23/12/12
Suecia se 'arrepiente' de haber privatizado su sistema sanitario
Otro caso mas en el que se demuestra que la privatización de la sanidad, es mas costoso que mantenerla pública
Artículo extraido de El informativo Canarias Semanal
E.B.- Durante los últimos quince años Suecia ha estado gobernada por una coalición consistente en políticos liberales y conservadores. Como resultado, y entre otras cosas, parte de su sistema sanitario ha caído en manos privadas. Oficialmente no hay vuelta atrás, pero desde hace meses los responsables de la Hacienda pública están intentando aplicar una subida a los impuestos que por norma abona la industria, en un movimiento que parece destinado a compensar la facilidad con la que se otorgaron en su día hospitales y centros de salud.
El método que han decidido utilizar las autoridades suecas para lograr una mayor recaudación ha sido abrir investigaciones en torno a los fondos de inversión que poseen los grupos de gestión sanitaria privados, siempre con la intención de detectar posibles prácticas puestas en marcha en el pasado para evadir parte de la carga fiscal correspondiente. Estas investigaciones comenzaron a tener lugar en el 2007, y ahora están empezando a recoger algunos frutos.
El argumento principal que sostienen las autoridades es que los fondos de inversión privados que gestionan la sanidad privada en el país se lucran gracias a una industria que en realidad montó en su día el Estado para luego, bien asesorados, eludir una parte de las contribuciones que tendrían que presentar ante el fisco. Desde Capio, uno de los principales grupos gestores de sanidad privada de Europa -de origen sueco-, dicen que no es verdad que no se paguen impuestos.
Sin embargo, el argumento de los responsables de la Hacienda sueca no es que no paguen impuestos, tal y como afirman algunos eslóganes de tinte más bien populista. El argumento es que se pagan pocos para lo bien que marcha el negocio. Al parecer, y según informaba <em>Reuters</em> en un artículo publicado en noviembre, los gestores como Capio estarían abonando, en Suecia, un 30% de sus ganancias. El objetivo es que paguen lo máximo que permite la normativa en estos casos: un 55% de sus ingresos.
Ya se han dado los primeros resultados. Alegando que hubo incorrecciones cuando se presentaron los libros de cuentas reflejando las ganancias reportadas por algunas operaciones, el fondo de inversión Nordic Capital, uno de los dueños de Capio, habría sido condenado a pagar una multa superior a los 77 millones de euros. El de Nordic Capital no es el único caso parecido.
De todos modos, y tal y como ilustra un reportaje publicado recientemente por el periódico británico <em>The Guardian</em>, lo cierto es que la Sanidad en Suecia no ha empeorado por culpa de haber sido privatizada. Buena parte de la población está en contra de haber tomado este camino por principios ideológicos (de los últimos 80 años, Suecia ha contado con líderes socialistas durante 65 años), aunque reconoce que los hospitales gestionados por manos privadas funcionan igual que los estatales y, últimamente, incluso mejor.
Artículo extraido de El informativo Canarias Semanal
E.B.- Durante los últimos quince años Suecia ha estado gobernada por una coalición consistente en políticos liberales y conservadores. Como resultado, y entre otras cosas, parte de su sistema sanitario ha caído en manos privadas. Oficialmente no hay vuelta atrás, pero desde hace meses los responsables de la Hacienda pública están intentando aplicar una subida a los impuestos que por norma abona la industria, en un movimiento que parece destinado a compensar la facilidad con la que se otorgaron en su día hospitales y centros de salud.
El método que han decidido utilizar las autoridades suecas para lograr una mayor recaudación ha sido abrir investigaciones en torno a los fondos de inversión que poseen los grupos de gestión sanitaria privados, siempre con la intención de detectar posibles prácticas puestas en marcha en el pasado para evadir parte de la carga fiscal correspondiente. Estas investigaciones comenzaron a tener lugar en el 2007, y ahora están empezando a recoger algunos frutos.
