28/2/13

Los siete nombres clave en el 'caso Bárcenas'

Fuente: MARÍA JESÚS GÜEMES Cadena Ser

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato, José Manuel Romay Beccaría, Cristóbal Páez y Federico Trillo tienen en sus manos todas las claves para dar las explicaciones que faltan sobre el extesorero 

Desde que estalló el 'caso Gürtel', en 2009, ellos fueron los responsables de todas las decisiones importantes. Antes lo defendían y ahora se distancian de él todo lo posible. Cospedal está siendo cuestionada internamente. Con todo el mundo apuntando hacia ella, se desvía la atención de Rajoy.

Hubo un tiempo en que Luis Bárcenas llegaba al Comité Ejecutivo Nacional del PP se sentaba y pasaba desapercibido. Eran otros, los políticos, los que debían salir en televisión. Hasta que él se convirtió en el protagonista absoluto y en la pesadilla de la formación conservadora.
Ahora nadie en Partido Popular cita su nombre. Y menos aún da explicaciones sobre su salida. Desde que se supo que había estado contratado hasta el 31 de enero de 2013, los populares evitan a la prensa. Cuando, por fin, María Dolores de Cospedal compareció ante los medios de comunicación, lejos de despejar dudas, las avivó al hablar de "indemnización en diferido" y "simulación de su retribución". No se salió de ese peculiar guión. Fueron varias las preguntas, no hubo más respuestas.
Dudas
Pero siguen siendo muchas las incógnitas. Después de que Bárcenas haya demandado al PP por despido improcedente, aún más. Los populares dicen que se verán las caras con él en los tribunales y se mantienen en sus trece.
Hasta ayer todo el mundo reclamaba al partido el finiquito. Pero ahora se les pide que enseñen o bien el acuerdo al que dicen que llegaron en 2010 o la comunicación de la baja voluntaria del extesorero. Esas son las únicas pruebas para dar con la salida del laberinto en el que se han metido.
Todavía quedan cuestiones pendientes. Si de verdad, en su día, se llegó con él a un pacto ¿quién lo autorizó? Cospedal dice que lo cerró con los servicios jurídicos del partido. Todo el mundo se lava las manos. Todo el mundo niega que tuviera algo que ver. Tampoco nadie quiere comentar el confuso comunicado que se distribuyó cuando se hizo público que le pagaban las cuotas a la Seguridad Social. Nadie concreta, nadie quiere dar más datos. El silencio sobre este tema se extiende. Aseguran que no hay nada que ocultar, sostienen que no mienten, pero juegan con las palabras y se ahorran información.
Los nombres
Hay una serie de personas que manejan todos los detalles. Además de la secretaria general del PP, por supuesto está el presidente, Mariano Rajoy. Él fue quien le ascendió a tesorero en el Congreso de Valencia en 2008, todo pasaba ya por él y tendría que haber dado el visto bueno a cualquier decisión que se hubiera adoptado sobre Bárcenas. Sin olvidar a Javier Arenas, Ana Mato y Federico Trillo, que ocupaban puestos de responsabilidad en el partido cuando estalló el 'caso Gürtel' en 2009. Son los actores principales. Los que en estos últimos cuatro años gestionaron todo el asunto.
Rajoy se mostró convencido entonces de que nadie iba a poder probar que Bárcenas no era inocente. Dijo que no quería convertirse en "un inquisidor", como otros. Y frente a algunos cargos implicados en la trama de corrupción de los que se prescindió, a él le mantuvo con un trato privilegiado.
Hubo muchas reuniones a puerta cerrada en la calle Génova. Y varias fundamentales en la séptima planta, en el despacho del líder. La cúpula estaba dividida. Mientras por un lado, Arenas y Mato defendían su continuidad en el cargo hasta que no se demostrara su culpabilidad, Cospedal pedía que se le echara. Siempre se habló de los enfrentamientos que mantuvo con el extesorero. Trillo, quien fue el artífice de la anulación del 'caso Naseiro', se encargó de la estrategia de defensa, tanto del extesorero como de Francisco Camps. De él dependían los servicios jurídicos del partido. Hasta el Congreso de Sevilla de 2011, cuando Cospedal decidió que los controlaba ella.
