comprado un Ferrari y alardea ante sus amistades?
¿Porqué el presidente de Adif, sale diciendo que el maquinista tenía que haber frenado antes? Este último es un cargo político puesto a dedo. ¿Que va a decir?
Están intentado tapar lo que es evidente. El tren tenía que haber frenado solo aunque vaya sin maquinista.
El maquinista va de apoyo para cualquier incidencia que pueda declararse a bordo y que no se detecte por los sistemas automáticos.
Probablemente como dicen en el vídeo nadie saldrá responsable de ninguna deficiencia en el mantenimiento y echarán la culpa al maquinista. Igual que en el metro de Valencia.
Ahora solo falta que aplicando la doctrina del shock, terminen de privatizar la Renfe
¿Vostros os imaginais, que a un presidente, a una presidenta, del
partido popular, en una comunidad autonoma, se hubiera sabido que ellos,
o su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o
han evadido o se han quedado con dinero que no era de ellos y que se
hablara de cuentas corrientes en Suiza?
¿A que yo ya habria tenido que dimitir?
Sí, Sra Cospedal, Ud tendría que dimitir pero como no tiene vergüenza ni responsabilidad política alguna, pues resulta que Ud no ha dimitido. Ni Ud, ni Rajoy, ni nadie de su partido.
Son una carga para España difícil de soportar, ya que están privatizando lo que no se puede ni debe privatizar. Están empobreciendo España para dársela a sus amigos. Luego estos amigos corresponderán con algúna asesoría o puesto en los consejos de administración de su empresa. Eso sí, todo esto esta llevado a cabo con burdas mentiras, manipulaciones y engaños a la ciudadanía.
Si todavía hay un 30% que les votaría es porque a mucha gente la manipulación mediática les tiene adormecidos y el resto están a dedo en sus feudos y por lo tanto no muerden la mano que les da de comer.
Esto se llama sistema clientelar o simplemente caciquil. Esto le ha encantado siempre al PP. Los de arriba, los señoritos, compran a los de abajo como si fueran esclavos, pero todo en un contexto seudo democrático, que de democracia no tiene absolutamente nada.
Simplemente recordarles que para la historia de España, quedarán Uds y su partido retratados como lo más retrógrado y falto de nobleza que ha habido desde el año 1977. (Desde la supuesta democracia y Constitución que hay que cambiarlas lo antes posible)
Realmente son indignos de gobernar
Fuente: VICENÇ NAVARRO. Consejo Científico de ATTAC
La postura central del Informe del Comité de Expertos sobre las
Pensiones (a partir de ahora ICE) es que el crecimiento de la esperanza
de vida y del porcentaje de la población anciana en España hace
insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se hagan una
serie de cambios que, en la práctica, significarían una notable
reducción de las pensiones públicas, tanto de los futuros pensionistas
como de los actuales. Tras una narrativa que intenta transmitir un
mensaje de objetividad y neutralidad tecnocrática, las propuestas que
realiza el Comité significarían la reducción más drástica de las
pensiones públicas que haya ocurrido en la mayoría de países de la Unión
Europea de los Quince (UE-15). Veamos los datos.
El ICE comienza señalando que el mayor problema que tiene el sistema
de pensiones públicas es el envejecimiento de la población. Enuncia, con
gran alarma, que en el año 1900 (inicio del siglo pasado, el siglo XX),
“la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10
años; hoy esperan vivir veinte años más (y hacia el 2050 se prevé que
vivirán 25 años más)”. El ICE señala que este crecimiento de la esperanza de vida es un problema enorme para la sostenibilidad de las pensiones.
El otro “gran problema” que cree identificar el ICE es el crecimiento
del porcentaje de población anciana. El ICE señala que, mientras el
porcentaje de la población anciana (es decir, por encima de los 65 años)
ha “crecido en las últimas décadas hasta el 17% de toda la
población, y está previsto que alcance el 37% en 2052. En esta última
fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de
65 años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la
Seguridad Social pasaría -dentro de cuarenta años a partir de ahora- de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”.
El ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores cotizantes para
sostener a tanto pensionista y todavía menos para sostenerlos durante
tantos años de vida y goce de las pensiones. De ahí la necesidad de
reducir las pensiones ya ahora, en este momento, sin esperar más. Hay
que hacerlo inmediatamente, tomando medidas que el ICE reconoce que
serán impopulares, pero que hay que hacer aprovechando que ahora, en
este momento de enorme crisis económica, la gente está receptiva para
hacerlas. En un borrador anterior, el Comité de Expertos escribía
explícitamente que hay que aprovechar este momento de crisis para poder
hacer estos cambios, de la gran importancia de los cuales son
conscientes. Esta observación desapareció de su informe final.