El argumento principal que sostienen las autoridades es que los fondos de inversión privados que gestionan la sanidad privada en el país se lucran gracias a una industria que en realidad montó en su día el Estado para luego, bien asesorados, eludir una parte de las contribuciones que tendrían que presentar ante el fisco. Desde Capio, uno de los principales grupos gestores de sanidad privada de Europa -de origen sueco-, dicen que no es verdad que no se paguen impuestos.
Sin embargo, el argumento de los responsables de la Hacienda sueca no es que no paguen impuestos, tal y como afirman algunos eslóganes de tinte más bien populista. El argumento es que se pagan pocos para lo bien que marcha el negocio. Al parecer, y según informaba <em>Reuters</em> en un artículo publicado en noviembre, los gestores como Capio estarían abonando, en Suecia, un 30% de sus ganancias. El objetivo es que paguen lo máximo que permite la normativa en estos casos: un 55% de sus ingresos.
Ya se han dado los primeros resultados. Alegando que hubo incorrecciones cuando se presentaron los libros de cuentas reflejando las ganancias reportadas por algunas operaciones, el fondo de inversión Nordic Capital, uno de los dueños de Capio, habría sido condenado a pagar una multa superior a los 77 millones de euros. El de Nordic Capital no es el único caso parecido.
De todos modos, y tal y como ilustra un reportaje publicado recientemente por el periódico británico <em>The Guardian</em>, lo cierto es que la Sanidad en Suecia no ha empeorado por culpa de haber sido privatizada. Buena parte de la población está en contra de haber tomado este camino por principios ideológicos (de los últimos 80 años, Suecia ha contado con líderes socialistas durante 65 años), aunque reconoce que los hospitales gestionados por manos privadas funcionan igual que los estatales y, últimamente, incluso mejor.
21/12/12
Reforma Gallardón: deslegitimar y penalizar a quienes se les enfrentan
Artículo de Rodolfo Benito
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En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP acaba de anunciar, por medio de su ministro de Justicia, una nueva vuelta de tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades (reforma del Código Penal para facilitar la imputación de sindicatos y partidos), que se suma a los sociales y laborales que viene imponiendo.
Se trata, en ambos casos, de expresiones de un mismo diseño ideológico conservador que, con la crisis como pretexto, pretende desmantelar los servicios del Estado de Bienestar, desregular las relaciones laborales y consolidar la desigualdad social, para lo que se requiere la deslegitimación primero y la penalización después de quienes se le enfrentan, especialmente de las organizaciones sindicales
El puzzle se va componiendo, las piezas van encajando. Y es que efectivamente, cuando desde los medios más conservadores se inició la campaña de acoso y deslegitimación contra los sindicatos, no estábamos ante hechos aislados, sino ante una estrategia perfectamente planificada.
La campaña contra dirigentes sindicales, preñada de bulos y de falsedades, el ataque a las estructuras sindicales a través de los “liberados sindicales”, sobre los recursos de los sindicatos, la presión sobre las manifestaciones, sobre el derecho de huelga, sobre los derechos de participación…, se completa ahora con la reforma anunciada por Gallardón dirigida a reprimir las formas de exteriorización del conflicto social que generan los recortes laborales y sociales impuestos que, lejos de contribuir a la salida de la crisis, no hacen sino profundizar en la misma y ampliar la fractura social del país.
Como se viene planteando desde los sectores neoliberales, los derechos de protección social son perturbaciones del mercado. Y ya se sabe lo que ha de hacerse con las perturbaciones. Dicho de otro modo: quebrar el espinazo al sindicalismo confederal es un requisito necesario para destruir los derechos sociales, sin ningún tipo de obstrucción.
De hecho, la aplicación a los sindicatos, que desarrollan una actividad de amplia proyección social, de medidas de responsabilidad penal inicialmente previstas para las sociedades mercantiles, permite diseñar los mecanismos necesarios para imputar a la organización convocante, promotora, o simplemente a la que se le considere “beneficiaria” del conflicto en el que se generan los hechos, una responsabilidad penal que puede llevar aparejada no sólo importantes multas económicas, sino igualmente la intervención o disolución de la organización, la clausura de los locales o instalaciones, la suspensión de sus actividades, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se impute el delito –como la convocatoria de huelga, o de manifestaciones o reuniones–, o a intervención judicial de sus actividades.
