Video de Willy Toledo donde en poco mas de 6 minutos explica por qué no hay democracia
Mostrando entradas con la etiqueta represión. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta represión. Mostrar todas las entradas
26/1/13
16/1/13
Querella contra Cristina Cifuentes: España camina hacia una dictadura
El Juzgado de Instrucción 18 de Madrid ha admitido a trámite la
querella, interpuesta por los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto,
contra la delegada del Gobierno en esa ciudad, Cristina Cifuentes, por
presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y delitos contra
la Constitución.
A salvo la presunción de inocencia, considero que concurren suficientes elementos para considerar que la querellada ha incurrido en los delitos denunciados . Veamos…
En qué consiste la prevaricación
Comete prevaricación, la persona que en su condición de autoridad o funcionario público emite un acto o resolución arbitraria a sabiendas de la injusticia del mismo
En este sentido, se acusa a Cristina Cifuentes de dictar a sabiendas resoluciones injustas al imponer sanciones a quienes se manifiestan, por más que la normativa no contempla sanción para esas conductas. También se han practicado identificaciones masivas e indiscriminadas contra quienes ejercían su derecho a manifestarse.
El pretexto se fundamenta en la ilegalidad de esas concentraciones. Esto es falso. Una manifestación puede ser comunicada o no comunicada pero solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal)
Pero incluso en las manifestaciones ilegales la ley solo contempla la sanción de los organizadores.
Dado que resulta increíble que la delegada del Gobierno ignore este aspecto, solo puede concluirse que dictó aquellas resoluciones a sabiendas de su carácter injusto.
Identificar disidentes: práctica propia de una dictadura
En este sentido, bajo el pretexto aludido se viene desplegando por la delegación del Gobierno un constante hostigamiento y amedrentamiento contra el 15-M y movimientos análogos en forma de multas e identificaciones masivas y/o arbitrarias.
Así, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen órdenes de identificar masivamente a los ciudadanos en un marco de absoluta arbitrariedad: esto no es una mera declaración de parte, sino que fue declarado públicamente por el representante del Sindicato SIPE el pasado 17 de noviembre y con ocasión de la celebración de una manifestación de este colectivo policial.
Como establece el cuerpo de la querella: “En relación a las palabras pronunciadas por el representante de los agentes de policía sobre que se está forzando a los agentes a realizar identificaciones arbitrarias, la Sra. Cifuentes ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual.
Así, Cristina Cifuentes indicó, en una entrevista concedida al programa ‘El Círculo’ de Telemadrid el día 30 de agosto de 2012, que tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid.
La cifra reseñada debe haberse incrementado notablemente en los últimos meses. Dicha práctica de identificación masiva de los supuestos disidentes políticos, práctica especialmente habitual en la Comunidad de Madrid desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo el 16 de enero de 2012, vendría a conculcar el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad personal y el derecho fundamental a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte de un listado de personas que controla la Delegación del Gobierno y cuyo paradero se desconoce.”.
Solo cabe preguntarse: ¿Qué ocurriría si un Gobierno socialista identificara a todos los asistentes a las misas o cualquier otro acto religioso? Aunque resulte chocante, salvo las diferencias meramente formales, nos encontramos ante hechos idénticos.
El nauseabundo olor de las alcantarillas del Estado
No nos engañemos, la imposición de sanciones por hechos que la ley no contempla, así como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la confección de listas negras de disidentes conforman la materia prima de cualquier dictadura.
Con esos materiales se acosa y se intenta amedrentar las protestas sociales que no se pueden domesticar y que, por tanto, preocupan al poder real. Es decir, a los grandes consorcios financieros, energéticos, bancarios…
Esta clase de protestas alarman a esos grandes poderes ya que los ciudadanos comienzan a comprender que deben unirse, organizarse y no aguantar impasibles que les roben. Por más que el saqueo se disfrace de legalidad.
Aquel actuar pestilente, por lo demás, no es original. En EEUU acaban de destaparse las actuaciones ilegales del Estado contra Ocupa Wall Street. Y nuestra historia, por otra parte, resulta pródiga en montajes policiales, quebrantos de la legalidad y hasta crímenes de Estado.
Ojalá me equivoque, pero sobrecoge pensar hasta donde están dispuestos a llegar los guardianes de las alcantarillas del Estado cuando un grupo organizado de “disidentes” comienza a concienciar sobre el ciclópeo tejemaje de intereses inconfesables que se esconde tras meras formalidades democráticas.
