Primero gestiono lo público y luego me enriquezco con ello en el
sector privado. Y viceversa. Equo reclama a la Fiscalía Anticorrupción
que actúe de oficio ante las evidencias de "posibles intereses
privados en el proceso de privatización" de la sanidad madrileña tras
el caso de Juan José Güemes
El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora
con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el
tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo
público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada
lado de la puerta. En este caso, durante su paso por el Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis
en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora,
estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es
consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la
que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis
clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de
atención primaria de su área de influencia. Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladad a Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), que resultó deficitario. También en el País Valencià Manuel existe el caso de Manuel Marín, que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete años después, lo contrató como director del departamento de salud.
Güemes sigue el ejemplo de Manuel Lamela, vinculado a empresas concesionarias de la privatización sanitaria
Pero
la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios,
también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz,
hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad.
"Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de
Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican
fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña. Elena Arias, actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a un error material", informa Europa Press.
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.
Equo e Izquierda Unida, contra las 'puertas giratorias'
A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones".Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.
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