Los errores del determinismo demográfico Uno de los ejemplos más claros de la inoperancia y falta de
credibilidad de las tesis de la insostenibilidad del Sistema Público de
Pensiones es el fracaso de sus predicciones. Juan Torres y yo tenemos
todo un capítulo en nuestro reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial
Espasa. 2013) mostrando la falta de credibilidad de las proyecciones de
los catastrofistas. Una por una, estas proyecciones y previsiones
(incluyendo las que han hecho varios miembros del citado Comité de
Expertos) han resultado falsas.
Veamos ahora la predicción de que a mitad de siglo XXI el porcentaje
de la población anciana habrá pasado del 17% actual al 37% (en 2052) de
toda la población. Estas cifras han sido ampliamente utilizadas y
citadas (ver mi crítica al Profesor Josep Oliver sobre la utilización de
estos datos en “Los recortes de las pensiones no son inevitables” (Público 13.06.13).
El ICE, para llegar a estas cifras, hace toda una serie de supuestos
altamente cuestionables (que no se explicitan en el informe), siendo el
mayor de ellos el que asume que la población española pasará de ser 46
millones a 41 millones en los próximos cuarenta años, con lo cual el
porcentaje de los ancianos sobre el total de la población aumentará
espectacularmente. Para que esto ocurra se tiene que asumir que, durante
ese periodo, la población de España, en lugar de crecer, como ha
ocurrido durante los últimos cuarenta años, decrecerá. Esta observación
profundamente pesimista se basa en toda una serie de supuestos, también
altamente cuestionables, escogiendo siempre los peores escenarios
posibles, tales como que la natalidad continuará bajando y bajando; que
la inmigración se reducirá y no compensará la bajada de la natalidad; y
que la economía crecerá muy poco.
La natalidad, sin embargo, es una variable en la que se puede influir
a través de políticas públicas que sean favorables a aumentarla,
políticas, todas ellas, poco desarrolladas en España, el país europeo
con menor desarrollo de las políticas profamiliares. Varios países en la
UE-15 han mostrado que la reducción de la natalidad puede revertirse si
hay voluntad política para desarrollar políticas que la favorezcan.
Algo semejante ocurre en cuanto a la inmigración. La diferencia entre el
nivel de vida de España y sus vecinos del sur probablemente continuará e
incluso aumentará, y con ella la inmigración. Y es más que improbable
que el aumento de la productividad no repercuta en un aumento del
crecimiento económico (tema del cual hablaré más tarde en el artículo).
No es, pues, probable que el escenario de crecimiento negativo tanto
económico como poblacional sea el más acertado.
El problema de las pensiones no es demográfico sino económico En realidad, lo que importa en cuanto a la sostenibilidad de las
pensiones no es el factor demográfico, sino el económico. El tema que
debería discutirse no es si habrá demasiados ancianos o no, sino si
habrá suficiente riqueza en el país para sostener a los ancianos y a
todos los demás. Y ahí está el punto clave que el ICE ni siquiera
considera y por el que paga un coste: está profundamente equivocado y
ello es fácil de demostrar. Analicemos, primero, su alarmismo acerca de
que la esperanza de vida de las personas de 65 años se haya doblado
desde 1900, lo cual considera muy preocupante para la sostenibilidad de
las pensiones. Esta alarma es la que abre el informe cuando indica que
en 1900, la esperanza de vida de las personas de 65 años era 10 años y
ahora es 20 años. El que se haya doblado en más de un siglo le parece al
ICE un enorme problema.
Pero el ICE no nos explica por qué es un problema. Le parece obvio
que es un problema. Pues bien, ignora que no hay ningún problema. El
Comité de Expertos parece desconocer que, desde 1900 hasta ahora, el PIB
(es decir, la riqueza del país) ha crecido 24 veces (si, 24 veces). Es
cierto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado
en más de un siglo. Pero, ¿cuál es el problema si la riqueza del país
ha crecido 24 veces durante el mismo periodo, es decir que el país es 24
veces más rico ahora que en 1900? Repito ¿Dónde está el problema? ¿No
cree el Comité de Expertos que una sociedad veinticuatro veces más rica
que en 1900 tiene recursos más que suficientes para pagar las pensiones a
aquellos trabajadores que han creado esa riqueza? Una sociedad
veinticuatro veces más rica tiene veinticuatro veces más recursos para
los pensionistas y veinticuatro veces más recursos para los no
pensionistas. Repito una vez más ¿dónde está el problema?
Hoy la sociedad española tiene recursos más que suficientes para
poder pagar las pensiones de los ancianos. Y los tendrá también para
pagarlas en la segunda mitad del siglo XXI. Unos cálculos sencillísimos
del impacto del aumento de la productividad en la riqueza del país así
lo muestran. Si la productividad aumentara un 1,5% por año (cifra muy
conservadora, pues el crecimiento anual promedio en el periodo 1971-2011
ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25 veces más grande en la
segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo que lo fue al principio
de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100 puntos en 2007, este
aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se gastó 8 puntos del PIB
(el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas en 2007. Los alarmistas
indican que para sostener a los pensionistas habrá que gastarse en
España en 2060 el 15%, lo cual indican que es inasumible, sin clarificar
por qué es inasumible. En realidad, sería muy asumible. Un 15% del PIB
en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos (15% de 225) para
pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192 para los no
pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del 2007. ¿De
nuevo, dónde está pues el problema? (nota a los principiantes en
econometría: estoy hablando de valor de moneda constante, con la misma
capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060).