El PP llegó a pagar incluso 70.000 euros al despacho personal de Trillo por "coordinar las defensas" de los imputados en la trama dirigida por Francisco Correa. Y Cospedal lo defendió diciendo que por culpa del Gobierno socialista, los populares habían estado sometidos a un gran acoso y habían tenido que pleitear muchísimo.
Trillo fue el encargado de desplegar toda la artillería contra Baltasar Garzón y de extender la teoría de conspiración, que hoy se ha vuelto a poner de moda. De hecho llegó un momento en el que el responsable del área de Justicia y Libertades Públicas del PP en aquel momento, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el "principal director del montaje político" contra el Partido Popular y pidió dimisiones a mansalva de fiscales y miembros de la UDEF.
Todos los mensajes se repiten. Ahora Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, cree que existe "una batalla que en el fondo lo que quiere es la sustitución del actual presidente del Gobierno" y dice que el lenguaje que se emplea para criticar a los conservadores suena al que se usó el 11 de marzo de 2004.
En el PP todos tuvieron buenas palabras sobre Bárcenas. Por ejemplo, las de la entonces vicesecretaria de Organización, Ana Mato, quien habló de su "honradez". Arenas le señaló como "un ejemplo de buen trabajo, profesionalidad y decencia". Hay que recordar que cuando Bárcenas anunció en 2010 que dejaba definitivamente su cargo, muchos apuntaron a que Arenas, con quien hablaba regularmente por teléfono, había sido determinante para que adoptara esa decisión y salvar así al partido de la crisis que atravesaba.
Cuando se marchó en 2009, de forma temporal, fue el gerente, Cristóbal Páez, quien le sustituyó. Era un personaje misterioso, que no caía bien dentro del partido. Rehuía los focos. Siempre esperó heredar el puesto. Pero Rajoy se decantó finalmente por José Manuel Romay Beccaría. Por esas fechas, se produjeron los acontecimientos.
Para anunciar su marcha, el PP sacó un comunicado alabando su "magnífica gestión" y agradeciéndole "la lealtad que había demostrado". Ahora no ha sacado otro, diciendo que se sienten engañados por él. Por aquel entonces, también Rajoy, como ahora, pidió a los suyos que confiaran en él. Negó la financiación irregular del partido y aseguró que si se demostraba algo actuaría "en consecuencia".
Pero hoy los roles, en buena parte, han cambiado. Los que saben todo lo que ocurrió realmente están en otros puestos. Rajoy, en La Moncloa, Mato de ministra de Sanidad y Trillo como embajador en Londres. Páez se fue del partido y Beccaría es presidente del Consejo de Estado. Solo Cospedal y Arenas se mantienen en el partido y los que están dentro de Génova aseguran que su relación sigue siendo conflictiva.
Los populares defienden su credibilidad, pero está tocada. Para muchos todo esto se va a saldar con cambios y dimisiones que llegarán. Cospedal está siendo cuestionada. Todo el mundo apunta hacia ella y se desvía la atención de Rajoy. Algunos reclaman que se adopten medidas y se abandonen los gestos políticos que no sirven de nada.
La mayoría de los cargos busca distanciarse de esta cuestión. Primero, cuando se supo que tenía cuentas en Suiza. Desde ayer, la guerra está declarada. Los que antes le defendían, los que se implicaban, han pasado a despreciarle. Hay quien se ha confesado avergonzado por su actuación. Y en definitiva quieren que Bárcenas sea historia, que forme parte del pasado cuando está más presente que nunca.
Y mientras Rajoy calla. Se defiende, presenta sus declaraciones, habla de auditorías, de querellas, de medidas anticorrupción. Deja pasar el tiempo. El presidente del Gobierno no da una larga rueda de prensa desde el pasado 28 de diciembre cuando compareció hacer balance de un año al frente del Gobierno. Desde entonces, los periodistas solo le han podido preguntar cuando fue a ver a Angela Merkel, el pasado 4 de febrero, apenas unas cuantas cuestiones. Es más, salvó el debate sobre el Estado de la Nación, esquivando el tema durante todo el tiempo, haciendo del nombre de Bárcenas, nombre tabú.

