Cree que, de no hacerlo, supondría aplicar "una justicia anacrónica", en favor de "los poderosos" y en contra de "os más débiles"
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Azpeitia ha decretado la suspensión de un desahucio de una
familia de su vivienda hasta que se establezca una nueva regulación
hipotecaria en España y haya una decisión definitiva del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley española.
A través de un auto emitido a finales de noviembre, al
que tuvo acceso Europa Press, el juez Israel Pérez Soto destaca que, de
no actuar así, supondría aplicar "una justicia anacrónica", en favor de
"los poderosos", que "han llevado a la actual crisis económica", y en
contra de "los más débiles".
El magistrado recuerda que, sobre los procesos
ejecutivos, la Abogacía General del TJUE el 8 de noviembre de 212
estableció que la normativa española sobre desahucios vulneraba la
normativa europea, Directiva 93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores", cuando éstos, ni en el procedimiento ejecutivo ni en el
judicial, "puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los
derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo, mediante una
resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa".
En este sentido, señala que esta cuestión "está pendiente
de su resolución definitiva, que supondría que los procesos ejecutivos
españoles, amparados en la Ley hipotecaria española actual y su
ejecución, vulneran la normativa europea".
De esta forma, subraya "las gravísimas consecuencias que
supondría para las ejecuciones ya realizadas o en trámite" que se
confirmara que la Ley del Estado español vulnera la normativa de la UE.
«Grave crisis social»
A ello, añade "la grave crisis social que está suponiendo
aplicar la legislación hipotecaria" en la actual situación de crisis
económica, ya que "ha supuesto gravísimas consecuencias personales, no
sólo materiales, para las personas a las que se les aplica la ley y que
suponen pérdidas irreparables".
El juez indica que todo ello "ha motivado que, en la
actualidad, "se esté pendiente de un cambio legislativo en la normativa
de la ejecución hipotecaria", que, junto al dictamen definitivo por el
Tribunal de la UE, "puede afectar de forma sustancial la legislación
hipotecaria y sus consecuencias".
El magistrado cree que "es necesario, en este momento",
suspender el proceso ejecutivo y el desahucio pendiente, "hasta esperar a
la nueva regulación hipotecaria definitiva y a la decisión definitiva
que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la
europea".
«Justicia anacrónica»
El auto judicial destaca que las leyes "deben ser
aplicadas de acuerdo a la realidad social actual". Para el juez, "en
este momento, no hacerlo, supondría aplicar una justicia anacrónica, de
espaldas a la sociedad" para actuar sólo en beneficio de "una de las
partes, la más poderosa, en perjuicio de los más débiles, que deben
soportar los excesos de los más poderosos", que han llevado "a la
presente situación de crisis económica".
Asimismo, indica que, de no decretar la suspensión,
supondría "un perjuicio irreparable para las personas y familias a las
que no se les podría aplicar las modificaciones legislativas que se van a
producir".
De esta forma, cree que hay que suspender el desahucio y,
"una vez establecida una nueva legislación, entonces, actuar conforme a
la misma". En esta línea, apunta que no puede "amparar el derecho la
situación de crisis social que está produciendo la actual legislación
hipotecaria que puede ser definitivamente afectada en su regulación por
el dictamen que se adopte en el TJUE", reitera.
Sin reparación posible
A su juicio, de procederse a este lanzamiento, "dadas las
gravísimas consecuencias materiales y personales que un desahucio
tiene", si se realizase sin esperar a una nueva regulación y la decisión
del Tribunal Europeo, "no tendría reparación posible".
En este sentido, asevera que la justicia y el derecho no
deben dar "la espalda" a todo esto porque, si no, los jueces se
convertirían "en meros aplicadores de una legislación de la cual no se
sabe si vulnera una legislación hipotecaria en el marco de la Unión
Europea". Contra la resolución judicial cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
Fuente: Diario Vasco http://www.diariovasco.com/20121214/local/juez-azpeitia-suspende-desahucio-201212141655.html
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