La referencia al número de cotizantes por pensionista, indicando que
el número de trabajadores por pensionista está bajando, olvida (diría yo
deliberadamente) que la variable determinante de la sostenibilidad de
los sistemas de reparto es la productividad (que no aparece por ninguna
parte en el ICE) y su impacto en la creación de riqueza. Hace cuarenta
años, España tenía el 18% de la población trabajadora en el campo,
produciendo alimentos para todos los españoles. Hoy es solo el 2%. Este
dos por ciento produce más alimento que el 18% de hace 40 años.
Imagínese el ridículo de un “Comité de Expertos” que hubiera alarmado a
la población española, cuarenta años atrás, escribiendo que el hecho de
que el número de trabajadores en el campo estuviese disminuyendo en
España, determinaría que la población española se moriría de hambre por
falta de trabajadores en el campo. Pues, no solo no morimos de hambre,
sino que este 2% produce mucho más alimento que el 18% de hace cuarenta
años. En realidad, el estado está subsidiando a los agricultores para
que no produzcan tanto. Pues bien, saquen “alimento” y pongan
“pensiones” y verán lo ridículas que son las tesis catastrofitas del ICE
y de los deterministas demográficos.
El factor demográfico no es el problema. ¿Cuál es? De lo que no se habla en nuestro país: la distribución de las rentas El punto clave para analizar la viabilidad de las pensiones no es la
transición demográfica, sino la distribución de las rentas, tema que
tampoco aparece por ninguna parte en el ICE. Centrándose en el
“desequilibrio” etario, se olvidan, ignoran u ocultan el “desequilibrio
de rentas” que es la raíz del problema. Veamos los datos.
La Seguridad Social se financia a partir de fondos derivados del
trabajo. Y en los últimos treinta años, a partir de las políticas
públicas de corte liberal (lo que se llama neoliberal) iniciadas por el
Presidente Reagan y por la Sra. Thatcher, hemos visto a los dos lados
del Atlántico Norte que las intervenciones públicas han beneficiado
sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del
trabajo. Las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo más y
más, y las del capital han ido aumentando más y más. En España esto ha
sido muy marcado en los últimos años.
Esta redistribución de las rentas a favor del capital ha creado
enormes problemas. Varias son las consecuencias. Una de ellas es el
enorme problema de falta de demanda, una de las causas del escaso
crecimiento en España. Y la otra es la escasa rentabilidad de la
economía productiva –que se basa en la demanda- e hipertrofia de las
actividades especulativas de mayor rentabilidad (y riesgo). De ahí la
enorme inestabilidad financiera y falta de crédito que contribuyen al
escaso crecimiento.
La otra consecuencia de esta redistribución de las rentas a favor de
las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo ha sido
precisamente la bajada de ingresos a la Seguridad Social pues, al
disminuir las rentas del trabajo, también disminuyen los ingresos a la
Seguridad Social. Ahí está el problema que el ICE ignora. Las políticas
neoliberales que se han estado aplicando en la Unión Europea (y en la
Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el énfasis puesto
en la reducción de los salarios y del gasto público, junto con el
desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas del capital,
han sido los mayores ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se
han hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de reducción salarial y
de gasto público son resultado, en parte, de la enorme influencia del
capital financiero (bancos y compañías de seguros) en la gobernanza de
la eurozona y de los estados. Y ahora es el mismo capital financiero el
que está culpabilizando al envejecimiento de la población de la crisis
de la Seguridad Social. Y el Comité de Expertos, cuya composición
condiciona sus conclusiones (9 de los 12 miembros son personas próximas
a la banca y a las compañías de seguros), también enfatiza esta tesis,
promoviendo como solución un enorme recorte de los beneficios sociales.
La gran mayoría de los miembros del llamado Comité de Expertos son
conocidos ideólogos del neoliberalismo que han mostrado su catastrofismo
en sus escritos anteriores al ICE. En realidad, de expertos tienen
poco. De portavoces del capital financiero, sin embargo, tienen mucho.