Estamos, pues, ante la puerta abierta para que las organizaciones sindicales puedan ser disueltas, incautados sus bienes y clausura de sus actividades, a través de la imputación de cualquier práctica cometida en el curso de huelgas, piquetes, manifestaciones, no ya por sus órganos de dirección, sino por sus afiliados o simples “simpatizantes”.
Llama poderosamente la atención que tales medidas, particularmente restrictivas de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, se anuncien tras la convocatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre. Presenta todos los indicios de que estamos ante una medida con la que se quiere castigar precisamente a las organizaciones sociales que vienen manteniendo una posición activa de confrontación con la posición del Gobierno en el recorte de los derechos sociales y laborales.
Se trata, en definitiva, de ataques intolerables en una sociedad democrática, que con un descarado componente ideológico, pretenden limitar la capacidad de acción de los sindicatos y desmontar la cultura de los derechos, base fundamental de la vertebración de la sociedad y donde radica también el legítimo protagonismo del sindicalismo confederal.
En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP acaba de anunciar, por medio de su ministro de Justicia, una nueva vuelta de tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades (reforma del Código Penal para facilitar la imputación de sindicatos y partidos), que se suma a los sociales y laborales que viene imponiendo.
Se trata, en ambos casos, de expresiones de un mismo diseño ideológico conservador que, con la crisis como pretexto, pretende desmantelar los servicios del Estado de Bienestar, desregular las relaciones laborales y consolidar la desigualdad social, para lo que se requiere la deslegitimación primero y la penalización después de quienes se le enfrentan, especialmente de las organizaciones sindicales
El puzzle se va componiendo, las piezas van encajando. Y es que efectivamente, cuando desde los medios más conservadores se inició la campaña de acoso y deslegitimación contra los sindicatos, no estábamos ante hechos aislados, sino ante una estrategia perfectamente planificada.
La campaña contra dirigentes sindicales, preñada de bulos y de falsedades, el ataque a las estructuras sindicales a través de los “liberados sindicales”, sobre los recursos de los sindicatos, la presión sobre las manifestaciones, sobre el derecho de huelga, sobre los derechos de participación…, se completa ahora con la reforma anunciada por Gallardón dirigida a reprimir las formas de exteriorización del conflicto social que generan los recortes laborales y sociales impuestos que, lejos de contribuir a la salida de la crisis, no hacen sino profundizar en la misma y ampliar la fractura social del país.
Como se viene planteando desde los sectores neoliberales, los derechos de protección social son perturbaciones del mercado. Y ya se sabe lo que ha de hacerse con las perturbaciones. Dicho de otro modo: quebrar el espinazo al sindicalismo confederal es un requisito necesario para destruir los derechos sociales, sin ningún tipo de obstrucción.
De hecho, la aplicación a los sindicatos, que desarrollan una actividad de amplia proyección social, de medidas de responsabilidad penal inicialmente previstas para las sociedades mercantiles, permite diseñar los mecanismos necesarios para imputar a la organización convocante, promotora, o simplemente a la que se le considere “beneficiaria” del conflicto en el que se generan los hechos, una responsabilidad penal que puede llevar aparejada no sólo importantes multas económicas, sino igualmente la intervención o disolución de la organización, la clausura de los locales o instalaciones, la suspensión de sus actividades, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se impute el delito –como la convocatoria de huelga, o de manifestaciones o reuniones–, o a intervención judicial de sus actividades.
Estamos, pues, ante la puerta abierta para que las organizaciones sindicales puedan ser disueltas, incautados sus bienes y clausura de sus actividades, a través de la imputación de cualquier práctica cometida en el curso de huelgas, piquetes, manifestaciones, no ya por sus órganos de dirección, sino por sus afiliados o simples “simpatizantes”.