En mi opinión, confirmada por la historia, desde las aguas fecales de cualquier Gobierno, se estaría dispuesto a todo. Absolutamente a todo. No se frenarían a la hora de vulnerar la ley que hipócritamente aseguran defender. Incluido cualquiera, absolutamente cualquiera, de los preceptos del Código Penal.
Por eso resulta vital para nuestro bienestar y libertades investigar y depurar las (presuntas) ilegalidades de los gobernantes de turno
Fuente: Diario Progresista
A salvo la presunción de inocencia, considero que concurren suficientes elementos para considerar que la querellada ha incurrido en los delitos denunciados . Veamos…
En qué consiste la prevaricación
Comete prevaricación, la persona que en su condición de autoridad o funcionario público emite un acto o resolución arbitraria a sabiendas de la injusticia del mismo
En este sentido, se acusa a Cristina Cifuentes de dictar a sabiendas resoluciones injustas al imponer sanciones a quienes se manifiestan, por más que la normativa no contempla sanción para esas conductas. También se han practicado identificaciones masivas e indiscriminadas contra quienes ejercían su derecho a manifestarse.
El pretexto se fundamenta en la ilegalidad de esas concentraciones. Esto es falso. Una manifestación puede ser comunicada o no comunicada pero solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal)
Pero incluso en las manifestaciones ilegales la ley solo contempla la sanción de los organizadores.
Dado que resulta increíble que la delegada del Gobierno ignore este aspecto, solo puede concluirse que dictó aquellas resoluciones a sabiendas de su carácter injusto.
Identificar disidentes: práctica propia de una dictadura
En este sentido, bajo el pretexto aludido se viene desplegando por la delegación del Gobierno un constante hostigamiento y amedrentamiento contra el 15-M y movimientos análogos en forma de multas e identificaciones masivas y/o arbitrarias.
Así, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen órdenes de identificar masivamente a los ciudadanos en un marco de absoluta arbitrariedad: esto no es una mera declaración de parte, sino que fue declarado públicamente por el representante del Sindicato SIPE el pasado 17 de noviembre y con ocasión de la celebración de una manifestación de este colectivo policial.
Como establece el cuerpo de la querella: “En relación a las palabras pronunciadas por el representante de los agentes de policía sobre que se está forzando a los agentes a realizar identificaciones arbitrarias, la Sra. Cifuentes ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual.
Así, Cristina Cifuentes indicó, en una entrevista concedida al programa ‘El Círculo’ de Telemadrid el día 30 de agosto de 2012, que tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid.
La cifra reseñada debe haberse incrementado notablemente en los últimos meses. Dicha práctica de identificación masiva de los supuestos disidentes políticos, práctica especialmente habitual en la Comunidad de Madrid desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo el 16 de enero de 2012, vendría a conculcar el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad personal y el derecho fundamental a la interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a formar parte de un listado de personas que controla la Delegación del Gobierno y cuyo paradero se desconoce.”.
Solo cabe preguntarse: ¿Qué ocurriría si un Gobierno socialista identificara a todos los asistentes a las misas o cualquier otro acto religioso? Aunque resulte chocante, salvo las diferencias meramente formales, nos encontramos ante hechos idénticos.
El nauseabundo olor de las alcantarillas del Estado
No nos engañemos, la imposición de sanciones por hechos que la ley no contempla, así como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la confección de listas negras de disidentes conforman la materia prima de cualquier dictadura.
Con esos materiales se acosa y se intenta amedrentar las protestas sociales que no se pueden domesticar y que, por tanto, preocupan al poder real. Es decir, a los grandes consorcios financieros, energéticos, bancarios…
Esta clase de protestas alarman a esos grandes poderes ya que los ciudadanos comienzan a comprender que deben unirse, organizarse y no aguantar impasibles que les roben. Por más que el saqueo se disfrace de legalidad.
Aquel actuar pestilente, por lo demás, no es original. En EEUU acaban de destaparse las actuaciones ilegales del Estado contra Ocupa Wall Street. Y nuestra historia, por otra parte, resulta pródiga en montajes policiales, quebrantos de la legalidad y hasta crímenes de Estado.
Ojalá me equivoque, pero sobrecoge pensar hasta donde están dispuestos a llegar los guardianes de las alcantarillas del Estado cuando un grupo organizado de “disidentes” comienza a concienciar sobre el ciclópeo tejemaje de intereses inconfesables que se esconde tras meras formalidades democráticas.
En mi opinión, confirmada por la historia, desde las aguas fecales de cualquier Gobierno, se estaría dispuesto a todo. Absolutamente a todo. No se frenarían a la hora de vulnerar la ley que hipócritamente aseguran defender. Incluido cualquiera, absolutamente cualquiera, de los preceptos del Código Penal.