24/2/13

Cronica y video de altercados en el #23F. Como simpre dando a quien no tiene culpa. Por Juan Robles González

Después de las ocho de la tarde, y tras retirarse los bomberos que formaban un cordón de protección entre la gente y las vallas del congreso, comenzaron los disturbios que habrían de durar hasta horas en el centro de la capital.
En este video crónica podemos encontrar enfrentamientos entre manifestantes y policía. Esta cargó desde la plaza Neptuno hasta las inmediaciones del Museo Reina Sofía, pasando por los alrededores de la estación de Atocha. Destaca la detención a 21 personas en una calle aledaña al museo, la detención de una chica por policías secretas, las agresiones a prensa, el adoquín de grandes proporciones lanzado a la policía, la detención de un hombre que bajaba la calle con su hermano y la identificación de un grupo de menores de edad en la plaza de Reina Sofía con Atocha.
Video hecho por Juan Robles Gonzalez (Ver mas vídeos)

21/2/13

Campaña por la defensa de la sanidad pública (ayuda con algo si puedes)

AFEM es una asociación de facultativos de Madrid absolutamente independiente. El objetivo de AFEM es defender a la profesión médica y reafirmar su papel indispensable en el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y de la atención de los pacientes.

En vez de hacer huelga y que te descuenten el día, mas trienios, mas vacaciones, etc. se trabaja ese día y con lo que se ha ganado se paga un servicio jurídico de garantía para ir contra los estafadores que quieren privatizar la sanidad madrileña y que se ha demostrado ineficaz y ruinosa en otros sitios como Valencia cuyo modelo Alcira ha fracasado. Por supuesto también se admiten donaciones de cualquiera y por cualquier cantidad, ya que la unión hace la fueza

Su página web está en www.asociaciónfacultativos.com

La vía jurídica es la mejor vía para paralizar la privatización y venta de la Sanidad Pública Madrileña a empresas con ánimo de lucro.

Hasta el 20 de Febrero hay un total de 130.238 Eur procedentes de donaciones de personas y grupos, muchos de ellos ciudadanos no sanitarios preocupados e interesados en defender la Sanidad Pública, la verdadera Sanidad de todos y para todos.

Estamos todos más cerca de alcanzar el objetivo de 181.500 Eur (150.000 + 21% IVA). Faltan 51.262 eur.

Muchas gracias

Dona el salario de un día (o cualquier otra cantidad) por la Defensa Jurídica de la Sanidad Publica

AFEM       www.asociaciónfacultativos.com

18/2/13

Privatizar perjudica la salud (y II)

Fuente Diario Público

Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al respecto

 Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que salvan vidas.

Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que "han puesto en riesgo la vida de los pacientes", según informó la Cadena Ser. La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
"El principal problema de las empresas privadas es que tienden a la selección de riesgos"
Si esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos- lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a los PFI madrileños ( Hospital Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones, el cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos más reingresos de pacientes.
"El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos: es decir, buscan "descremar" la demanda y quedarse con los casos menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con menor riesgo de efectos adversos y complicaciones", señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem, que la selección de riesgos es "difícil de controlar", debido a que los contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias "no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma completa". Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a los centros 100% públicos, los hospitales privatizados tienen "el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la atención primaria", con los consecuentes riesgos que esta práctica puede suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección de riesgo son, según Lobo, "la especialización en tratamientos no complejos, la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan" a tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde épocas de Esperanza Aguirre consiguen salir rentables en las cifras oficiales.
 "El tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad"
En cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes, además, Repullo también advierte de que "si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión de menos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios". "Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad", metaforiza el experto en Economía de la Salud.
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que los sistemas universales y públicos son los que consiguen mejores resultados en salud con menos dinero", cita también el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. "Es difícil demostrar con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos, del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas...", señala también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid).