El abusivo recorte de las pensiones de sus propuestas La dureza de sus recomendaciones se plasma en su claro intento de
reducir el tamaño de las pensiones, mediante sus propuestas. Pero, antes
de describir estas propuestas, permítanme que aclare que para mantener
el nivel de vida que el pensionista tuvo como cotizante (es decir
durante su vida laboral), la pensión debería aumentarse según aumenta el
nivel de los salarios. No hacerlo así implica que el pensionista irá
retrocediendo en su nivel de vida con la edad, pues los salarios –y por
lo tanto el nivel de vida de su país- iría aumentando más rápidamente
que su pensión. El hecho de que reformas previas hayan cambiado el
criterio de aumentar las pensiones adaptándolas, no al crecimiento de
los salarios, sino al nivel de la inflación ha significado un retroceso
muy notable del nivel de vida de los pensionistas en relación al resto
de la sociedad. Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir más
allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la esperanza de vida del
pensionista y al supuesto coste de mantener esa pensión. Esta
recomendación me hace recordar la reciente observación del Ministro de
Economía y Hacienda del gobierno japonés que, en un momento de
crispación, dijo lo que muchos neoliberales suelen pensar pero no se
atreven a decir: “el deber patriótico de los ancianos es morirse cuando
les corresponde”, insinuando además que les correspondería morirse lo
más pronto posible. Naturalmente que el ICE no dice tal barbaridad. Pero
la lógica de lo que propone no excluye este tipo de conclusión. Para la
sostenibilidad de las pensiones es bueno que los ancianos no vivan
muchos años o que, si viven, vayan recibiendo cada vez menos pensiones.
El otro intento de reducir las pensiones es supeditar las pensiones a
los ingresos a la Seguridad Social en cada periodo, con lo cual, el
nivel de las pensiones dependerá del ciclo económico, aunque el ICE
niega que esto sea su intención. Como consecuencia, las pensiones
bajarán en momentos de recesión en contra de lo que la eficiencia
económica exige, que consiste en que en momentos de recesión es
fundamental que crezca el consumo a fin de estimular la economía. Por
cierto, el ICE indica falsamente que estas medidas ya se están aplicando
en otros países de la UE-15. Esto no es cierto. Ningún país ha hecho o
está promoviendo unas medidas tan radicales para los pensionistas como
las que el ICE está proponiendo. Suecia, bajo la influencia de los
liberales, hizo un cambio que capitalizó parte de las pensiones, es
decir, modificó parte de las pensiones para complementar las pensiones
básicas con fondos procedentes de la rentabilidad de las inversiones
hechas a partir de un componente de la cotización individual. El enorme
impacto negativo que la crisis económica creó en este fondo de
capitalización y su consiguiente impopularidad ha hecho que los partidos
de izquierda hoy en la oposición piensen cambiarlo.
En realidad, la mayor crisis de estos sistemas de capitalización ha
ocurrido en Chile donde, bajo la dirección del general Pinochet, se
privatizaron y capitalizaron las pensiones (excepto para las fuerzas
armadas), habiendo sido un desastre. El ICE no propone esta excesiva
privatización, pero el recorte de las pensiones que propone llevaría a
una expansión de las pensiones privadas, que se rigen por el sistema de
capitalización y que benefician al capital financiero, es decir, a la
banca y a las compañías de seguros (ver el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, y también, de los mismos autores, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero
Soluciones alternativas Las soluciones para el futuro de las pensiones pasan por
centrarse no tanto en la transición demográfica, sino en aumentar la
riqueza del país y su redistribución, mediante medidas macroeconómicas,
laborales y sociales (encaminadas a facilitar una sociedad de alta
productividad) y medidas fiscales (orientadas a una redistribución muy
marcada de la riqueza que se habrá creado con este aumento de la
productividad y que vaya en sentido opuesto al que ha estado yendo en
estos últimos treinta años, es decir, redistribuyendo desde el mundo del
capital (y muy en especial del capital financiero) hacia el mundo del
trabajo.
En aquellos países que se quiera mantener el sistema de reparto para
financiar las pensiones, es fundamental que aumente el número de
trabajadores (en España hay una enorme cantera de mujeres y jóvenes que
quieren trabajar), impedir los salarios bajos y la precariedad, aumentar
la progresividad en la financiación de la Seguridad Social y del Estado
(España tiene uno de los Estados de la UE-15 con menores ingresos, con
menor gasto público social y menos redistributivos) y aumentar la fuerza
de los sindicatos, puesto que la distribución de la riqueza creada,
resultado del incremento de la productividad, depende no solo del nivel
de la productividad, sino también del poder del mundo del trabajo. Hoy
el capital es el grupo de presión más poderoso que se ha beneficiado más
de este aumento de la productividad. Debería revertirse esta situación y
que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redistribución de la
renta nacional a su favor y, en consecuencia, de la Seguridad y de la
protección social.
