El Juzgado de Instrucción 18 de Madrid ha admitido a trámite la
querella, interpuesta por los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto,
contra la delegada del Gobierno en esa ciudad, Cristina Cifuentes, por
presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y delitos contra
la Constitución.
A salvo la presunción de inocencia, considero que concurren suficientes
elementos para considerar que la querellada ha incurrido en los delitos
denunciados . Veamos…
En qué consiste la prevaricación
Comete prevaricación, la persona que en su condición de autoridad o
funcionario público emite un acto o resolución arbitraria a sabiendas
de la injusticia del mismo
En este sentido, se acusa a Cristina Cifuentes de dictar a sabiendas
resoluciones injustas al imponer sanciones a quienes se manifiestan, por
más que la normativa no contempla sanción para esas conductas. También
se han practicado identificaciones masivas e indiscriminadas contra
quienes ejercían su derecho a manifestarse.
El pretexto se fundamenta en la ilegalidad de esas concentraciones. Esto
es falso. Una manifestación puede ser comunicada o no comunicada pero
solo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que
tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan
personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o
peligrosos (art. 513 del Código Penal)
Pero incluso en las manifestaciones ilegales la ley solo contempla la sanción de los organizadores.
Dado que resulta increíble que la delegada del Gobierno ignore este
aspecto, solo puede concluirse que dictó aquellas resoluciones a
sabiendas de su carácter injusto.
Identificar disidentes: práctica propia de una dictadura
En este sentido, bajo el pretexto aludido se viene desplegando por la
delegación del Gobierno un constante hostigamiento y amedrentamiento
contra el 15-M y movimientos análogos en forma de multas e
identificaciones masivas y/o arbitrarias.
Así, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen órdenes de
identificar masivamente a los ciudadanos en un marco de absoluta
arbitrariedad: esto no es una mera declaración de parte, sino que fue
declarado públicamente por el representante del Sindicato SIPE el pasado
17 de noviembre y con ocasión de la celebración de una manifestación de
este colectivo policial.
Como establece el cuerpo de la querella: “En relación a las palabras
pronunciadas por el representante de los agentes de policía sobre que se
está forzando a los agentes a realizar identificaciones arbitrarias, la
Sra. Cifuentes ha admitido públicamente la existencia de un listado de
supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual.
Así, Cristina Cifuentes indicó, en una entrevista concedida al programa
‘El Círculo’ de Telemadrid el día 30 de agosto de 2012, que tenía una
lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000
disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en
Madrid.
La cifra reseñada debe haberse incrementado notablemente en los últimos
meses. Dicha práctica de identificación masiva de los supuestos
disidentes políticos, práctica especialmente habitual en la Comunidad de
Madrid desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo el 16 de
enero de 2012, vendría a conculcar el ejercicio del derecho fundamental a
la intimidad personal y el derecho fundamental a la interdicción de
obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos
quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas
políticas, pasarían a formar parte de un listado de personas que
controla la Delegación del Gobierno y cuyo paradero se desconoce.”.
Solo cabe preguntarse: ¿Qué ocurriría si un Gobierno socialista
identificara a todos los asistentes a las misas o cualquier otro acto
religioso? Aunque resulte chocante, salvo las diferencias meramente
formales, nos encontramos ante hechos idénticos.
El nauseabundo olor de las alcantarillas del Estado
No nos engañemos, la imposición de sanciones por hechos que la ley no
contempla, así como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la
confección de listas negras de disidentes conforman la materia prima de
cualquier dictadura.
Con esos materiales se acosa y se intenta amedrentar las protestas
sociales que no se pueden domesticar y que, por tanto, preocupan al
poder real. Es decir, a los grandes consorcios financieros, energéticos,
bancarios…
Esta clase de protestas alarman a esos grandes poderes ya que los
ciudadanos comienzan a comprender que deben unirse, organizarse y no
aguantar impasibles que les roben. Por más que el saqueo se disfrace de
legalidad.
Aquel actuar pestilente, por lo demás, no es original. En EEUU acaban de
destaparse las actuaciones ilegales del Estado contra Ocupa Wall
Street. Y nuestra historia, por otra parte, resulta pródiga en montajes
policiales, quebrantos de la legalidad y hasta crímenes de Estado.
Ojalá me equivoque, pero sobrecoge pensar hasta donde están dispuestos a
llegar los guardianes de las alcantarillas del Estado cuando un grupo
organizado de “disidentes” comienza a concienciar sobre el ciclópeo
tejemaje de intereses inconfesables que se esconde tras meras
formalidades democráticas.
En mi opinión, confirmada por la historia, desde las aguas fecales de
cualquier Gobierno, se estaría dispuesto a todo. Absolutamente a todo.
No se frenarían a la hora de vulnerar la ley que hipócritamente aseguran
defender. Incluido cualquiera, absolutamente cualquiera, de los
preceptos del Código Penal.
Por eso resulta vital para nuestro bienestar y libertades investigar y
depurar las (presuntas) ilegalidades de los gobernantes de turno
Fuente: Diario Progresista
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