Por eso resulta vital para nuestro bienestar y libertades investigar y depurar las (presuntas) ilegalidades de los gobernantes de turno
Fuente: Diario Progresista
3/1/13
La reforma del Código penal de Gallardón - Desmontaje del Estado Democrático de Derecho
Un resumen rápido,
conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado:
Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código
penal. Os explicamos algunas de esas reformas en 6 puntos:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito. Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
Están desmontando piedra a piedra el
Estado Democrático de Derecho.
DIFUNDE!
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito. Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2. Que un banco te desahucie
no es delito. Ocupar una sucursal bancaria para protestar por
haberte desahuciado: hasta seis meses de prisión.
3. Cargarse la sanidad y la
educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte
público: hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su
autoridad y emplee la violencia no es delito. Resistirse a que te
pegue la autoridad: hasta cuatro
años de prisión.
5. Que los políticos agredan
con sus reformas a miles de personas no es delito. Que una persona
agreda a un político: hasta seis años de prisión.
6. Incumplir el programa
electoral y mentir no es delito. Convocar manifestaciones para
protestar por ello: hasta un año de prisión. Están desmontando piedra a piedra el
Estado Democrático de Derecho.
DIFUNDE!
1/1/13
La policia denuncia al gobierno!:"¿Ministro, esta usted buscando que haya muertos
Denuncia, dicen que el gobierno quiere distraer la atencion de las
manifestaciones para que se hable de las cargas, dicen que el gobierno
les pide mas dureza, ¿MAS?!! No se lo pierdan y difundan!
Interesantísimo vídeo
Interesantísimo vídeo
31/12/12
Cristina Cifuentes y otros (presuntos) delincuentes
Fuente Ruth Toledano El Diario.es
Acabamos el año con dos buenas noticias: una, la
admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid de
la querella presentada por Izquierda Unida contra la delegada del
Gobierno en esta ciudad, Cristina Cifuentes. Noticia, a su vez,
doblemente buena: por un lado, porque la responsable de los abusos
policiales vividos en Madrid en los últimos meses y de la violencia
desatada por los cuerpos de seguridad a su cargo es imputada a causa de
ello; por otro, porque supone que quedan jueces fiables, lo que
significa que todavía podemos confiar en que la Justicia se imparta, a
pesar de haber caído en las manos de un ministro, Ruiz-Gallardón, que ha
convertido la Justicia en algo que se recauda.
IU
acusó a Cristina Cifuentes de “un delito contra la Administración
pública por prevaricación”, además de otro delito de “falsedad
documental” y de “delitos contra la Constitución”. Y el Juzgado lo ha
admitido. Es decir, la delegada del Gobierno en Madrid pasa a ser
reconocida como una (presunta) delincuente. Y entre sus (presuntos)
delitos se encuentran algunos cometidos contra ciertos derechos, como el
de manifestación, refrendados por esa Constitución con la que tanto se
les llena, sin embargo, la boca cuando les conviene, en la línea
hipócrita de esas damas de hierro de una derecha sin principios, que
interpretan las realidades a su antojo: para otro clamoroso ejemplo, el
de Esperanza Aguirre, quien, al regreso de Ángel Carromero, condenado en
Cuba a cuatro años de prisión, ha declarado que el dirigente de Nuevas
Generaciones del PP no es un delincuente según las leyes españolas. Por
más que el homicidio imprudente sea, por supuesto, un delito en España.
Por más que haya sido cometido conduciendo borracho a mucha más
velocidad de la permitida y sin puntos en el carné. Por más que haya
costado la vida a dos personas. Rasero de barro, el de las damas de
hierro.
Cristina Cifuentes ha permitido que en 2012
el centro de Madrid se convirtiera en un campo de batalla, en un
escenario de disturbios que solo a ella, en nombre de los suyos,
interesaba. Con aviesa intención, la delegada ha pretendido demostrar
que las protestas en Madrid eran violentas, cuando la realidad ha sido
que la población madrileña ha reaccionado a los continuos ataques de su
Gobierno y de sus efectivos policiales con una resistencia encomiable y
hasta sorprendente en su moderación. Como bien ha declarado IU (el único
partido, por cierto, del arco parlamentario que ha levantado la voz
ante estos ataques), la manifestación contra los recortes del pasado 27
de octubre “se desarrolló en todo momento de forma pacífica”, pese a lo
cual “cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de
policía y obligadas a identificarse bajo la amenaza de que de no hacerlo
serían detenidas”. Cabe recordar la violencia policial sufrida el 25 y
el 26 de septiembre, con el claro objetivo por parte de la delegada de
que la protesta no siguiera siendo multitudinaria.