Hoy el capital y su ideología, el neoliberalismo, es hegemónico en el
pensamiento económico del país, hegemonía que explica que incluso
amplios sectores de las izquierdas gobernantes la hayan aceptado. Esta
hegemonía es reproducida en los mayores medios de información y
persuasión (ver mi artículo “¿Es España una democracia? El caso de las
pensiones”, Público 12.06.13). Hoy, los sindicatos son el último
baluarte que resiste a esta enorme avalancha neoliberal. Aplaudo al
único miembro del Comité que votó en contra del ICE, denunciando una
farsa de la que no quiso ser parte. Y lamento y denuncio al economista
sindicalista de CCOO que dio legitimidad a dicho informe. Su aplicación
significa un ataque frontal al sistema de pensiones público. Y sus
autores son plenamente conscientes de ello, pues así lo plasman, aunque
intenten disimularlo, en su informe. Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins Universit. Y
miembro del Consejo Científico de ATTAC
Nuestra derecha, de por sí montaraz y asilvestrada, anda aún mas
revuelta estos días a causa del Decreto-Ley 6 / 2013 de 9 de abril, de
medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la
Vivienda.
Fuente: Diario Progresista
Aunque cueste creerlo, esta normativa
peca de tímida y miedosa si la comparamos con las disposiciones al uso
en países “chavistas” y “comunistas” como Holanda, Francia, Reino Unido,
Suecia, Alemania… donde los propietarios de viviendas pueden sufrir la
incautación de sus inmuebles o severas multas en caso de mantenerlas
vacías varios meses.
Ello se debe a algo tan simple como la función social de la
vivienda, reflejada en el artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en los artículos 47, 128 y 33 de nuestra
Constitución.
De cualquier modo, conviene despejar algunas de las intoxicaciones
que estos días vierten los medios de la derecha sobre este tema… Desmontando falacias Se ha disparado el bulo de la
“expropiación de viviendas o multas a quien mantenga sus viviendas
vacías”… Falso. Y de una mendacidad rotunda. El decreto de la Junta de
Andalucía, muy al contrario, establece en su artículo 25.5 que “las
viviendas deshabitadas de titularidad de personas físicas no serán
objeto de potestad sancionadora”.
Y, como bien se han ocupado de ocultar los medios cavernarios, los
artículos 42 y siguientes del citado corpus establecen prevenciones
favorables a los propietarios de viviendas vacías: ayudas fiscales,
seguros en caso de impago y desperfectos, medidas de intermediación,
etc.
Es decir, cualquier propietario puede ya alquilar su vivienda con
garantías… ¡que malos son los socialistas, virgencita del Rocío!
Por su parte, la Disposición adicional segunda, establece la
declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la
cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales
circunstancias de emergencia social (discapacitados físicos y psíquicos,
víctimas de violencia de género, mayores dependientes, parados sin
prestación, menores de edad…) y respecto de viviendas incursas en
procedimiento de desahucio instado por entidades financieras.
Y ni tan siquiera se expropiaría la propiedad a nuestras “honradas”
entidades financieras, sino que se les abonaría un justiprecio durante
un plazo máximo de tres años, a los efectos de propiciar un alquiler
social para las referidas personas en riesgo de exclusión y en situación
de emergencia social. La maldad congénita de la derecha española Como
puede comprobarse leyendo el citado decreto (BOJA de 11 de abril), el
“chavismo cruza el océano”, “el comunismo pretende adueñarse de España”…
no en vano, se prestan apoyo a particulares que no se atreven a
alquilar su vivienda por el peligro de impago o daños.
Por no hablar de una medida tan “sovietizante” como abonar un
justiprecio a un banco, durante un periodo máximo de tres años ,a cambio
de alquilar socialmente una vivienda a personas caídas en pozos
vivenciales.
Por el contrario, oculta y calla la derecha que en nuestro país se
expropia con frecuencia, que son habituales los expedientes de
expropiación de fincas o inmuebles para construir… ya, he dicho
construir, el gran negocio, la fosa del dinero negro, la financiación
ilegal, las cuentas en Suiza.
Ante lo anterior, la derecha calla, asiente y se frota las manos.
Frente a la asistencia a enfermos, niños, desvalidos, ruge y tergiversa…
¡malvados, psicópatas!
"Es muy significativo que habitualmente se hable de “castigo” para referirse a las medidas que Merkel y sus ministros imponen a los países más afectados por la crisis.
Dicen a sus compatriotas que tienen que castigar nuestra irresponsabilidad para que nuestro despilfarro y nuestras deudas no los paguen ahora los alemanes. Pero el razonamiento es falso pues los irresponsables no han sido los pueblos a los que Merkel se empeña en castigar sino los bancos alemanes a quienes protege y los de otros países a los que prestaron, ellos sí con irresponsabilidad, para obtener ganancias
multimillonarias.
Los grandes grupos económicos europeos consiguieron establecer un modelo de unión monetaria muy imperfecto y asimétrico que enseguida reprodujo y agrandó las desigualdades originales entre las economías que la integraban. Además, gracias a su enorme capacidad inversora y al gran poder de sus gobiernos las grandes compañías del norte lograron quedarse con gran cantidad de empresas e incluso sectores enteros de los países de la periferia, como España. Eso provocó grandes déficit comerciales en éstos últimos y superávit sobre todo en Alemania y en menor medida en otros países.
