Fuente Ruth Toledano El Diario.es
Acabamos el año con dos buenas noticias: una, la
admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid de
la querella presentada por Izquierda Unida contra la delegada del
Gobierno en esta ciudad, Cristina Cifuentes. Noticia, a su vez,
doblemente buena: por un lado, porque la responsable de los abusos
policiales vividos en Madrid en los últimos meses y de la violencia
desatada por los cuerpos de seguridad a su cargo es imputada a causa de
ello; por otro, porque supone que quedan jueces fiables, lo que
significa que todavía podemos confiar en que la Justicia se imparta, a
pesar de haber caído en las manos de un ministro, Ruiz-Gallardón, que ha
convertido la Justicia en algo que se recauda.
IU
acusó a Cristina Cifuentes de “un delito contra la Administración
pública por prevaricación”, además de otro delito de “falsedad
documental” y de “delitos contra la Constitución”. Y el Juzgado lo ha
admitido. Es decir, la delegada del Gobierno en Madrid pasa a ser
reconocida como una (presunta) delincuente. Y entre sus (presuntos)
delitos se encuentran algunos cometidos contra ciertos derechos, como el
de manifestación, refrendados por esa Constitución con la que tanto se
les llena, sin embargo, la boca cuando les conviene, en la línea
hipócrita de esas damas de hierro de una derecha sin principios, que
interpretan las realidades a su antojo: para otro clamoroso ejemplo, el
de Esperanza Aguirre, quien, al regreso de Ángel Carromero, condenado en
Cuba a cuatro años de prisión, ha declarado que el dirigente de Nuevas
Generaciones del PP no es un delincuente según las leyes españolas. Por
más que el homicidio imprudente sea, por supuesto, un delito en España.
Por más que haya sido cometido conduciendo borracho a mucha más
velocidad de la permitida y sin puntos en el carné. Por más que haya
costado la vida a dos personas. Rasero de barro, el de las damas de
hierro.
Cristina Cifuentes ha permitido que en 2012
el centro de Madrid se convirtiera en un campo de batalla, en un
escenario de disturbios que solo a ella, en nombre de los suyos,
interesaba. Con aviesa intención, la delegada ha pretendido demostrar
que las protestas en Madrid eran violentas, cuando la realidad ha sido
que la población madrileña ha reaccionado a los continuos ataques de su
Gobierno y de sus efectivos policiales con una resistencia encomiable y
hasta sorprendente en su moderación. Como bien ha declarado IU (el único
partido, por cierto, del arco parlamentario que ha levantado la voz
ante estos ataques), la manifestación contra los recortes del pasado 27
de octubre “se desarrolló en todo momento de forma pacífica”, pese a lo
cual “cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de
policía y obligadas a identificarse bajo la amenaza de que de no hacerlo
serían detenidas”. Cabe recordar la violencia policial sufrida el 25 y
el 26 de septiembre, con el claro objetivo por parte de la delegada de
que la protesta no siguiera siendo multitudinaria.
Obligar a manifestantes pacíficos a identificarse, como ha sucedido en
Madrid (y en otras ciudades con delegaciones del Gobierno de la misma
calaña represora, como Barcelona y su recolocado Felip Puig), apuntar su
filiación, multar con 500 euros su presencia en concentraciones y
manifestaciones, expedientar, es propio de regímenes autoritarios, está
más cerca de una dictadura que de una democracia. Hasta 300 personas han
recibido expedientes sancionadores por su participación en las
legítimas protestas; entre ellos, los diputados de IU Alberto Garzón y
Ricardo Sixto. Cifuentes ha pretendido criminalizar a los ciudadanos que
ejercían sus derechos constitucionales. Si la Justicia es justa, le
saldrá el tiro por la culata. Y se podrá dar con un canto en los
dientes: los ciudadanos, que nos defendemos con las únicas armas de la
voz y de la ley, corremos el riesgo de un balazo en el ojo.
No olvidemos que aún sigue en prisión preventiva el joven vallecano
Alfon, detenido en las inmediaciones de su domicilio el 14N, día de la
huelga general. No parece casualidad que Alfon pertenezca a la peña
rayista Bukaneros y que haya mostrado con ellos una pancarta en la que
se hacía alusión al paradero desconocido del marido de Cifuentes,
acusado de delitos económicos. Parece una medida vengativa, paramilitar,
mafiosa. Está claro que algo huele a podrido en la Delegación del
Gobierno en Madrid.
La otra buena noticia para
terminar el año viene de Islandia (un lugar que ha ejercido las veces de
mítico, y lejano, referente para nosotros): los exdirectores del banco
Glitnir, Larus Welding y Gudmundur Hjaltason, han sido condenados a
nueve meses de prisión por sus actuaciones bancarias, que derivaron en
la quiebra de la entidad. Hace unas semanas, el también islandés Kristin
Hrafnsson, portavoz de Wikileaks, visitó Madrid para participar en el
Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad
Animal. En su intervención, insistió en que la única manera de hacer
frente en la actualidad a los poderes políticos y económicos es seguir
saliendo a la calle, protestar, manifestarse, plantar cara, no tener
miedo. La Delegación del Gobierno, con su (presunta) delincuente a la
cabeza, insistirá a su vez en intimidarnos, en agredirnos, en
reprimirnos, en la línea fascistoide de lo que esta derecha llama
“regular”, “modular” los derechos de huelga y manifestación. Pero los
tiempos están cambiado, el sistema de banqueros culpables y de políticos
corruptos está siendo juzgado, y no debemos desfallecer: es la única
posibilidad de que los próximos que veamos en la cárcel no sean solo los
de Islandia.
Por eso, en términos
políticos, la felicidad que deseo para el 2013 es la de la fuerza, la de
la unión, la de la organización, la de la resistencia: la grandeza de
la política pequeña, es decir, la de los ciudadanos activos, valientes,
frente al abuso de poder y la indolencia de lo que Juan Carlos de Borbón
denominó, en su discursito navideño, “política grande”. La de los
políticos ladrones, mentirosos, delincuentes. Esa bajeza.
