María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP a tiempo completo y Presidenta de Castilla-La Mancha cuando tiene un hueco, ha ordenado utilizar dinero público del gobierno regional para costear una querella privada que quiere interponer a Greenpeace por un informe en el que la entidad ecologista acusa a Cospedal de haber impulsado por intereses poco claros la desnaturalización de la ley de costas que ha efectuado el PP.
La organización ecologista, en su informe “Amnistía a la
destrucción”, señala, según la información facilitada en los medios
próximos a Cospedal, que la presidenta de Castilla la Mancha, y personas
de su entorno más cercano, tendrían intereses poco claros en el litoral
español, lo que se habría traducido en una ‘influencia’ sobre el
Ministerio de Agricultura para condicionar la redacción de la ley de
costas del PP de acuerdo con sus intereses.
En ningún momento se relaciona a la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, que como es sabido incluso por los dirigentes regionales del PP
no tiene acceso directo al mar, en dicho informe. Tampoco se habla para
nada de Cospedal como Presidenta regional, sino como dirigente político
del PP, con unos intereses determinados y un entorno familiar, también,
determinado.
Sin embargo, la factura por la demanda contra la supuesta intromisión
al honor de Cospedal, no la va a pagar la adinerada dirigente de la
derecha. Ni siquiera la va a pagar el partido político en el que milita.
La van a pagar todos los castellano manchegos, ya que Cospedal, para
estas cosas, sí prefiere ser Presidenta regional antes que secretaria
general.
Los servicios jurídicos de la Junta van a interponer esta demanda
contraGreenpeace porque además de la "falsedad" de las supuestas
conexiones de Cospedal con la modificación de dicha normativa, "éstas
han sido recogidas por diferentes medios de comunicación", añade.
"Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona",
indica el Gobierno regional, que añade que, por esta razón, la
presidenta regional ha ejercido su derecho de rectificación en dichos
medios.
En esta petición de rectificación a los medios, Cospedal les ha
advertido de que si perseveran en la publicación de esas informaciones
que atentan contra su honor también serán objeto de la interposición de
la pertinente demanda.
GREENPEACE SE REAFIRMA
La organización ha defendido que "el informe señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa", entre los que incluye al propio ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, por su paso como consejero por la inmobiliaria Bami Newco, creada desde la constructora Bami, de la que fue vicepresidente López de Hierro.
Además, la organización ecologista ha criticado que la presidenta de Castilla-La Mancha "inste a los medios de comunicación a retirar la información en la que se hacen eco del informe, como ha ocurrido --según esta organización-- con el envío de cartas por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades" firmadas por Cospedal "como particular".
Fuente: Diario Progresista
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