Paralelamente, las políticas de los sucesivos gobiernos alemanes concentraron aún más la renta en la cima de la pirámide social, lo que aumentó su ya alto nivel de ahorro. De 1998 a 2008 la riqueza del 10% más rico de Alemania pasó del 45% al 53% del total, la del 40% siguiente del 46% al 40% y la del 50% más pobre del 4% al 1%.
Esas circunstancias pusieron a disposición de los bancos alemanes ingentes cantidades de dinero. Pero en lugar de dedicarlo a mejorar el mercado interno alemán y la situación de los niveles de renta más bajos, lo usaron (unos 704.000 millones de euros hasta 2009, según el Banco Internacional de Pagos) para financiar la deuda de los bancos irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las empresas griegas o para especular, lo que hizo que la deuda privada en la periferia europea se disparase y que los bancos alemanes se cargaran de activos tóxicos (900.000 millones de euros en 2009).
Al estallar la crisis se resintieron gravemente pero consiguieron que su insolvencia, en lugar de manifestarse como el resultado de su gran imprudencia e irresponsabilidad (a la que nunca se refiere Merkel), se presentara como el resultado del despilfarro y de la deuda pública de los países donde estaban los bancos a quienes habían prestado. Los alemanes retiraron rápidamente su dinero de estos países, pero la deuda quedaba en los balances de los bancos deudores. Merkel se erigió en la defensora de los banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a los países, pero que en realidad consisten en darle a los gobiernos dinero en préstamos que pagan los pueblos
para traspasarlo a los bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen enseguida a los alemanes. Otra, impedir que el BCE cortase de raíz los ataques especulativos contra la deuda de la periferia para que al subir las primas de riesgo de los demás bajara el coste con que se financia Alemania.
Merkel, como Hitler, ha declarado la guerra al resto de Europa, ahora para garantizarse su espacio vital económico. Nos castiga para proteger a sus grandes empresas y bancos y también para ocultar ante su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país sea el más alto de los últimos 20 años, que el 25% de sus empleados gane menos de 9,15 euros/hora, o que a la mitad de su población le corresponda, como he dicho, un miserable 1% de toda la riqueza nacional.
La tragedia es la enorme connivencia entre los intereses financieros paneuropeos que dominan a nuestros gobiernos, y que estos, en lugar de defendernos con patriotismo y dignidad, nos traicionen para actuar como meras comparsas de Merkel."
Fuente: El Plural CARLOS ISERTE/TOLEDO | 18/03/2013
La Defensora del Pueblo saca los colores a Cospedal: La peor Sanidad de
España, según los ciudadanos, con dos años de espera para una prueba
diagnóstica y 186.841 castellano-manchegos en lista de espera
La Sanidad en Castilla-La Mancha está al límite de la decencia, del
aguante ciudadano y en una situación que requiere la intervención de
profesionales serios para que el caos provocado por la gestión política
de María Dolores Cospedal no llegue a más. Así, al menos, lo entiende el
PSOE castellano-manchego, que ha tenido, además, un aliado poco
sospechoso, como es la Defensora del Pueblo y exlíder del PP, Soledad
Becerril, en cuyo informe recoge el desbarajuste, la desorganización y
el galimatías en que ha convertido el Sistema Sanitario manchego la
también secretaria general del PP. Alarma en las urgencias de Toledo
Y como prueba de todo ello, la crónica publicada por ELPLURAL.COM
este fin de semana denunciando la situación del servicio de urgencias,
donde recogíamos hacinamientos insalubres de pacientes en los pasillos.
“Un enfermo orina a la vista de todos, a la vez que otros pacientes
cenan en el mismo pasillo”, decían los miembros de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Toledo a este periódico.
