A la Iglesia ni tocarla, pero a la universidad pública sí. El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por el alcalde Carlos Negreira (PP), ha decidido cobrar a la institución académica, por primera vez en sus dos décadas de existencia, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De golpe y porrazo, en plena ola de protestas de rectores por los abultados recortes que asfixian los campus públicos,
quedó anulado el acuerdo por el que la universidad coruñesa estaba
hasta ahora exenta del pago de esta tasa en la capital provincial. Una
dispensa de la que siguen, sin embargo, gozando la mayor parte de los
campus españoles o las múltiples propiedades de la curia, sean o no de
uso religioso.
Por la vía de apremio le llegó al Rectorado el requerimiento del
Ayuntamiento coruñés para que ingrese sin dilaciones en las arcas
municipales 85.000 euros por los edificios que tiene repartidos en la
ciudad. Tan solo cuatro meses antes, el equipo de gobierno de Negreira
impidió que el pleno municipal debatiese la posibilidad de levantar
total o parcialmente la exención del IBI del que goza la Iglesia católica
desde el inicio de la democracia. Ante tanta premura, la Universidade
da Coruña pagó. Pero acordó al mismo tiempo recurrir por la vía
administrativa el pago de un impuesto del que hasta ahora siempre se
había librado. También en Ferrol, cuyo Ayuntamiento, al contrario del
coruñés, sí mantiene viva su decisión de no recaudar por las distintas
sedes del campus en esta ciudad departamental.
Y aunque dos leyes de rango estatal establecen la posibilidad de
dispensar a las universidades del pago del IBI, la disparidad de
criterios y de afán recaudatorio de las siete ciudades gallegas con
campus es llamativa. Santiago, en 2005 y Lugo, 2007 acordaron, tras años
de pleitos judiciales y estando ambas gobernadas por el PSOE, eximir de
ese impuesto a la Universidad compostelana —Lugo sólo le cobra el 5% de
lo que correspondería—. Ourense, también con alcalde socialista, se
sumó el año pasado y desde entonces libra de esa tasa a la institución
académica de Vigo. Pero ésta, sin embargo, es de las pocas universidades
de España que paga religiosamente el IBI por sus edificios en Vigo (con
alcalde del PSOE) y Pontevedra (regida por el BNG). Un recibo nada
desdeñable que, con la subida del IBI del 10% para este año, asciende en
total a 548.000 euros.
En la Ley Orgánica de Universidades se establece claramente la
exención de este impuesto municipal de bienes inmuebles. Aunque no es
una obligación legal para los Ayuntamientos. Son muchos los que, como el
de Lugo, prefieren aplicar a los edificios universitarios la ley
reguladora de las haciendas locales, que permite aplicar bonificaciones
de hasta el 95% a los centros dedicados a la enseñanza o la educación.
En el plan de sostenibilidad económica que la Xunta exigió a las tres
universidades gallegas, está recogida la exención del IBI que solo
pagaba, hasta ahora, la Universidade de Vigo.
Pero con el cambio de criterio de A Coruña, ya son mayoría las ciudades
gallegas, entre ellas dos de las tres que albergan las sedes centrales
de las universidades, que sí recaudan ese impuesto. En Vigo, ya hace
tiempo que el rectorado negocia, hasta ahora sin éxito alguno, con el
Ayuntamiento que preside el socialista Abel Caballero la exención de un
impuesto caro (más de medio millón de euros). Mientras Pontevedra
estudia dejar de recaudar los 33.000 euros anuales que cobra por sus
edificios universitarios, el caso de Vigo está ya en manos de los
tribunales. Aunque en el terreno judicial, la disparidad de sentencias
también es importante.
Fuente El Pais Galicia- http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/17/galicia/1355772243_910979.html
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