Llama poderosamente la atención que tales medidas, particularmente restrictivas de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, se anuncien tras la convocatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre. Presenta todos los indicios de que estamos ante una medida con la que se quiere castigar precisamente a las organizaciones sociales que vienen manteniendo una posición activa de confrontación con la posición del Gobierno en el recorte de los derechos sociales y laborales.
Se trata, en definitiva, de ataques intolerables en una sociedad democrática, que con un descarado componente ideológico, pretenden limitar la capacidad de acción de los sindicatos y desmontar la cultura de los derechos, base fundamental de la vertebración de la sociedad y donde radica también el legítimo protagonismo del sindicalismo confederal.
20/12/12
¿Peligra la calidad de tu asistencia médica?
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid responde en un vídeo las preguntas de personajes famosos sobre los efectos de la privatización sanitaria
Se explica las ventajas de la sanidad pública sobre la privada y también las mentiras a la hora de comparar hospitales y otras mas. Muy interesante (unos 5 minutos)
"¿Se puede evitar el final de la sanidad pública? Sí se puede". Bajo este lema, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) , explican los contraargumentos al Plan de Sostenibilidad presentado por la Consejería de Sanidad madrileña el pasado de 31 de octubre.
Preguntados por personajes famosos como Miguel Rellán, Rosa María Mateo, Juan Diego Botto y Olga Rodríguez, varios médicos de distintos centros madrileños explican "los riesgos" de una sanidad privatizada."¿Peligra la calidad de mi asistencia? Sí", es una de las respuestas que contiene el vídeo, que también incluye gráficos y propouestas alternativas al plan de la Comunidad.
Fuente: Diario Público
Sr.Gonzalez, Sr. Consejero. Tengo diez preguntas para usted. Y diez respuestas
Queremos contribuir a un sistema sanitario público mejor y más eficiente, pero el Sr González y el Sr Consejero Fdez-Lasquetti NO NOS DEJAN.
Por favor, DIFUNDIR las preguntas, x twiter, x facebook, x e-mail, x sms, o x lo que sea.
Este es el enlace de las 10 preguntas de La Paz . Es un vídeo realmente contundente
Vídeo de las 10 preguntas a la sanidad pública madrileña (7 minutos)
Y, por último
¿ POR QUÉ NO NOS PROPORCIONA LOS DATOS PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO?
¿NO LOS TIENE O NO LE CONVIENE?
Nuevo escándalo: el hospital de Manises quiebra (el mismo modelo que Alzira, Valdemoro, Torrejón, Mostoles….) y pide el rescate.
Fue inaugurado hace apenas 3 años.
Sería el segundo hospital modelo PFI rescatado (con dinero público, por supuesto), en la Comunidad Valenciana.
Sanitas alega “menores ingresos económicos de los esperados” y reconoce un agujero de 76 millones de €.
“Amenazan” de que si no es “rescatado”, podrían derivarse “responsabilidades patrimoniales de la Administración”.
Piden aumentar el periodo de concesión, aumento de las tarifas, o incremento de la población asignada, es decir, más dinero.
¿Es exagerado pensar que este es el mismo futuro que les espera a los hospitales privatizados -o por privatizar- en Madrid?
Contra el atraco a la
sanidad pública, ahora mas que nunca: derogación de la LEY 15/97 y
rescate y vuelta a manos públicas de todos los centros privatizados.
Fuente: casmadrid.org
En realidad viene de un artículo de el diario el Mundo
Fuente: casmadrid.org
En realidad viene de un artículo de el diario el Mundo
Si leeis la noticia que está en pdf se puede alucinar al comprobar la poca vergüenza que tienen estos gestores privados, llegando incluso a decir que si no se les ayuda pueden derivarse responsabilidades patrimoniales. O sea que es otra prueba de que la sanidad privada es mas cara como ya muchos habíamos comprobado.