Ahora sabemos, además, que la aglomeración también se da en el exterior,
concretamente en la puerta del Servicio de Urgencias, con grandes colas
de ambulancias que esperan a “descargar” o “cargar” enfermos con
dolencias de toda índole, como recoge la fotografía que nos han
proporcionado los trabajadores del centro “Virgen de la Salud” de la
capital castellano-manchega. La sanidad más cuestionada de España
Fuentes que vienen a avalar las declaraciones realizadas a ELPLURAL.COM
por el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha,
Fernando Mora: “La situación de la Sanidad es lamentable, y escandaloso
el proceso de desmantelamiento para la posterior privatización del
sistema público”. Percepción que ha sido denunciada también por la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en cuyo informe anual no duda en
situar a la región manchega como de las peores del país. “El último
informe de la Defensora dice que el SESCAM es el organismo sanitario de
España al que más procedimientos se le han abierto (por encima de Madrid
y Cataluña), y habla de pacientes esperando hasta dos años para una
prueba diagnóstica”, señala Mora a este medio. (Ver los subrayados en amarillo del informe). 730 días para par ser operado
Mora, lejos de caer en la demagogia, cita las páginas 209 y 210 del
informe de la Defensora del Pueblo, “donde se pone al sistema sanitario
público de Castilla-La Mancha como ejemplo de mal hacer, al señalar
casos de pacientes, con dos años en lista de espera en cirugía
maxilofacial en el Hospital de Toledo; diez meses en el servicio de
Urología en el Hospital de Ciudad Real; demoras superiores a siete meses
para pruebas de densitometría ósea con carácter preferente en el
Hospital de Almansa, en Albacete; ocho meses para una resonancia
magnética en el Hospital Mancha Centro, o superior a cuatro meses en el
análisis de biopsias en el Hospital de Almansa, en Albacete”, concreta
el portavoz socialista. Listas de espera interminables
Además, Fernando Mora, el azote del Gobierno de Cospedal en materia
sanitaria, y al que el PP intenta descalificar constantemente,
demuestra, “con datos obtenidos de la página web de la Consejería de
Sanidad”, nos dice sabedor de que la razón está con él, que “en año y
medio de Gobierno de Cospedal hay 73.000 pacientes más en listas de
espera y el tiempo medio de demora ha crecido entre un 100 y un 208 por
ciento”, añade, “186.841 ciudadanos están esperando a que la secretaria
general del PP les dé una solución a su problema”. (Ver tabla comparativa). Privatización de hospitales
Finalmente, el portavoz socialista afirma a ELPLURAL.COM que solo
encuentra una explicación a toda esta política devastadora llevada a
cabo por Cospedal, y ejecutada por su polémico consejero José Ignacio
Echániz: “Están desmantelando algunos hospitales, como el de Alcázar de
San Juan, para favorecer a otros cercanos que quiere privatizar
Cospedal, como son los de Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares”,
concluye. “El PSOE tiene la culpa”
Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Riolobos, defendía en rueda de
prensa la “calidad” sanitaria de Castilla-La Mancha, a pesar del
demoledor informe de la Defensora del Pueblo y de la denuncia pública de
las plataformas existentes en la región, que hablan de “sanidad
tercermundista”. Para esta cuestionada líder popular, “todo lo que está
pasando en materia sanitaria y de bienestar social es fruto del
derroche, el despilfarro y la mala gestión del señor Mora, del señor
García-Page y del PSOE durante los 30 años que estuvieron gobernando”,
para concluir afirmando, como no podía ser de otra forma, que: “El
esfuerzo de gestionar bien los recursos que ha hecho la presidenta
regional, María Dolores Cospedal, es ejemplar”.
Fuente: Diario Pregresista Médicos del Mundo mantiene su denuncia a pesar de que Dolores de
Cospedal, secretaria General del PP, haya rechazado que se esté negando
el acceso a la Sanidad Pública a niños y niñas inmigrantes. Para que quede constancia, la organización ha puesto adisposición
de quien lo solicite la documentación que acredita las denuncias, así
como ha asegurado que los casos denunciados se pusieron en conocimiento
del SESCAM el 1 de Febrero, por lo que la Junta tuvo tiempo suficiente
para reaccionar.
En la
nota de prensa remitida, Médicos del Mundo aboga por la restitución de
la universalidad para todas las personas residentes en España sin
barreras económicas ni por situación administrativa, por lo que
entienden que el RDL debe derogarse por razones humanitarias, económicas
y de salud pública.
Asimismo,
Médicos del Mundo asegura que ellos mismos han tenido que mediar -con
resultados favorables- en varias ocasiones para que pacientes
inicialmente rechazados fueran atenidos, algo que en todo caso, la
organización denuncia que es responsabilidad de la Consejería de Sanidad
y de la gerencia del SESCAM.
Desde
Diario Progresista no hemos puesto en contacto con Celia Zafra,
responsable de comunicación de la organización para saber de qué forma
se puede hacer frente a esta situación. Según nos relata Celia están
denunciando esta situación “no solo
ONG sanitarias como Médicos del Mundo, sino organizaciones de derechos
humanos como Amnistía Internacional, entidades de apoyo a inmigrantes
como Red Acoge, plataformas como Yo Sí Sanidad Universal, agrupaciones
de asociaciones como el Observatorio Valenciano por la Salud y muchas
más” De esta forma la presión es mayor y debería motivar a que, como piden, se derogue el Real Decreto.
Hemos
querido saber también si España estaba viendo deteriorada su Sanidad
hasta el punto de llegar a ser comparable con la de Estados Unidos,
desgraciadamente reconocida por dejar a enfermos morir en la puerta de
un hospital por no tener recursos y su respuesta ha sido rotunda “los
casos que estamos documentando no son tanto de falta de atención en
urgencias (aunque algunos hay) como de personas que después reciben
facturas y órdenes de pago y eso les genera miedo a acudir a los
servicios sanitarios, de modo que si vuelven a tener necesidad de ello,
aguantarán hasta que su situación sea insoportable”
En todo caso nos recuerda que provoca una doble discriminación, porque asegura, “muchas
personas no están acudiendo al médico por miedo a que les cobren y no
puedan pagarlo, lo que aumenta el miedo a que les expulsen del país”.