Falta de transparencia en la Administración

Pese a estas suposiciones "lógicas", lo cierto es que no existen datos fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que "externalizar" servicios sale más barato. Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública impiden saber con exactitud  si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
"No sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de 600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido", señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid es, para Oliva, "un plan ambigüo que no dispone de ningún informe técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos obtener ese cálculo", insiste.
"Los hospitales están infrapresupuestados y ese es un juego perverso", señala otro profesional
Lo que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. "El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión, bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión", advierte este experto. "Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente", añade.
"La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de rendición de cuentas", continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. "El caso de Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática, sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin transparencia", concluye el experto, que asegura que una forma eficaz de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la prevención. "Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos hospitalizaciones, menos tasa de dependencia...pero en España sólo legisla mirando el corto plazo", denuncia.
"La mayoría de afirmaciones sobre la eficiencia del modelo de concesión se lanzan sin datos que las avalen"
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaborado un completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró, también señala la falta de información como inconveniente. "La mayoría de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen. La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas", sentencia el documento. "No es que apenas existan datos sobre los "otros" hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]", añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) también señaló en un comunicado "la insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria" para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la eficiencia de la privatización. "No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones", insisten.
"Hay demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público de gestión privada funciona o no", denuncia también Repullo. "No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha compensado por el personal público que trabaja en concesionarias", detalla Repullo.
Repullo: "Si hay que recortar, mejor que lo hagan los profesionales" "Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas", resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los profesionales quienes digan de dónde. "Hay grasa y usarla para extraer energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso", metaforiza.
"EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial", resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.

Los contrainformes

Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.

Aun así,  la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público "son centros más pequeños", que tratan "pacientes de similar complejidad", "hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos en el uso de alternativas ambulatorias". Además, añaden, "son más eficientes, al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior". Pese a ello, concluyen, "obtienen buenos resultados de calidad científico-técnica".
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
No obstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. "A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos [los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus intereses con informes amañados que les favorecen", sentencia el presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle. 

 

Privatizar hospitales sale caro (I)

Privatizar hospitales sale caro (I)

Fuente Diario Público

Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo "público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010. 

  De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.

Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro. Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así, aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad habla por sí misma.
Los seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente, fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.
Y, además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió. 



CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo.
Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.
Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Por si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de  la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Asimismo, según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para contratar a una empresa externa que controlase el correcto funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.

Probando 'Alzira'

Además de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros, especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo.
Este pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2", destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas). Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi el 20% de media en dichas partidas.
CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privada Las empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades. 
Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además, que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada", detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.  
Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros
Ahora, la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que ser rescatado y mejorado.
Además, "lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.

El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?

A pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquetty no justifica con datos su estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP, por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada", detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:



En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.

 

 

16/2/13

El estrafalario discurso de Mariano Rajoy o lo que nos quedaba por escuchar de un presidente irresponsable

Las sandeces que dice aquí Mariano Rajoy, no tiene parangón conocido hasta ahora. Es un irresponsable que está dejando la marca España tanto fuera como dentro peor que un trapo sucio.
En el video se pueden ver las mentiras, incongruencias y estupideces comentadas. No se quien ha hecho el video. Si alguien lo sabe que me lo diga y lo pongo


15/2/13

Traducción de un artículo publicado en varios periódicos económicos alemanes, por Stefanie Claudia Müller

En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público ―234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011―, excluyendo la Seguridad Social ―23.000 millones―, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos ―un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes―, pensiones demasiado altas ―la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15― o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del
PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000 millones, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones,
equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista

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