19/12/12
Así se ahorran, sin privatizar, 510 millones en la Sanidad de Madrid
Los sindicatos del sector, que han convocado huelga hoy y mañana,
han presentado ante la Consejería sus alternativas a la reforma
propuesta por el Gobierno regional
Artículo de ANNA FLOTAT
Poco más de 48 horas. Ese es el tiempo que los representantes de los trabajadores sanitarios de Madrid tuvieron para elaborar un documento con propuestas de ahorro en el sector, con el fin de presentarlo ante el Gobierno de la Comunidad y evitar, así, la reforma sanitaria anunciada por el presidente, Ignacio González. También es el tiempo que llevan negociando sus alternativas con el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, aunque la reunión diaria que mantienen con su departamento no haya dado, hasta el momento, ningún fruto.
Por este motivo, los sindicatos han mantenido la convocatoria de huelga para hoy y mañana en la que llaman al paro a los trabajadores de los hospitales, el primer día, y a los de Atención Primaria, del Summa 112 y de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad, el segundo. La protesta coincide, además, con el debate y aprobación de los Presupuestos regionales para 2013, que incluyen el Plan de sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid [ver pdf]. Para hoy, además, está prevista una gran marcha blanca hacia la Asamblea de Madrid a las 17.00 horas y otras movilizaciones como el flashmob organizado por los profesionales del hospital Doce de octubre, a las 11.00 horas.
Asimismo, representantes de SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT, AMYTS, USAE y CSI-F y Afem volverán a reunirse hoy con directivos del departamento de Lasquetty para volver a debatir sus alternativas. Los líderes sindicales defienden que, sin privatizar centros -principal punto de conflicto entre ambas partes de la negociación- se pueden ahorrar 510 de los 533 millones de euros que prevé la Consejería. Y ello a pesar de que lamentan no tener haber tenido datos ni tiempo suficiente para poder concretar mejor el documento. "Cuantificar las diferentes partidas es inviable con la premura de tiempo y las nulas facilidades de las que disponemos", citan en el texto. No obstante, así detallen su proyecto:
Así, mientras la Comunidad estima que los estos centros tienen un gasto de unos 600 euros por habitante, los sindicatos rebajan dicha cantidad a entre 246 y 451 euros. En el caso de hospitales de gestión privada la Consejería cifra el gasto en sólo 441 euros por ciudadano, aunque los sindicatos inflan la cuantía hasta 516 euros por persona de media. No privatizar, por tanto, ahorra "119,67 euros por habitante y año" que, multiplicado por 1.138.379 habitantes "representan 136.229.814 euros.
Aunque los representantes de los trabajadores reconocen que en este ámbito "la posibilidad de reducción presupuestaria es francamente complicada", también creen que dando más autonomía a los centros, fomentando el autocuidado y poniendo en marcha medidas como la receta electrónica, entre otras cuestiones, se puede conseguir dicha cantidad.
62 millones, reduciendo el gasto por receta
"El permanente compromiso de los profesionales en la contención del gasto puede representar un descenso del 5% en el gasto en farmacia". Esta medida de autocontrol en la expedición de recetas "no es algo nuevo", insisten los sindicatos, pero con ello se conseguirá un ahorro previsible de 62 millones de euros.
Por ello, insisten en su petición de recuperar la negociación colectiva para poder luchar por los derechos de estos profesionales. En este punto "no existe unanimidad en el posicionamiento de las organizaciones sindicales", admiten, pero aseguran que exigirán "que se establezca un marco claro que delimite quén, cómo, en qué plazos y casos debe ser considerado susceptible de prorrogar más allá de los 65 años".
Fuente: Diario Publico
Artículo de ANNA FLOTAT
Poco más de 48 horas. Ese es el tiempo que los representantes de los trabajadores sanitarios de Madrid tuvieron para elaborar un documento con propuestas de ahorro en el sector, con el fin de presentarlo ante el Gobierno de la Comunidad y evitar, así, la reforma sanitaria anunciada por el presidente, Ignacio González. También es el tiempo que llevan negociando sus alternativas con el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, aunque la reunión diaria que mantienen con su departamento no haya dado, hasta el momento, ningún fruto.