Obligar a manifestantes pacíficos a identificarse, como ha sucedido en
Madrid (y en otras ciudades con delegaciones del Gobierno de la misma
calaña represora, como Barcelona y su recolocado Felip Puig), apuntar su
filiación, multar con 500 euros su presencia en concentraciones y
manifestaciones, expedientar, es propio de regímenes autoritarios, está
más cerca de una dictadura que de una democracia. Hasta 300 personas han
recibido expedientes sancionadores por su participación en las
legítimas protestas; entre ellos, los diputados de IU Alberto Garzón y
Ricardo Sixto. Cifuentes ha pretendido criminalizar a los ciudadanos que
ejercían sus derechos constitucionales. Si la Justicia es justa, le
saldrá el tiro por la culata. Y se podrá dar con un canto en los
dientes: los ciudadanos, que nos defendemos con las únicas armas de la
voz y de la ley, corremos el riesgo de un balazo en el ojo.
No olvidemos que aún sigue en prisión preventiva el joven vallecano
Alfon, detenido en las inmediaciones de su domicilio el 14N, día de la
huelga general. No parece casualidad que Alfon pertenezca a la peña
rayista Bukaneros y que haya mostrado con ellos una pancarta en la que
se hacía alusión al paradero desconocido del marido de Cifuentes,
acusado de delitos económicos. Parece una medida vengativa, paramilitar,
mafiosa. Está claro que algo huele a podrido en la Delegación del
Gobierno en Madrid.
La otra buena noticia para
terminar el año viene de Islandia (un lugar que ha ejercido las veces de
mítico, y lejano, referente para nosotros): los exdirectores del banco
Glitnir, Larus Welding y Gudmundur Hjaltason, han sido condenados a
nueve meses de prisión por sus actuaciones bancarias, que derivaron en
la quiebra de la entidad. Hace unas semanas, el también islandés Kristin
Hrafnsson, portavoz de Wikileaks, visitó Madrid para participar en el
Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad
Animal. En su intervención, insistió en que la única manera de hacer
frente en la actualidad a los poderes políticos y económicos es seguir
saliendo a la calle, protestar, manifestarse, plantar cara, no tener
miedo. La Delegación del Gobierno, con su (presunta) delincuente a la
cabeza, insistirá a su vez en intimidarnos, en agredirnos, en
reprimirnos, en la línea fascistoide de lo que esta derecha llama
“regular”, “modular” los derechos de huelga y manifestación. Pero los
tiempos están cambiado, el sistema de banqueros culpables y de políticos
corruptos está siendo juzgado, y no debemos desfallecer: es la única
posibilidad de que los próximos que veamos en la cárcel no sean solo los
de Islandia.
Por eso, en términos
políticos, la felicidad que deseo para el 2013 es la de la fuerza, la de
la unión, la de la organización, la de la resistencia: la grandeza de
la política pequeña, es decir, la de los ciudadanos activos, valientes,
frente al abuso de poder y la indolencia de lo que Juan Carlos de Borbón
denominó, en su discursito navideño, “política grande”. La de los
políticos ladrones, mentirosos, delincuentes. Esa bajeza.
25/12/12
Piden Libertad para Alfon, preso político y único detenido el 14N que permanece en la cárcel
Fuente: Tercerrainformación
Alfonso Fernández Ortega fue detenido cuando se dirigía a formar parte
de un piquete informativo en Vallecas junto a su compañera, que fue
puesta en libertad vigilada. La policía le encontró supuestamente
"gasolina en su mochila para no se sabe que tipo de atentado", aunque no
existen huellas del joven en la misma. Alfon denuncia que "se la
pusieron". Hoy, aún permanece en la cárcel Soto del Real
El diputado de Izquierda Unida ha añadido que "hoy se sienta en el banquillo Rato, que sabe mucho de presupuestos, pero poco de gestión de la economía en Bankia o en el FMI, donde también se le reprochó su mala forma de hacer política económica (...) en cualquier caso es una buena noticia, pero una buena noticia que contrasta con la realidad que es que a causa de la crisis no ha se haya sentado en el banquillo ningún banquero, y se hayan negado en el Congreso comisiones de investigación para saber quiénes eran las personas responsables de que hoy tengamos que presentarnos ante un cambio modelo de sociedad tan radical como el que se está imponiendo “.
Alberto Garzón ha concluído: “nuestro grupo pide la libertad inmediata de Alfonso, que lo que realmente hacía era luchar por un mundo distinto y por unos presupuestos antisociales”.
