Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor
del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid
financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en
2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y
europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red
Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de
captación de fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma
así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de
2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de
Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha
dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor
de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por
más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al
informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito
electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en
falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo
anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los
responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito.
En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El
magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de
aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni
los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas
consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas
mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del
Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo
que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos
delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso
subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a
Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.
El
primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a
través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos
pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la
investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta
de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias
El
PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer
qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el
asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen
que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y
de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos
presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el
de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
Donaciones y contratos
El
informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario
Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de
tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como
receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de
Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y
los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón
de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300
millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de
esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al
intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces
una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000
euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el
todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual
presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos
la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la
entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en
aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se
celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.
La interlocución de la trama
El
informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de
un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en
dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a
su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces
tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y
la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de
ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La
situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la
segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
Fuente: https://www.fanzila.com/post/206717/?afu=7564
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