Por este motivo, los sindicatos han mantenido la convocatoria de huelga para hoy y mañana en la que llaman al paro a los trabajadores de los hospitales, el primer día, y a los de Atención Primaria, del Summa 112 y de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad, el segundo. La protesta coincide, además, con el debate y aprobación de los Presupuestos regionales para 2013, que incluyen el Plan de sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid [ver pdf]. Para hoy, además, está prevista una gran marcha blanca hacia la Asamblea de Madrid a las 17.00 horas y otras movilizaciones como el flashmob organizado por los profesionales del hospital Doce de octubre, a las 11.00 horas.
Asimismo, representantes de SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT, AMYTS, USAE y CSI-F y Afem volverán a reunirse hoy con directivos del departamento de Lasquetty para volver a debatir sus alternativas. Los líderes sindicales defienden que, sin privatizar centros -principal punto de conflicto entre ambas partes de la negociación- se pueden ahorrar 510 de los 533 millones de euros que prevé la Consejería. Y ello a pesar de que lamentan no tener haber tenido datos ni tiempo suficiente para poder concretar mejor el documento. "Cuantificar las diferentes partidas es inviable con la premura de tiempo y las nulas facilidades de las que disponemos", citan en el texto. No obstante, así detallen su proyecto:
136 millones de euros, por no privatizar hospitales
Las
organizaciones aseguran que la no privatización de los seis
hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital
del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo supondrían un
ahorro de 136,29 millones de euros porque, según sus datos, el ratio de coste per cápita es inferior con una gestión pública que privada. Así, mientras la Comunidad estima que los estos centros tienen un gasto de unos 600 euros por habitante, los sindicatos rebajan dicha cantidad a entre 246 y 451 euros. En el caso de hospitales de gestión privada la Consejería cifra el gasto en sólo 441 euros por ciudadano, aunque los sindicatos inflan la cuantía hasta 516 euros por persona de media. No privatizar, por tanto, ahorra "119,67 euros por habitante y año" que, multiplicado por 1.138.379 habitantes "representan 136.229.814 euros.
126 millones, en la autogestión de la Atención Primaria
En
los 27 centros de Atención Primaria donde el departamento de Lasquetty
pretende "externalizar" el 10% de los servicios asistenciales, los
sindicatos proponen un ahorro del 18% en el presupuesto de Atención Primaria para reducir 126,45 millones de euros y anular dicha privatización del Gobierno regional.Aunque los representantes de los trabajadores reconocen que en este ámbito "la posibilidad de reducción presupuestaria es francamente complicada", también creen que dando más autonomía a los centros, fomentando el autocuidado y poniendo en marcha medidas como la receta electrónica, entre otras cuestiones, se puede conseguir dicha cantidad.
62 millones, reduciendo el gasto por receta
"El permanente compromiso de los profesionales en la contención del gasto puede representar un descenso del 5% en el gasto en farmacia". Esta medida de autocontrol en la expedición de recetas "no es algo nuevo", insisten los sindicatos, pero con ello se conseguirá un ahorro previsible de 62 millones de euros.
70 millones, por "asumir" la pérdida de 2.000 trabajadores
El
documento sindical señala que "la prolongación del servicio activo a
partir de los 65 años, que se limitará a un tercio de los
profesionales" -una medida prevista en el Plan de sostenibilidad del
Ejecutivo madrileño- ahorrará unos 70 millones de euros, "asumiendo la pérdida de 2.000 trabajadores", enfatizan.Por ello, insisten en su petición de recuperar la negociación colectiva para poder luchar por los derechos de estos profesionales. En este punto "no existe unanimidad en el posicionamiento de las organizaciones sindicales", admiten, pero aseguran que exigirán "que se establezca un marco claro que delimite quén, cómo, en qué plazos y casos debe ser considerado susceptible de prorrogar más allá de los 65 años".
150 millones, en la central de compras
El
"incremento de las actividades de la central de compras" propuesto por
Lasquetty es el único punto en el que Consejería y sindicatos están al
100% de acuerdo. Con ello, aseguran los segundos, se ahorrarán 150
millones, de los que 80 millones procederán de la
protocolarización de la regla 20/80 (conocida como "principio de
parapeto" para generar eficiencia en el servicio mediante aplicación de
criterios profesionales). Fuente: Diario Publico