Además de la Izquierda Plural, diputados de Geroa Bai, BNG, ERC, COMPROMIS, PSOE, PNV y AMAIUR se han sumado a la reivindicación de puesta en libertad de Alfon. Algunos de los firmantes, como los diputados Alberto Garzón (IU), Cayo Lara (IU), Joan Tardá (ERC) o Maite Ariztegi (Amaiur), han querido acompañar esta mañana a Elena Ortega, la madre de Alfon -tal y como le conocen vecinos y amigos-, en la presentación del texto.
Todos han firmado hoy jueves una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que denuncian la detención de Alfonso Fernández durante la pasada huelga general y su permanencia, más de un mes después, en prisión bajo régimen FIES. Asimismo, piden su “liberación inmediata”.
Ayer lo hacían Izquierda Anticapitalista y CC.OO., cuya Comisión Ejecutiva de Madrid denuncia la “kafkiana” situación de este joven detenido. El sindicato denuncia que al recurso del abogado de la familia se alegó “riesgo de fuga”, una alegación ridícula que implica que a Alfon se le imponga el régimen de aislamiento FIES-5, con comunicaciones intervenidas y con vigilancia a familiares y amistades, en una situación difícilmente explicable en un estado de derecho, máxime cuando el propio fiscal reconoce que no existe riesgo de fuga. Según CC.OO., Alfonso está siendo utilizado como “cabeza de turco”, lo que está sufriendo especialmente su madre, Elena, que trabaja incansablemente para que su hijo sea puesto en libertad, insistiendo en que hoy ha sido Alfon pero que “mañana puede ser otro hijo, hija o cualquier persona que sale a la calle democráticamente a pedir justicia o reivindicar derechos”.
Otros colectivos sociales han publicado comunicados exigiendo la puesta en libertad, como es el caso del comunicado unitario de la Coordinadora antifascista de Madrid, o el Sindicato de Estudiantes.
Según publica Diario Progresista, en un artículo en el que se entrevistó a la madre de Alfón (*), "la mañana del 14N “le encontraron” a Alfon material explosivo en la mochila que llevaba cuando, acompañado de su novia (también detenida y acusada de los mismo delitos, aunque no haya sido, afortunadamente, encarcelada), se dirigía a participar en los piquetes informativos de la última Huelga General. La gasolina que, según la Delegación del Gobierno, estaría destinada a no se sabe qué tipo de atentado, no tenía, como el propio fiscal que lleva el caso admite, huellas que incriminaran al joven, que, por cierto, no llevaba guantes encima. Alfon repite una vez que él no llevaba ese material en su mochila, que se lo pusieron. Pero la jueza que lleva el caso consideró que el vallecano de 21 años no podía permanecer en libertad por la alarma social que ello generaría. Poco después se vio obligada a reconocer que el argumento carecía de consistencia, y decidió cambiar este por un presunto riesgo de fuga que, por las propias circunstancias del chaval, con trabajo, familia estable y sin antecedentes, pocos juristas pueden entender. Además, se encuentra en un severo régimen de aislamiento, el conocido cómo FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), y tiene muy limitados los contactos con el exterior y la recepción de visitas. Régimen que en los últimos días ha sido agravado a un nivel superior, lo que, además, ha reducido su derecho a llamar a su familia una vez por semana. Hasta ahora, Alfon ha llevado con estoicismo lo que le está pasando. Se considera un cabeza de turco y que le están utilizando para amedrentar a la ciudadanía, para que la gente tema manifestarse y que le pueda pasar lo mismo que a él. Pero un mes de cárcel es mucho para un joven que nunca se ha visto envuelto en ningún hecho delictivo, y sus fuerzas empiezan a flaquear. Acusa síntomas de ansiedad, y su familia amigos están muy preocupados por él".
Las acusaciones de detenidos contra policías que colocan pruebas falsas en sus mochilas no son una novedad. Recientemente, Gabriel y Ainhoa, dos de las personas arrestadas el 25S denunciaron en una entrevista en eldiario.es que "les metieron piedras en la mochila";
"(...) G: El Samur dijo que me tenían que llevar al hospital, pero los policías me metieron en un furgón y fui a la comisaría de Moratalaz con el resto de detenidos.
A: Antes nos quitaron las mochilas.
G: Es verdad. Desataron las tiras para no tener que quitarnos las esposas. Bueno, iban a cortarlas, en plan bruto, pero les dijimos que no las rompieran, que era mejor que las desataran. No sé si fue en ese momento cuando metieron las piedras o ya en comisaría (...)".
Más informacón en la web de la Plataforma por la libertad de Alfon.