El último dato que nos ofrece es alarmante; “sí
hemos advertido es que no tardaremos mucho en ver fallecimientos de
enfermos crónicos que se han visto abocados a pagar el 100% de su
medicación, que es muy cara y que han de tomar a diario. Como la mayoría
no pueden costearla, están dejando de tomarla, con el consiguiente
riesgo para su salud”.
Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en
el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial
para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al
respecto
Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública,
sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que
acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas
directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca
de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que
advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que
salvan vidas.
Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser.
La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de
pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo
peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves
ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si
esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos-
lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En
el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a
los PFI madrileños ( HospitalInfanta Sofía, Infanta
Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del
Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones,
el
cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores
eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos
más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos:
es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos
menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con
menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem,
que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los
contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias
"no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma
completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a
los centros 100% públicos, los hospitales privatizados
tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la
atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede
suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección
de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos,
la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de
médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a
tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias
que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde
épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
"El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En
cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes,
además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios".
"Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el
ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía
de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
asegurado que los sistemas universales y públicos son los que
consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también
el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar
con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las
empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios
y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos,
del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala
también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS-Madrid).
Falta de transparencia en la Administración
Pese
a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos
fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como
CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato.
Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas
en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública
impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
"No
sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de
600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid
es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe
técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos
obtener ese cálculo", insiste.
"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo
que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado
por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como
semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión,
bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por
parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión",
advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.
"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas
y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho
más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de
rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya
ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de
Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo
propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática,
sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin
transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz
de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la
prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos
hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.
"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró,
también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría
de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de
concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen.
La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad
del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero
restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia
el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros"
hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada
por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información
necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la
eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.
"Hay
demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público
de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta
este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones
que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la
información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes
suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha
compensado por el personal público que trabaja en concesionarias",
detalla Repullo. Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales" "Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas",
resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los
profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer
energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación
ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.
"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.
Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.
Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad",
"hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos
en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes,
al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a
ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad
científico-técnica".
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos
[los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus
intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el
presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública,
Marciano Sánchez Bayle.
Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo
"público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo
que ser rescatado en 2010.
De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la
Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La
historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad
habla por sí misma.
Los seis hospitales que el Ejecutivo de
Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de
gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo
(Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les
paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la
construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver
gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria
organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales
semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la
UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos
los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.
CAS-Madrid
denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han
recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de
los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias",
asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir
de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30),
prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día
queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara
otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos
hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo. Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el
Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el
aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si
no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro
que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a
estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de
análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados
a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes.
Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso
público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros
para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con
la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre
otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la
Fadsp.
Probando 'Alzira'
Además de los seis hospitales
PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado
público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona
que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean,
necesariamente, pacientes del mismo.
Este pago per cápita
se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de
Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de
Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado
explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la
falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han
visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de
gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi
el 20% de media en dichas partidas. CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privadaLas empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de
lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a
31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la
Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa
Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que
si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de
algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.
Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira
inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y
que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que
ser rescatado y mejorado.
Además, "lo que no se sabe todavía es
si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos
centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.
El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el
consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios
abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquettyno justifica con datossu estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada
cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta
955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado
en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales
tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica
de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:
En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes
asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el
gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias
por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la
asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara
que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la
asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales
a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno
regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año"
[ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de
600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste
de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería
de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.
Las sandeces que dice aquí Mariano Rajoy, no tiene parangón conocido hasta ahora. Es un irresponsable que está dejando la marca España tanto fuera como dentro peor que un trapo sucio.
En el video se pueden ver las mentiras, incongruencias y estupideces comentadas. No se quien ha hecho el video. Si alguien lo sabe que me lo diga y lo pongo
La inmensa mayoría de empresarios honestos de este país deberían
corear un famoso lema del 15-M y dedicárselo con un corte de mangas a la
cúpula de la patronal: «¡Que no nos representan, que no!». La CEOE, que
tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás,
arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Es una
organización que ya está tardando en abrir las ventanas, limpiar bajo
las alfombras y pedir públicamente disculpas a la sociedad.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Javier Lizón | EFE
Información publicada en la página 10 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 10 de febrero de 2013
La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedor en la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán,
está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso
que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios
cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña
electoral de su amiga, la regeneradoraEsperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha
tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría
por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de
euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles
de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos
se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro.
Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios
cuestione la estadística oficial.
Rosell también soltó el
viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se
controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la
CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del
Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a
la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son
subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su
dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta
anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de
un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización
que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221
miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos
que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican
la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el
despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para
uno de sus exdirectivos.
El PP planteó esta semana que la futura
ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como
receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la
amplíen también a la patronal.
